La entrevista al presidente Sánchez en TVE, la desclasificación de documentos relativos a Ceuta… La sucesión de movimientos por parte del Ejecutivo esta semana ha reabierto unas heridas dentro del CNI que se remontan a una cadena de desencuentros entre Defensa, Inteligencia y Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Según informan fuentes cercanas a Inteligencia, entre los agentes no ha sentado nada bien la estrategia que ha seguido el Ejecutivo de Sánchez para explicar la gestión del Gobierno de cara a la crisis migratoria. El presidente sostuvo el martes que el Estado debe reforzar su preparación frente a ataques híbridos como el ocurrido en Ceuta, y pidió a los espías una mayor “anticipación” y “prevención”, ajustándose más al entorno digital, para evitar que se repitan crisis migratorias similares sin previo aviso.
Horas después, el Gobierno hizo pública la desclasificación de los informes del CNI. En uno de los documentos, se aporta una conversación en la que agentes de Inteligencia informaron de que, unas 180.000 personas, seguían la convocatoria en redes sociales, además del aviso de la llegada de los inmigrantes aprovechando la Fiesta del Trono. Pese a esto, Moncloa filtró un mensaje en nombre del CNI: “La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30″.
La estrategia de Sánchez en la desclasificación parcial de los documentos siguió la línea argumentativa de transmitir que no hubo informe y que se hizo a través de “un WhatsApp ambiguo” enviado a “un cargo menor” y no lo elevó a instancias superiores. “El menoscabo a su trabajo desde que estallara la crisis ha generado un gran malestar”, afirman. “Y los últimos movimientos lo han acrecentado”.
Un choque que viene de lejos
La fama de “verso libre” que recae sobre la ministra de Defensa le ha llevado a algunos enfrentamientos. La crisis de Ceuta ha escenificado un choque de versiones sobre los hechos con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero la telaraña de tensiones se extiende al ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Robles es una ministra con peso. Magistrada del Tribunal Supremo entre 2004 y 2016 y vocal del CGPJ (2008-2013), llegó al Congreso en 2016 y es ministra de Defensa desde junio de 2018, la cartera más estable del sanchismo. Pero su carrera política no se reduce a la era sanchista, sino que la ministra de Defensa ha sido subsecretaria de Justicia entre 1993 y 1994, bajo los gobiernos socialistas, secretaria de Estado de Interior entre los años 1994 y 1996, bajo gobierno de Felipe González, vocal del CGPJ, así como portavoz socialista en el Congreso en 2017/18.
Pese a ser acusada por sus propios compañeros de “ir por libre”, Sánchez mantiene a la ministra de Defensa, quien se estrenó en su cartera en 2018 ganando un pulso al titular de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Robles quiso que el CNI dependiera de Defensa para que no tuviera un carácter político y colocó a una persona de su confianza, Paz Esteban. Esta cesión no sentó bien a Bolaños.
El punto de partida de este reordenamiento fue el escándalo de espionaje conocido como caso Pegasus, destapado en 2022, cuando se reveló que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la propia Robles, de otros ministros y políticos secesionistas catalanes, habían sido infectados con ese software espía. La crisis política que siguió, unida a las tensiones diplomáticas con Marruecos, precipitó la salida de Paz Esteban, para apaciguar los ánimos de los socios independentistas también espiados. Este gesto fue interpretado como un pulso perdido con Bolaños, entonces secretario general de Presidencia.
Casteleiro, el alter ego de la ministra
Robles aprovechó el momento para colocar al frente del organismo a alguien de su total confianza: Esperanza Casteleiro, que había sido su jefa de gabinete y, después, secretaria de Estado de Defensa. El nombramiento se formalizó el 10 de mayo de 2022 en el Consejo de Ministros, y Casteleiro tomó posesión un día después. La mujer de máxima confianza de la ministra es definida por quienes la definen como su alter ego. Además de una persona “muy experimentada profesionalmente”.
Una carrera forjada dentro de la “Casa”
Casteleiro no era una recién llegada al mundo del espionaje. Nacida en Madrid en 1956 y licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense, ingresó en 1983 en el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), precursor del CNI. Allí desarrolló casi toda su trayectoria profesional, con destinos en el exterior —entre ellos Cuba y Portugal— y responsabilidades crecientes, hasta ser nombrada en 2004 secretaria general del CNI, el segundo puesto más alto del organismo, cargo que mantuvo hasta 2008.
Tras años en misiones de inteligencia exterior, en 2014 asumió la jefatura de la unidad de inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), puesto que ocupó hasta 2018, cuando el desembarco de Robles en Defensa la llevó a convertirse en directora de su gabinete y, más tarde, en secretaria de Estado de Defensa entre 2020 y 2022.
Un objetivo de largo recorrido: desligar el CNI de Presidencia
Más allá de los nombramientos, el otro gran empeño de Robles ha sido modificar la dependencia orgánica del CNI. Desde que llegó a Defensa en 2018, ha reclamado insistentemente que el centro dejara de depender de Presidencia del Gobierno, convencida de que esa vinculación directa con Moncloa lo exponía a un mayor control político y a decisiones ajenas a criterios estrictamente técnicos. Con el tiempo, logró avanzar en ese objetivo, lo que obligó a reorganizar la estructura del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fortalecido en paralelo dentro del propio Ministerio de Defensa.
Una estrategia muy cuestionada
Fuentes cercanas al CNI, además, ex altos cargos que trabajaron en Inteligencia, sostienen que el argumentario del Gobierno cae en saco roto. “La función de los Servicios de Inteligencia es de asesoramiento”, afirman. “La decisión final es del Gobierno. No pueden hacer razonamientos como que el CNI no insistió”, afirman. “Lo que ha quedado claro es que hubo una externalización de la protección de las fronteras”. Tampoco ocultan su sorpresa en cuanto a la crítica de que no hubo informes, sino conversaciones fallidas vía Whatsapp, desde el momento en que aseguran que una alerta no se hace a través de un informe. Primero, por la urgencia. Si hay una amenaza de un asalto masivo de inmigrantes, no se puede elaborar un informe, básicamente porque no hay tiempo. Y, segundo, para evitar que se filtren informaciones por una razón de seguridad nacional.
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