Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, tenía entre sus quehaceres favorecer a los independentistas y al propio Carles Puigdemont en su estrategia de defensa de Pedro Sánchez, tal y como ha publicado Artículo14. Y, como es una constante en sus actuaciones, también en esta cuestión centró su actividad en el seguimiento de los procedimientos judiciales. Para ello, estableció una relación con Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont.
Así lo constata en su investigación la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala textualmente que la “principal evidencia analizada en cuanto a la relación establecida entre Leire y Boye se corresponde con la conversación mantenida entre ambos por medio de la aplicación WhatsApp, la cual transcurre entre el 17.10.2024 -primer mensaje- y el 05.02.2025 -último mensaje-“.
En este contexto, mientras trataba de ayudar al letrado del expresidente catalán, Leire Díez maniobró en relación con las presuntas manipulaciones de audios a través del sistema de escuchas Egobox, que afectaban a Boye dentro de la causa contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’. Así queda reflejado en las agendas de la militante socialista intervenidas por la UCO, donde figuran varias anotaciones sobre el sistema Egobox.
Como informó ayer Artículo14, la presunta manipulación de pruebas sonoras del sistema está a punto de ser investigada por la Audiencia Nacional, en una causa que se dirige contra Aitor Cubo, alto cargo del Ministerio de Justicia. Cabe recordar que Boye está acusado en la Audiencia Nacional de presuntamente colaborar en el blanqueo de fondos obtenidos ilícitamente por la trama del narcotráfico gallego. Las defensas personadas en esta causa denunciaron una supuesta manipulación de audios incriminatorios.
“Egobox”, una preocupación de Leire Díez
En un documento, interceptado por la UCO en el portátil de Leire Díez, titulado ‘Acciones Cataluña’, la exmilitante socialista recoge el interés de Junts en que comparezca el titular del Ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, “por el tema Egobox”. Estas anotaciones se enmarcan en los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña y aluden, a su vez, a la documentación aportada por el excomisario José Manuel Villarejo contra los investigaciones. “Lo prioritario debería ser cerrar cuanto antes esta comisión, elaborar conclusiones y llevarlas a la Fiscalía”, deja escrito antes de aludir al sistema de escuchas.
“Porque lo de Egobox, aunque tienen razón, sólo afecta a Boye y en el tema de Boye se han hecho otros movimientos para poder ayudarle sabiendo, además, que alguna de las cosas que se acusan las hizo”, recoge el documento, que cuya fecha de creación y de guardado es el 27 de abril de 2025.
Unos meses antes, en su agenda personal figuran las primeras anotaciones sobre Egobox. En concreto, Díez comenzó a interesarse por este sistema y su presunta manipulación a principios de enero de 2025. Así, el 6 de enero escribe: “Motivo de la persecución de Boye. […] Sistema Ego Box. Juicio de criminalidad muy importante.” Unos párrafos más adelante añade: “Sitel. Sistema espionaje uso libérrimo que no necesita autorización judicial”.
Pregunta parlamentaria
El 27 de febrero de 2025, Díez vuelve a interesarse por Egobox. En este caso, al hilo de una pregunta parlamentaria de Junts, que anota específicamente en su agenda. El 12 de febrero, el diputado Josep Pagès y Massó inquiría al Ejecutivo sobre la fiabilidad de la herramienta Egobox: “¿Cómo se garantiza la cadena de custodia de estos registros y qué medidas impiden la posible manipulación de las pruebas obtenidas mediante este sistema?”, preguntaba dentro de una batería de ocho cuestiones.
En su exposición previa, señalaba que “uno de los mayores riesgos de estas herramientas es la facilidad con que las pruebas obtenidas en las investigaciones policiales pueden modificarse sin que los investigados dispongan de los recursos para impugnar su validez, especialmente teniendo en cuenta la presunción de veracidad otorgada a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad”.
“Además, herramientas como Pegasus, Egobox y otras similares, que se han utilizado en investigaciones de carácter digital, no están bajo el control exclusivo del Estado, sino bajo el de los proveedores externos que las facilitan, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales que se basan en pruebas obtenidas por estos medios. Una cuestión adicional, pero de enorme relevancia, es el uso de estas herramientas con objetivos políticos, tal y como ha puesto en evidencia la persecución del independentismo catalán”, añadía.
“Nos consta ninguna irregularidad”
Frente a estas dudas, desde el Ministerio del Interior se aseguró entonces la fiabilidad del sistema: “[…] estos sistemas encriptan los datos que recaban y generan códigos únicos para cada archivo, de forma que no permiten su manipulación o cambio, ya que se generaría un archivo nuevo, con diferente código. Esto permite la verificación y la trazabilidad por parte de las autoridades judiciales. En el Ministerio del Interior no consta irregularidad alguna en el uso de estas tecnologías ni su uso fuera de los cauces legalmente establecidos, teniendo en cuenta que este Ministerio no interfiere en las investigaciones y procedimientos judiciales, ni consta comunicación de autoridad judicial que haya puesto en conocimiento cualquier irregularidad”.
El sistema de escuchas Egobox está fabricado por la empresa italiana Innova, pero en España se comercializa en exclusiva por Fortier Europe. Esta empresa, con sede en Madrid, se ha adjudicado en el último año contratos por 5,7 millones de euros, principalmente procedentes del Ministerio del Interior y destinados tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. El mayor volumen de negocio derivado de la contratación pública lo logró en 2025, con 8,9 millones de euros, mientras que un año antes sumó 5,6 millones, según los datos que figuran en el Portal de Contratación del Sector Público, analizados por la plataforma El Vínculo.
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