A las doce de la noche del 30 de junio se cerrará una de las ventanillas administrativas más polémicas que ha abierto España en los últimos años. Termina oficialmente el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno. Pero lo que realmente concluirá será la oportunidad de salir de la invisibilidad para cientos de miles de personas que llevaban años viviendo en España.
La regularización nació con una previsión mal calculada. El Ejecutivo anunció que podrían acogerse al procedimiento unas 500.000 personas. Tres meses después, la realidad ha pulverizado los pronósticos. Las solicitudes se acercan al millón a punto del cierre definitivo. Las cifras son tan elevadas que han terminado convirtiendo el proceso en una especie de censo de la inmigración irregular en España. ¿Cómo pudo el país vivir de espaldas durante años a una población de semejante tamaño?
Detrás de cada expediente hay una historia parecida. Personas que trabajan, pagan alquileres, consumen, escolarizan a sus hijos, utilizan el transporte público y cubren algunos sectores de la economía, pero cuya situación administrativa las mantenía atrapadas en una zona gris.
La paciencia de Deximar
La historia de Deximar Pérez ayuda a comprender mejor qué significa esa invisibilidad. Cuando Artículo 14 habló con ella en enero, esta venezolana se encontraba en uno de esos laberintos burocráticos que conocen bien quienes llegan a España con una maleta llena de títulos académicos y otra llena de incertidumbre. Había emigrado junto a su marido, un hijo pequeño y otro en camino. Como tantas otras familias latinoamericanas, habían apostado por España como un lugar donde reconstruir una vida que en Venezuela se había vuelto cada vez más difícil.
La regularización extraordinaria aparecía entonces como una oportunidad inesperada, pero fue el inicio de una carrera de obstáculos que aún no ha terminado. “Conseguir información fiable no fue sencillo. No nos daban citas y los trámites generaban confusión”, nos explica ahora. La presión aumentó a medida que avanzaron las semanas y miles de personas como ella y su marido intentaban acceder al mismo procedimiento.
Finalmente, la familia consiguió presentar la solicitud. Lo hizo pagando. “Un abogado nos cobró 400 euros por tramitar el expediente familiar. Más tarde descubrimos que varias ONG estaban realizando exactamente el mismo procedimiento de forma gratuita. Sin embargo, no nos podemos quejar. He conocido familias que han pagado 400 euros por persona e incluso mucho más”, dice. A Artículo 14 han ido llegando historias como la que relata Deximar. Aprovechando el cuello de botella creado en las oficinas, ha aparecido una legión de gestores, intermediarios y profesionales que han encontrado en la desesperación burocrática una fuente de negocio. Algunas organizaciones sociales han denunciado la venta irregular de citas y el cobro de cantidades desproporcionadas por trámites relativamente sencillos.
Para quienes esperan desde la incertidumbre, cualquier ayuda parece poca. Ahora esta familia venezolana, que asiste desde la distancia a la tragedia que vive su país a causa de los terremotos -aunque han verificado que sus seres queridos se encuentran bien-, lleva aproximadamente un mes aguardando la resolución definitiva. “La espera continúa. Pero ya no se parece a la espera de hace unos meses. Entonces nos dominaba la angustia. Hoy la fe en Dios. Mi marido tiene prácticamente preparada toda la documentación necesaria para homologar su título de Medicina. En cuanto obtenga la documentación definitiva y el NIF correspondiente podrá completar los trámites y comenzar a buscar empleo en el sistema sanitario español”.
España necesita médicos, aunque aún tendrá que esperar para ejercer la profesión para la que fue formado. Deximar también mira hacia delante. “En Venezuela trabajaba como técnica de laboratorio y confío en poder reincorporarse a un empleo similar. Antes quiero completar formación online para actualizar conocimientos y mejorar mis posibilidades laborales”. Aunque los adultos vivan suspendidos en este limbo administrativo, sus hijos siguen creciendo y están escolarizados. “Estamos esperanzados”, resume. Historias como la de Deximar se repiten por todo el país.
El debate político
Las asociaciones de inmigrantes ya dijeron que las cifras oficiales infravaloraban el tamaño real de la población irregular. Las más de 900.000 solicitudes parecen respaldar esa tesis y la magnitud del proceso ha reabierto también un intenso debate en la política española. Para el Gobierno, la regularización constituye una respuesta pragmática a una situación ya existente. Su argumento central es que estas personas ya viven y trabajan en España. Regularizar su situación permite aflorar empleo, aumentar cotizaciones, reducir economía sumergida y reforzar derechos y obligaciones.
Pero la oposición interpreta el fenómeno de manera muy distinta. El PP ha cuestionado la planificación de la medida y ha criticado la falta de capacidad administrativa para absorber un volumen tan elevado de solicitudes. Los populares sostienen que el Ejecutivo ha improvisado parte del proceso y que la avalancha de expedientes demuestra que no existía una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias. También han advertido sobre el impacto que una operación de estas dimensiones puede tener sobre servicios públicos ya tensionados en determinadas comunidades autónomas.
Vox, por su parte, ha convertido la regularización en uno de sus principales frentes de ataque al Gobierno. La formación de Santiago Abascal considera que medidas de este tipo transmiten al exterior el mensaje de que la permanencia irregular en España acaba siendo recompensada. Según Vox, la puede actuar como un incentivo para nuevas llegadas y contribuir a incrementar la presión sobre la vivienda, los servicios públicos y la seguridad ciudadana.
Todos coinciden en que España albergaba una bolsa de inmigración irregular mucho mayor de la que reflejaban las previsiones oficiales. Para la derecha, evidencia el fracaso de las políticas migratorias de los últimos años. La regularización también ha terminado convirtiéndose en una prueba de estrés para la Administración. Las oficinas se han visto desbordadas y los expedientes, como el de Deximar y su familia, se acumulan.
Cuando el plazo expire, habrá que comprobar cuántas solicitudes son finalmente aprobadas, cuántos profesionales logran homologar sus títulos, cuántos trabajadores abandonan la economía sumergida y cuántos nuevos cotizantes incorpora el sistema.
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