La regularización extraordinaria de personas migrantes va camino de convertirse en el nuevo caballo de batalla político del PP, o eso leen en el Gobierno. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” el acceso a estos trámites, que los potenciales interesados pueden solicitar desde este lunes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo también ha celebrado la aprobación del nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, por valor de 7.000 millones. Y los ministros han dado una de cal y otra de arena a los conservadores en lo que se refiere a esta materia.
Fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien tendió la mano a los consejeros de las CCAA gobernadas por el PP para que avalen este plan. A la vez, la propia Rodríguez arremetió contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, a la que acusó de dañar “a un millón y medio de personas que viven de alquiler” por no aplicar la ley estatal de vivienda.
De hacerlo, aseguró, estos inquilinos podrían ver “congelados” sus contratos, pero el “pataleo” de Ayuso lo impide. “Me sorprendería que se quedara fuera del plan, estaría renunciando a 1.000 millones de euros de vivienda pública protegida para siempre”, apostilló.
El PP, “solo y desdibujado” en el boicot a la regularización
En lo que tiene que ver con la regularización, sin embargo, las llamadas al entendimiento quedaron en segundo plano, y los ministros se centraron en arremeter contra el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Saiz aseguró que el PP está “solo y desdibujado” en el “boicot” a los trámites necesarios para acceder a esta regularización. Hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes, aseguró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Entre los responsables políticos de esta decisión, señaló directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almenida, que “ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”, insistió, enumerando así a quienes avalan esta norma.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que su departamento ha puesto en conocimiento de la población reclusa la opción de reclamar esta regularización. El Gobierno, dijo, “cumple con su obligación”.
También detalló que sólo podrán solicitar acogerse quienes se encuentren en situación de prisión provisional (no quienes hayan sido condenados por delinquir). Y siempre que no cuenten con antecedentes penales, o que un informe policial lo desaconseje.
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