La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó este lunes al juzgado del que es titular Juan Carlos Peinado una autorización para realizar un viaje al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, así como la devolución temporal de su pasaporte para poder realizar ese desplazamiento.
Una parte de dicho viaje tiene carácter oficial, ya que Gómez acompañaría a Pedro Sánchez como componente de la delegación española a la 36ª Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), “a la que ha sido invitada en calidad de esposa del líder del Ejecutivo”, según señala su defensa en el escrito presentado este lunes. Esta cumbre se desarrollará entre el 7 y el 8 de julio. El regreso, por su parte, se realizaría en un avión comercial desde Londres, ya que ahí asistiría a la graduación de una de sus hijas.
Asimismo, el equipo legal de Gómez argumenta que durante todo el desplazamiento estaría acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización, y precisa que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sería devuelto al juzgado el siguiente día hábil.
Cabe recordar que el instructor del caso judicial que involucra a la mujer del presidente del Gobierno le impuso a ella y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, varias medidas cautelares: la entrega del pasaporte -que ambas hicieron efectiva la semana pasada-, les impidió salir del territorio nacional sin previa autorización judicial y les obligó a fichar en sede judicial dos veces al mes.
La posible “fuga” de Begoña Gómez
Para justificar la imposición de estas medidas cautelares, el juez Peinado explicó en la resolución dictada del pasado sábado día 20 que si el caso llegara a una fase de enjuiciamiento, y la misma finalizara con una sentencia condenatoria, esta se traduciría en una pena mínima de dos años. “No cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas”, añadió. Sin embargo, debido a que las penas de prisión han sido establecidas “en abstracto” por el instructor, también cabría la posibilidad de que la pena mínima fuera de dos años y seis meses, lo cual imposibilitaría suspender la ejecución de la futurible pena privativa de libertad, “dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario”. Es debido a ello, añadió el juez, que las investigadas podrían tratar de “eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga”, el cual “se trata de evitar” con la adopción de las medidas cautelares.
Peinado, que atribuye a Gómez y a Álvarez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, también respondió en el auto del sábado día 20 al abogado de la mujer del líder del Ejecutivo. Este letrado dijo que el hecho de ser la esposa del actual presidente del Gobierno implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual reduce el riesgo de evasión. Sin embargo, el magistrado lo interpretó de una manera totalmente diferente: “Lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
Lo “especialmente trascendente” para el juez fue que debido a que el cargo de su esposo, actual líder del Ejecutivo, es algo “efímero y transitorio”, esa protección o acompañamiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “desaparecería, lo que facilitaría aún más esa hipotética fuga”. Respecto a Álvarez, “que ha venido actuando en calidad de asistente de la anterior acusada, María Begoña Gómez Fernández, y con estrecha vinculación personal y acompañando a la misma, así como coordinando todas sus actividades, dispone de una situación similar a ella”, disponiendo “de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia”, añadió.
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