División en el seno del Consejo del Poder Judicial al cierre de uno de los cursos más convulsos que se recuerdan. Las posibles sanciones al juez Juan Carlos Peinado, el instructor que dirige el caso de la esposa del presidente del Gobierno, han tensionado a la institución. Y la dimisión de uno de sus vocales de la presidencia de la Comisión que regula la carga de trabajo de los jueces también ha provocado movimientos internos.
En lo que respecta a Peinado, cuatro de las seis denuncias interpuestas contra el instructor fueron archivadas por la mayoría conservadora con el voto de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Entre ellas estaba la denuncia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se quejó del trato que recibió de Peinado durante su declaración como testigo.
La presidenta solo ejerció su voto de calidad para desempatar en dos de las propuestas de sanción entre los cuatro vocales propuestos por el PP, que votaron a favor del archivo, y los tres progresistas, más Perelló, que votaron a favor de proponer una sanción leve para Peinado por insinuar en un auto que los escoltas de la Policía Nacional de Begoña Gómez podrían ayudarle a fugarse del país y por una queja presentada por un particular por un retraso injustificado de casi dos años en la tramitación de un procedimiento instruido por el juez.
Las sanciones leves las tiene que tramitar el Tribunal Superior de Justicia y la multa puede ascender a 500 euros, pero nunca llegará porque antes de que se tramite Peinado se habrá jubilado. Si bien, los vocales del sector conservador discrepan frontalmente de esta decisión. Creen que no es su competencia valorar las acciones de Peinado porque es una cuestión “estrictamente jurisdiccional revisable por la vía de los recursos”. Por ello, redactaron votos particulares a la resolución final para evidenciar su desacuerdo.
La dimisión de Bodas
Otra de las últimas desavenencias fue la dimisión de Ricardo Bodas, vocal progresista, de la presidencia de la comisión que regula la carga de trabajo de los jueces por sentirse desautorizado por la presidenta. Resulta que los conservadores, junto con Perelló, acordaron enviar un informe sobre las condiciones de vida laboral al colectivo judicial, algo inprocedente para él: “En una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”, sostenía el magistrado experto en salud laboral.
Para él las condiciones de trabajo de los jueces han de mirarse partiendo de la base del servicio publico que se presta a los ciudadanos y, a su juicio, la propuesta de los conservadores es “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”.
Por ello, bajo su punto de vista, “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”.
La fractura entre los denominados progresistas y conservadores es total. Para los primeros, los conservadores tienen una visión “corporativista” como si el Poder Judicial fuera un suerte de representación sindical de los jueces a los que hay que proteger. Los segundos niegan la mayor. Y la tensión lejos de disminuir va a más.
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