La distancia aérea que separa Mérida (Venezuela) de la localidad manchega de Chozas de Canales es asumible, pese a los más de 7.500 kilómetros, si se compara con la distancia emocional que aleja a Deximar Pérez, de 25 años, de su familia, sus recuerdos y el paisaje que dejó atrás cuando, en junio de 2025, decidió viajar a España junto a su marido, médico venezolano, su hijo y un bebé en camino, en busca de un futuro mejor.
Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, numerosos profesionales venezolanos han sufrido durante años presiones, coacciones y dificultades derivadas tanto del control político como del deterioro institucional y de los derechos humanos. A la escasez de medicamentos y las malas condiciones hospitalarias se sumaban salarios extremadamente bajos, intimidaciones y represalias, un cóctel que empujó a miles de profesionales sanitarios a abandonar el país para poder sobrevivir. Aunque Deximar añora los Andes, reconoce que la vida allí se había vuelto insoportable.
“La llegada a España no fue fácil. Intentamos solicitar asilo político, pero fue imposible. Todavía hoy no he conseguido que me atiendan en el teléfono habilitado para ello. Llamo una y otra vez y siempre me dejan en espera. He ido a oficinas de extranjería y a comisarías autorizadas, pero nunca me atienden. Me hablaron de gestores que lo tramitan, pero no tengo los 500 euros que cobran. Es muy duro”, relata.
Su marido ha logrado algunos trabajos esporádicos de mantenimiento, lo justo para pagar el alquiler, comer y poco más. “Malvivir” no es una exageración, sino una descripción precisa. “Di a luz a mi segundo hijo hace dos meses completamente sola. Mi marido tuvo que quedarse cuidando de nuestro hijo de dos años durante el parto. Él está deseando homologar su título de médico para poder ejercer. Yo también querría retomar mi profesión. En Venezuela trabajaba en un laboratorio clínico”.
Con poco más de 5.000 habitantes y un ritmo muy distinto al de la bulliciosa Mérida, Chozas de Canales les ofrece al menos vivir sin miedo ni presiones políticas. En esta llanura toledana han visto abrirse una oportunidad con el Real Decreto de regularización de migrantes, que suspende los procedimientos de expulsión mientras se tramita la solicitud y permite acceder a contratos de trabajo, una medida largamente reclamada por ONG y sindicatos.
“Firmar un contrato, cotizar…”
El decreto llega en pleno trámite a Sofía Muiño, paraguaya de 22 años criada en Argentina. “Espero que sirva para acelerar el proceso”, explica desde una pequeña habitación con problemas de humedad que comparte en el barrio madrileño de Ciudad de los Ángeles con su pareja, un trabajador dominicano ya regularizado, y el hijo de ambos. “Tener papeles significa poder firmar un contrato, cotizar y mirar el futuro con un mínimo de estabilidad”.
Sofía llegó a España hace tres años y medio, con solo 18. “Vine sola, animada por otras personas que decían que aquí había trabajo y vivienda. Me sentí como un conejillo de indias”, recuerda. La realidad se impuso pronto: promesas incumplidas por parte de su madrina en Málaga, alquileres de habitación inasumibles y trabajos de jornadas interminables en bares a cambio de alojamiento y un salario mínimo “en negro”, hasta que fue despedida al quedarse embarazada.
Para esta joven, regularizar su situación es la posibilidad real de salir de un limbo que condiciona el acceso al empleo y la expone al miedo constante a una orden de expulsión. “Quiero dejar de esconderme para trabajar. No quiero ayudas económicas, sino acceso a la formación, poder terminar el colegio. Eso me permitiría prosperar y conseguir un empleo con contrato. En definitiva, vivir como cualquier ciudadana y salir de la precariedad”. Habla de necesidades tan básicas como poder comprar pañales de calidad que no provoquen irritaciones a su hijo.
La puerta, sin embargo, sigue entreabierta. ¿Podrán demostrar el tiempo exigido de permanencia en España cuando gran parte de su vida aquí ha transcurrido en la informalidad? ¿Cuánto durará el trámite? ¿Cuántos meses más de espera, de llamadas sin respuesta y de caos administrativo? La Fundación Madrina, a la que han acudido estas jóvenes, las acompaña ahora para interpretar la letra pequeña de esta oportunidad de regularización. “Se ha convertido en un pilar de apoyo importante, sobre todo en cuestión de asesoramiento personalizado, recursos sociales y programas de formación y empleo”.
Los principales temores
Sofía y Deximar confían en contar con un permiso de residencia y trabajo que les permita alquilar una vivienda sin intermediarios abusivos, cotizar, acceder a derechos básicos y romper con la economía sumergida. Si el proceso se gestiona adecuadamente, la regularización podría sacar de la sombra a miles de personas que ya trabajan en condiciones informales.
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez ha activado alertas sobre un posible colapso administrativo. Si las oficinas de extranjería no refuerzan personal y recursos, el proceso podría alargarse durante meses, generando frustración y una nueva etapa de incertidumbre para quienes ya han iniciado el trámite. Desde algunos sectores se advierte también del riesgo de un supuesto “efecto llamada” o de una mayor presión sobre servicios públicos ya saturados. El Ejecutivo lo niega y recuerda que la medida se dirige a personas que ya están en España, no a una política de puertas abiertas.