Después de siete meses en España, Deximar Pérez, venezolana de 25 años y madre de dos hijos, uno nacido en diciembre en nuestro país, es candidata a legalizar su situación gracias al Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el martes 27 de enero. Hablamos con ella unas horas después de anunciarse esta medida y nos confesó su confianza en no topar con la misma burocracia que obstaculizó su petición de asilo desde que aterrizó en España, en junio de 2025. Entre ellos, la exigencia de un gestor que se comprometía a agilizar los trámites a cambio de 500 euros.
Alrededor de medio millón de inmigrantes en situación irregular se podrán beneficiar del decreto. El 51% son mujeres. No obstante, según el centro de análisis Funcas esta población de personas que no han superado los trámites de administrativos sube a 840.000. El 17,2% de la población extranjera que vive en España. En el caso de las mujeres, la mayoría son jóvenes trabajadoras en condiciones precarias que se dedican al cuidado de personas dependientes, hostelería y servicio doméstico. Es decir, sectores con alta demanda de mano de obra femenina poco cualificada. En la Fundación Madrina nos explican que muchas de ellas tienen hijos menores, que serán regularizados de manera simultánea con permisos de cinco años. Unos 100.000 hombres y mujeres han sido, como Deximar, solicitantes de asilo.
Los trámites se inician en abril de 2026 y se extenderán hasta el 30 de junio. Desde el primer día, estas mujeres obtendrán una autorización provisional para trabajar legalmente en cualquier sector, acceso a sanidad y cotización a la Seguridad Social. Deximar, por ejemplo, acreditará que reside en el municipio toledano Chozas de Canales desde hace más de cinco meses con empadronamiento de sus hijos, historial médico, informes de su segundo parto, etc. Carece, tal y como exige la normativa, de antecedentes penales y pagará la tasa correspondiente. Una vez que consiga un contrato de trabajo, se sumará a ese 16% de los afiliados a la Seguridad Social que son extranjeros. No podrá, sin embargo, votar en las elecciones generales.
La nueva cara de la inmigración irregular
El perfil de esta venezolana es el reflejo de uno de los cambios más importantes que han ocurrido en los flujos migratorios en las últimas décadas: su feminización. Fue un fenómeno que ya se observó en los últimos años del siglo XX. Entre 1991 y 2001, la inmigración femenina aumentó un 417%, un crecimiento que se ha ido manteniendo. En el último quinquenio (2021-2025), España ha recibido entre 300.000 y 400.000 mujeres, según datos del INE. A pesar de esta representación, solo suponen el 43,2% de afiliación extranjera a la Seguridad Social. Proceden, sobre todo, de Marruecos, Colombia, Venezuela y Rumanía.
Aunque la cifra exacta es difícil de precisar, se estima que al menos 250.000 residen en situación irregular. Una investigación de la Fundación Por Causa dibujó su perfil de acuerdo con estas características: 30 años y con pasaporte colombiano, venezolano u hondureño. Según sus datos, representan el 55% de la inmigración irregular y cuatro de cada cinco es menor de 40 años. El sector doméstico acapara la mayor concentración de las trabajadoras en situación irregular, con condiciones laborales inestables, salarios bajos y sin protección legal. Viven de alquiler, a menudo en habitaciones compartiendo piso con otras familias, como nos cuenta Sofía Muiño, una madre paraguaya de 21 años que paga 500 euros mensuales en el barrio madrileño Ciudad de los Ángeles.
Su situación contrasta con esta otra información que aporta un informe sobre la realidad migratoria en España elaborado por el Consejo Económico y Social (CES): ocho de cada diez personas llegadas a España en los últimos años se han incorporado a la población activa. En total, más de 3,1 millones de personas extranjeras trabajan en nuestro país. Las mujeres representan ya el 43,2% del total de trabajadores foráneos, con 1.335.794 afiliadas. Sí coincide en que, con una edad media de 35 años, es notablemente más joven que la autóctona, una de sus principales conclusiones.
El informe del CES revela que la población migrante representa ya una quinta parte de la población residente en España y resulta esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. También confirma que las mujeres migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad por razón de género y origen: exclusión laboral, pobreza, violencia de género o falta de redes de apoyo. A través de la Secretaría General de Migraciones, el Ministerio de Inclusión dispone de 275 plazas especializadas para la atención de mujeres y niñas migrantes víctimas de violencia de género, trata o problemas de salud mental. Además, impulsa programas de migración circular como Wafira, protagonizado por mujeres marroquíes que, además de trabajar, se forman en la gestión de pequeños negocios.
Un perfil heterogéneo: el ejemplo de Canarias
De todos modos, España es un país heterogéneo en las dinámicas de migración y, por tanto, el rostro de las personas que solicitarán su regularización variará según el territorio. En Canarias, por ejemplo, esta medida va a tener un impacto especial por ser uno de los puntos de llegada más frecuentes y también lugar de tránsito. Unas 30.000 o 40.000 personas viven y trabajan sin autorización administrativa en esta comunidad. Buena parte llega por mar después de largas rutas desde África occidental, un factor que condiciona el perfil de la población migrante irregular en las islas. El grupo más visible es el de hombres jóvenes procedentes del África subsahariana. Muchos han pasado por centros de acogida o recursos de emergencia y hoy viven en situación administrativa irregular, aunque con distintos grados de integración social y laboral informal en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción o los servicios auxiliares.
El segundo perfil, menos visible, es el de mujeres latinoamericanas y africanas que trabajan en la atención a personas mayores y el empleo doméstico. Muchas entraron en España con visado de turista y quedaron varadas en situación irregular tras su caducidad. En un proceso de regularización, este colectivo podría verse especialmente beneficiado si se reconocen trayectorias laborales informales y arraigo social.