Tanto las autonomías gobernadas por el Partido Popular como la dirección de Alberto Núñez Feijóo avalan volver a ceder competencias si se repiten episodios como el que aún se vive en la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Así lo corroboran las fuentes consultadas tanto en las comunidades implicadas en la declaración de emergencia nacional como aquellas que no lo han hecho, pero no cierran esa puerta en caso extremo. “Ha salido bien”, aseguran las partes implicadas.
Si el año pasado, las comunidades con fuegos activos se ponían al frente de los operativos de emergencia en solitario y denunciaban la falta de ayuda por parte de Moncloa; este año, ante la voracidad de las llamas, no han dudado en pedir el mando único al Gobierno central. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que el pasado jueves por la noche pidió al Gobierno la declaración de la Emergencia Nacional. “Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid”, sentenció. Se unieron también Castilla y León y Castilla-La Mancha.
“Ha salido bien, está funcionando bien”, bendicen desde estos gobiernos autonómicos, aún con la crisis sin resolver del todo. Otras regiones también admiten que darían el paso en caso de ser necesario y la propia Génova -esto es, AlbertoNúñez Feijóo– reivindican trabajar “unidos” y “coordinados”.
No hay comparación con el año pasado en la “coordinación” e “implicación” del Ejecutivo, según fuentes autonómicas. “El Ejército prácticamente no vino el año pasado y ahora sí. Se nota que hay más medios”, incide un presidente autonómico. “A ver en cuánto consiguen dejar el Gobierno perimetrados los incendios”, dicen con cierta ironía desde una de las comunidades que el año pasado sentían falta de ayuda por parte de Moncloa. Precisamente, el Ejecutivo, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, siempre ha acusado a las comunidades de “no saber gestionar”.
Ahora, se trabaja “de manera conjunta”. Eso sí, reconocen, “quien acaba decidiendo y, por tanto, teniendo la responsabilidad última” es el Gobierno. “No estamos todo el rato en el foco, ahora compartimos responsabilidades y también el propio desgaste”, valoran las fuentes consultadas.
Las comunidades se preparan para el trabajo de recuperación. Reuniones con los alcaldes, visitas a los vecinos, extensión de ayudas económicas, gestionar los retornos de los vecinos que han tenido que salir de sus casas… “Dar la cara”, defienden. En este sentido, durante la emergencia, a quien en las comunidades ven más “tocado” es al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último del mando único.
Prevén un verano duro
Así, desde las autonomías siguen emplazando a la tregua política que ya da síntomas de agotamiento. “Todavía no ha terminado este infierno. Nos queda todo agosto”, coinciden distintos presidentes autonómicos consultados por Artículo14. “Afortunadamente nada de lo que había que gestionar dependía del ministro Puente”, ironizaba uno de ellos. En el PP creen que el Gobierno busca que la coordinación se extienda. “Sánchez por fin se ha dado cuenta de que no hay que hacer política con los incendios”, se oye desde una comunidad.
Si bien, en Madrid la tensión empieza a palparse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance fin de curso volvió a urgir al PP a firmar un pacto de Estado, pero descartó llamar a Alberto Núñez Feijóo para acercar posiciones. “La pregunta es: ¿qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo central?”, despachó.
Desde la oposición tampoco esperan llamadas ni piensan descolgar el teléfono. Tal y como publicó Artículo14, la comunicación entre ambos líderes políticas es nula pese a la mayor crisis de los incendios en España, y Sánchez y Feijóo llevan un año y cuatro meses sin hablar.
En síntesis, la idea de firmar un pacto de Estado contra el cambio climático tampoco está entre los objetivos del PP. En las comunidades insisten que lo que se necesita es un plan de Emergencias. Precisamente, hace un año, Feijóo presentó uno con medio centenar de medidas similares a las que Sánchez engloba dentro del pacto contra el cambio climático.
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