Tras más de dos años de instrucción, Begoña Gómez da un giro de guion en su estrategia de defensa. Antonio Camacho no será ya su abogado. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo y, según las fuentes consultadas por Artículo14, la relación ha terminado bien. Si bien, Gómez opta ahora por el penalista Jaime Campaner, un reputado abogado que ha llevado casos polémicos y que es experto en juicios con jurado popular.
Por tanto, será Campaner quien prepare a la mujer de Pedro Sánchez para declarar ante las nueve personas anónimas que decidirán su pena por los delitos de malversación y tráfico de influencias. Fuentes de la nueva defensa de Gómez aseguran que aún “no ha podido estudiar la causa” y no adelantan cómo se materializarán los cambios en su estrategia de defensa.
Eso sí, en el escrito enviado al juzgado para comunicar el cambio de letrado, solicitan diez días hábiles más para presentar el escrito final de defensa antes de que Peinado eleve de nuevo la causa a la Audiencia Provincial. “Toda vez que el nuevo letrado debe disponer de tiempo suficiente para instruirse y ejercer una asistencia letrada eficaz”, exponen.
Alega Campaner que el aplazamiento está amparado por la ley en las causas que superen los mil folios y, precisamente, el procedimiento contra Begoña Gómez alberga 30 tomos, muchos de ellos de un millar de páginas, más las grabaciones audiovisuales.
En un principio, el plazo estaba fijado para el 1 de septiembre. De concederse los diez días hábiles de aplazamiento, la nueva fecha límite sería el 15 de septiembre. Tan solo 12 días antes de que Peinado cumpla los 72 años. El 27 de septiembre ha de jubilarse porque le obliga la ley. Por tanto, la prórroga dejaría a Peinado al borde de no poder dictar el nuevo auto de apertura de juicio oral que tiene que comunicar a las partes de manera presencial en una vista tal y como dicta la ley del jurado popular.
Este paso es fundamental para elevar de nuevo el auto a la Audiencia Provincial y que este pueda fijar fecha para el juicio con jurado popular que se prevé que se celebre ya en junio de 2027.
Cabe recordar que sería la segunda vez que el juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez. En la primera ocasión, lo hizo con una petición de penas de la acusación popular liderada por Hazte Oír de 24 años de prisión y cuatro delitos. Por su parte, la Fiscalía pedía el archivo de la causa. Pero eso no impidió a Peinado dictar auto de apertura de juicio oral aunque solo fuera con la acusación de Hazte Oir.
La Audiencia Provincial revocó muchos aspectos de ese auto. Por un lado, redujo a dos los delitos por los que la mujer del presidente del Gobierno será llevada ante un jurado popular: malversación y tráfico de influencias. Además, dejó fuera a uno de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés. Por último, al reducir los delitos, consideró injustificado mantener las medidas cautelares, obligando a Peinado a devolver el pasaporte a Begoña Gómez y su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada.
Con todas estas correcciones, la causa volvió al juzgado de Peinado para acomodar los escritos finales de las partes a los ajustes de la Audiencia de Madrid.
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, reformuló su escrito pidiendo esta vez 13 años. Por beneficiarse de su condición de esposa del presidente del Gobierno e incurrir, por tanto, en un tráfico de influencias para crear una cátedra en la Universidad Complutense, la acusación solicitó dos años de prisión. Por malversación, once años al haberse beneficiado de los servicios de Álvarez, que cobraba un sueldo público y ayudó a Gómez en sus gestiones privadas. También porque Hazte Oír considera que Gómez se pudo lucrar al apropiarse de un software que desarrolló la Complutense con financiación privada para la cátedra que codirigía.
El perfil del abogado
Jaime Campaner está considerado uno de los penalistas más prestigiosos de España, especializado en Derecho Penal Económico. No es la primera vez que representa a una persona mediática. En el caso Nóos ejerció la defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin; en el caso Pujol representó a varios miembros del entorno de la familia del expresident catalán investigados por presunto blanqueo y fraude fiscal; y en el caso Cursach asumió la defensa del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach en una de las mayores causas por presunta corrupción en Baleares.
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