El Gobierno recibió una de cal y una de arena en su primer examen ante el pleno del Congreso de los Diputados en 2026, el martes. Con los únicos votos en contra de Vox (32), el Ejecutivo convalidó su real decreto ley de ayudas al transporte, que incluye el primer bono de tarifa única. Y vio naufragar el decreto ley ómnibus que contenía la actualización de las pensiones con respecto al IPC.
El fracaso de esta norma estaba más que previsto, y en Moncloa creen que pueden darle la vuelta para desgastar al PP por haber votado contra esta medida- acompañada de otras tantas-, en mitad de la campaña electoral en Aragón. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió brevemente a la Cámara Baja para estar presente en la fotografía del momento, algo poco habitual cuando están ante la crónica de una derrota anunciada.
En realidad, en el Gobierno estaban más atentos al real decreto no legislativo por el que quieren regularizar a medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular, pactado con Podemos. O a la reunión posterior de Sánchez con el lehendakari vasco, Imanol Pradales (PNV), que le sacó el compromiso de cerrar un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de los aeropuertos vascos antes de semana santa. Y que aprovechó la estela de Junts per Catalunya para reclamar competencias en materia migratoria.
Dos movimientos para acercarse a dos socios clave, en un momento de debilidad para el Ejecutivo, que lleva 10 días sufriendo el desgaste por el accidente de Adamuz (Córdona), sobre el que todavía se desconocen las causas. Y por el caos en los trenes de Rodalies.
El primero de estos pactos, además, le sirve para introducir en la ecuación a Junts. Los neoconvergentes reconocen que la tregua del Gobierno con Podemos puede ‘resucitar’ su proposición de ley para delegar a Cataluña competencias de gestión de la inmigración, frustrada en su día por la formación morada. “Ojalá”, sintetizan desde el partido de Carles Puigdemont.
De hecho, fuentes del Gobierno reconocen que hoy se ven algo más cerca de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La regularización, afirman, es “un muy buen paso” en esa dirección. Y ya “se está trabajando”, abundan, para que la delegación de competencias llegue a las páginas del BOE. Con toda la prudencia, vista la facilidad de Junts para saltar ante sus declaraciones.
El Ejecutivo está “trabajando” para resucitar la delegación de competencias migratorias
Las cesiones ante Podemos y PNV -a los que acordaron transferir otras competencias hace sólo dos semanas- , sirven para lubricar las relaciones con dos aliados parlamentarios claves. Que habían marcado distancias y emitido varias alertas en los últimos meses. Dos semanas atrás, habían hecho lo propio con ERC, que presumió de haber logrado 4.700 millones extra para Cataluña con el nuevo modelo de financiación.
En el caso del pacto con los republicanos, las contrapartidas estaban claras: para que los recursos lleguen a Cataluña, el Gobierno necesita los votos de ERC en el Congreso. Para la regularización de 500.000 migrantes por real decreto, sin embargo, no tienen que pasar por la Cámara. Ni necesitan a Podemos, a quienes han puesto en bandeja una victoria política de gran calado -opacando, además, al socio minoritario de la coalición, Sumar-.
Fue Podemos quien anunció el acuerdo el lunes, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la tramitación urgente de este real decreto. Y fue la eurodiputada morada y candidata a las generales, Irene Montero, quien reconoció el martes que este cambio de posición del Ejecutivo “podría ser un paso” para que se sienten a negociar sobre el texto de Junts.
Lo tumbaron en el Congreso en septiembre, tras advertir de que consideraban “racista” la exposición de motivos, que no tiene efectos dispositivos. Y que puede modificarse sin tocar una sola coma del articulado. En el pleno en el que sentenciaron esta norma, una proposición de ley de PSOE y Junts, aseguraron que sólo permitirían su retorno tras garantizarse una regularización de cientos de miles de inmigrantes.
Fuentes del Ejecutivo reconocieron hace escasas semanas que no habían renunciado a contar con el voto de los morados para desbloquear una iniciativa que Junts, en plena pugna con la ultraderecha de Alianza Catalana, ansía. El compromiso de Podemos, según los morados, no va más allá de sentarse a negociar. Es mucho más de lo que el Gobierno tenía a su alcance hace escasos días.
Fuentes socialistas afirman que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue el interlocutor con el partido de Ione Belarra. Ambos compartieron asiento en el Consejo de Ministros en la anterior legislatura, y siguen manteniendo una buena relación.
Hay diferencias entre las fuentes consultadas sobre los tiempos que han necesitado para sellar el pacto. Voces en Podemos que puntualizan que sólo podrían darse avances para la iniciativa de Junts cuando el decreto esté en vigor. Y otras que celebran que la regularización se construye sobre “un muy buen texto”. En el que han trabajado “muy al detalle”, para “evitar que haya trabas” para quienes aspiran a acceder a los papeles.
El Gobierno dice que la interlocución con Junts “sigue rota”
En el Ejecutivo hay algo de optimismo, pero no quieren echar las campanas al vuelo. Sostienen que Podemos ha hecho este martes “un gesto” en público, deslizando que se sentarán a negociar. Y fuentes de Moncloa precisan que no ha habido ningún indicio de deshielo en sus relaciones con los de Puigdemont. “La negociación con Junts sigue rota”. “No es todo tan sencillo”, afirman, sobre un posible pacto sobre la delegación de competencias.
Otras fuentes del Gobierno inciden en que las cuestiones que irritaron a Podemos sobre esta norma son sencillas de abordar. A falta de que la Justicia se pronuncie sobre la vuelta a España de Carles Puigdemont, en aplicación de la ley de amnistía, la aprobación de este texto les permitiría lograr algo de oxígeno político.
Es habitual que los interlocutores del Ejecutivo midan al máximo sus palabras al hablar de Junts: acostumbran a negar cualquier interlocución; intentan no hacer demasiadas lecturas sobre sus actuaciones o sus formas; y evitan criticarles en público y en privado. Si los neoconvergentes voten contra sus recetas, y lo hacen de la mano del PP, las críticas suelen ser para los conservadores.
Feijóo no cierra la puerta a llevar la regularización ante la Justicia
Por su parte, fuentes del PP no descartan emprender acciones legales contra el real decreto cuando se presente, informa Rocío Esteban. “Veremos cómo se puede parar”. Por lo pronto, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, planea abordar esta regularización en la cumbre del PP Europeo en Croacia, este fin de semana. Entienden que sería contraria al pacto europeo de inmigración. Y se aferran a que esta iniciativa podría generar un “efecto llamada”. Esto, en lo que tiene que ver con la esfera comunitaria.
En el ámbito nacional, sostienen contar con encuestas -cuyas cifras no detallan- que demostrarían que una medida como la que han decidido aplicar “penaliza al PSOE”. Sostienen que existe una “transferencia de voto PSOE-Vox” relacionada con las políticas en materia de inmigración y de vivienda. Y creen que su rechazo a esta regularización, que defienden la CEOE y la Iglesia Católica, no les perjudicará. En el Gobierno aseguran que ven “descolocados” a los populares.
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