La regularización extraordinaria que Podemos y Sumar lograron imponer en la negociación con el Gobierno nació como una “medida social”, pero ha terminado convirtiéndose en un desafío operativo para las unidades de Extranjería. El acuerdo político -cerrado tras semanas de presión parlamentaria y con el Ejecutivo necesitado de apoyos- abrió la puerta a un proceso masivo de regularizaciones del que sindicatos policiales alertaron por el riesgo de convertirse en un “coladero”, especialmente si no se reforzaban los controles documentales y se dejaba fuera a la Policía Nacional de la fase inicial.
Ese temor se materializó en cuestión de semanas. El aumento explosivo de denuncias por pérdida de pasaporte entre ciudadanos pakistaníes y argelinos encendió todas las alarmas en las unidades de Extranjería. Y es que, en un breve periodo de tiempo las denuncias de pakistaníes por “robo o extravío” de documentación se dispararon hasta un 866%, mientras que entre los argelinos el incremento alcanza el 356%. Para la Policía Nacional, no se trata de un fenómeno espontáneo ni de una coincidencia estadística sino que, advierten de que detrás hay un patrón idéntico que se repite en varias comisarias y un mismo objetivo: acreditar una presencia previa en España para beneficiarse del proceso.
Según fuentes policiales, la mecánica es siempre la misma: denunciar que el pasaporte se perdió meses atrás -octubre o noviembre de 2025- para encajar en el corte temporal fijado por el Gobierno. Los agentes sostienen que esta práctica está siendo promovida por intermediarios, abogados y redes mafiosas que han difundido instrucciones idénticas entre migrantes recién llegados y que, incluso, a buen seguro, se estaría haciendo a cambio de una cuantía de dinero. “No es casualidad que cientos de personas de los mismos países denuncien exactamente lo mismo”, explican.
Con delitos, pero sin condena
El fraude documental es solo una parte del problema. El diseño del proceso exige carecer de antecedentes penales firmes, pero deja fuera los antecedentes policiales, que incluyen detenciones, investigaciones abiertas y hechos graves aún no juzgados. Esto permite que investigados por delitos graves, incluidos agresores sexuales en prisión provisional, puedan solicitar la regularización al no existir todavía una sentencia firme. “Una persona puede haber sido detenida 20, 50 o 100 veces y seguir apareciendo limpia en el certificado penal”, señalan agentes de Extranjería.
De hecho, la regularización entró en las cárceles y, para la Policía, ese es el riesgo añadido que nadie había previsto. Instituciones Penitenciarias reactivó la difusión del proceso y algunos centros colocaron carteles informando a los internos preventivos en situación irregular de que pueden acogerse a la medida. Las cárceles recibieron así instrucciones desde Interior para ayudar a los reclusos -sin condena firme y, por tanto, con la presunción de inocencia intacta- a tramitar la documentación. Para los funcionarios de Prisiones y para la Policía, el efecto es doble pues por un lado, se facilita el acceso a la regularización a perfiles que en otros escenarios estarían en el circuito de expulsión; por otro, se dificulta aún más la deportación futura, porque la residencia legal refuerza el arraigo que los jueces deben valorar antes de acordar una expulsión. “Complica todo el sistema”, recalcan sindicatos policiales.
A este escenario se suma un factor que afecta directamente a la seguridad: la imposibilidad de expulsar a ciudadanos argelinos con órdenes de deportación. Desde que Pedro Sánchez alineó la posición española con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, Argelia mantiene bloqueada la cooperación en materia de repatriaciones. “Con los argelinos no se puede hacer nada en cuanto a expulsión”, explican fuentes policiales. Aunque se tramite el expediente y la Delegación del Gobierno autorice la deportación, Argelia no admite los vuelos, lo que obliga a España a devolverlos. El resultado es que muchos detenidos reinciden una y otra vez sin que el procedimiento tenga efecto alguno.
El contexto internacional añade una presión que Extranjería no puede ignorar. Marruecos ha concedido recientemente 1.200 indultos con motivo del fin del Ramadán, diecinueve de ellos a condenados por “extremismo y terrorismo”, y una parte de esos excarcelados buscará previsiblemente salir del país. España, tradicional punto de llegada para muchos de estos perfiles, vuelve a situarse en la ruta de destino, lo que incrementa la preocupación policial en pleno proceso de regularización. Para los agentes, este escenario supone un riesgo añadido para España y para toda la frontera sur de Europa pues con la regularización han comenzado también a llegar de Francia y Reino Unido para asegurarse la legalidad europea.
Sindicatos policiales consultados ven todo un cóctel de riesgos donde recuerdan que, “advertir de esto no es alarmismo, es responsabilidad institucional”.
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