La Comunidad de Madrid justificó la compra del ático del paseo General Martínez Campos, en Chamberí, como una residencia llamada a servir de “alojamiento ocasional” para autoridades. Así figura en las más de 200 páginas de documentación que el Gobierno regional hizo públicas tras la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea de Madrid.
El consejero acudió al pleno para rendir cuentas sobre la actividad de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de su área que compró el inmueble en abril para después arrendárselo a la propia Comunidad por 3.000 euros mensuales durante al menos una década. Su intervención reivindicó la “transparencia” del Ejecutivo autonómico y se cerró con cinco anuncios, entre ellos el estudio de una querella contra la oposición.
El documento defiende la conveniencia de disponer de un edificio con zonas dedicadas “a trabajo y un área descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades” de la Administración, y lo motiva en “razones operativas, de seguridad y de representación institucional, entre otras”.
El texto sostiene además que se trata de “una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local”. Entre los supuestos que enumera figura también la gestión de crisis prolongadas, que podría requerir “espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”.
Sobre esa base, la memoria propone el arrendamiento del ático por considerarlo “idóneo para los fines expuestos” y traslada a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la tramitación.
El 27 de julio, la interventora de Economía y Hacienda dio su visto bueno al alquiler, pero dejó constancia en observaciones de que varios aspectos no estaban desarrollados “suficientemente”. En concreto, apuntó que el documento se limitaba a describir el inmueble “sin profundizar en el estudio de necesidad o idoneidad, aspectos económicos tales como renta, gastos, comparativa de edificios similares, etc”.
Un inmueble con uso residencial
Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el ático se sitúa en una parcela regulada por la Norma Zonal 1, grado 3 y nivel B, con “uso cualificado residencial”.
El informe de la Subdirección General de Patrimonio repite la fórmula del “inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades”, y recoge que Planifica Madrid declaró el piso apto para ese fin mediante informe de su director técnico del 7 de julio.
La Abogacía General intenta encajar la operación en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tras recordar que se considera arrendamiento de vivienda aquel cuyo destino primordial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, concluye que el uso pretendido tendría “un encaje más adecuado en la calificación de arrendamiento para uso distinto del de vivienda”. En el informe jurídico posterior sobre la comercialización del inmueble, ya en fase de venta, Planifica Madrid vuelve a referirse a un edificio “de uso cualificado residencial”.
Los cinco anuncios del consejero
García Martín cerró su comparecencia en la Asamblea con cinco “compromisos”. El primero, que la Comunidad ha recibido una oferta cercana a los 12 millones de euros por los cuatro inmuebles de Gran Vía y que el de Martínez Campos seguirá a la venta mediante procedimiento abierto, con consejo de administración convocado al día siguiente.
El segundo, que en octubre el consejo de Planifica Madrid elevará a la junta general un reparto de dividendos a cuenta de 23 millones: 20 para la reconstrucción de la Sierra Oeste y 2,9 para la Agencia de Vivienda Social destinados a quienes perdieron su vivienda en los incendios.
El tercero, estudiar una querella contra las portavoces de Más Madrid y del PSOE por un presunto delito continuado de injurias y calumnias contra la presidenta y contra él mismo.
El cuarto, que reclamará a RTVE la rectificación de 25 horas de programación emitidas en el último mes y medio sobre la compra, el 80% de sus programas según sus cálculos. Y el quinto, la publicación de toda la documentación en el Portal de Transparencia y en el de Planifica Madrid.
El consejero exigió a la oposición que pida perdón, reconozca que ha mentido y dimita, y concluyó que ha quedado acreditado que la Comunidad “nunca compró una vivienda para la presidenta”, que “vive en su propia casa”.
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