El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez este miércoles a las 18 horas para le haga entrega del pasaporte expedido a su nombre, y ha añadido: “Debiendo comunicar a este Juzgado si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad”, lo que sugiere que sospecha que puede tener pasaporte diplomático o de otra nacionalidad, el caso de República Dominicana.
Manos Limpias ya reclamó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investigara si la mujer de Pedro Sánchez había obtenido la nacionalidad dominicana, como afirmó Víctor de Aldama en una entrevista en octubre. El juez declinó hacerlo, igual que venía haciéndolo con peticiones de las acusaciones populares de retirárselo.
Además de las declaraciones de Aldama, el juez tiene más elementos de sospecha. Gómez se ha venido negando a facilitar su pasaporte cuando Peinado lo ha reclamado, junto con el de su asesora, Cristina Álvarez, para cotejar si realizaron juntas viajes relacionados con la Cátedra de la UCM. A lo que se añade que la República Dominicana suele negarse a proporcionar información de este tipo.
Con todo, Peinado sólo se había interesado hasta ahora por los viajes de Gómez y su asesora en el contexto de sus averiguaciones sobre la Cátedra, pero había rechazado retirarle el pasaporte o indagar si posee otros. Argumentaba que no era el momento.
Finalmente el requerimiento del pasaporte ha sido la medida cautelar más polémica del auto de procesamiento que se conoció el pasado sábado.
Recurso de queja pero acudirá a entregarlo
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra las cautelares porque argumenta que el auto dice que no admite recurso.
Fuentes gubernamentales han trasladado este martes que Gómez acudirá este miércoles al Juzgado a entregar su pasaporte. Su asesora se ha adelantado y lo ha hecho este martes.
La Audiencia se inclina por devolverle el pasaporte
La Audiencia Provincial se muestra favorable a estimar el recurso de Gómez contra las medidas cautelares, según ha desvelado Artículo14. Fuentes próximas al tribunal consideran que mantener esa restricción sería “un disparate” y anticipan que la decisión podría ser corregida en segunda instancia.
No obstante, la esposa de Pedro Sánchez deberá acudir, salvo cambio de última hora, al Juzgado. El procedimiento exige la presentación formal del recurso y su posterior tramitación, por lo que cualquier revocación de las medidas no será inmediata.
En caso de seguir el cauce ordinario, el recurso podría prolongarse durante buena parte del mes de julio e incluso quedar pendiente de resolución hasta después del periodo vacacional.
Las medidas cautelares incluidas en el auto de apertura de juicio oral comprenden, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante el Juzgado. Estas comparecencias deberán realizarse específicamente en el Juzgado de Instrucción 41, ubicado en Plaza de Castilla, y no podrán sustituirse por presentaciones en otros órganos judiciales.
La controversia por la escolta policial
La asociación HazteOír, personada en la causa como acusación popular, había solicitado precisamente la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica de Gómez ante el juzgado.
La medida ha generado una intensa polémica por la argumentación empleada por el magistrado. Durante la vista, la defensa sostuvo que la existencia de una escolta permanente reducía cualquier riesgo de fuga. Sin embargo, el juez rechazó ese planteamiento y llegó a sostener que los propios agentes podrían facilitar una eventual salida de España.
En su resolución afirma que “no cabe duda” de que dichos funcionarios podrían actuar “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” para colaborar en actuaciones destinadas a hacer imposible que la acusada permanezca a disposición de la Justicia.
Estas afirmaciones provocaron una inmediata reacción política. Desde el Gobierno se cuestionó duramente el razonamiento empleado por el instructor y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su “más enérgica queja” por lo que consideró un grave cuestionamiento de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La controversia ha llegado también al órgano de gobierno de los jueces. Perelló impulsó este lunes una propuesta para abrir expediente al magistrado, iniciativa que salió adelante gracias a su voto de calidad.
Cuatro delitos y hasta 17 años de condena
El juez Peinado ha acordado la apertura de juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La suma de las penas asociadas a estos delitos podría alcanzar los 17 años de prisión.
En el procedimiento también serán juzgados Cristina Álvarez, por los mismos hechos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
A lo largo de las 84 páginas de su auto, el magistrado sostiene que Gómez aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar de forma “inmediata”, “significativa” y “radical” su trayectoria profesional tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Asimismo, considera acreditado que utilizó a una asesora contratada por Presidencia del Gobierno para realizar actividades vinculadas a sus proyectos privados.
La resolución también analiza la gestión del software desarrollado en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid. Según el juez, aunque inicialmente se valoró canalizar su protección a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), finalmente Gómez habría optado por apropiarse del proyecto, un proceso que, según el instructor, culminó en los meses previos a las elecciones generales.
Peinado aprecia además la existencia de una estrategia empresarial vinculada a la creación de una sociedad privada con la misma denominación y objetivos que la cátedra universitaria. Dicha mercantil, de la que Gómez poseía la totalidad del capital, fue constituida coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. A juicio del magistrado, únicamente la apertura de la investigación judicial en abril de 2024 impidió que esa iniciativa siguiera desarrollándose.
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