El Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Senado presentaron a finales de marzo preguntas escritas sobre el sistema COMETA, el mecanismo de control telemático de agresores en casos de violencia de género gestionado por el Ministerio de Igualdad. Las respuestas del Gobierno, fechadas el 4 y el 8 de mayo respectivamente, ofrecen datos parciales sobre el estado del contrato vigente y el proceso de licitación del nuevo, pero eluden pronunciarse sobre algunas de las cuestiones más sensibles: los fallos de seguridad en los dispositivos, su posible manipulación por parte de los agresores y el estado real de la protección a las víctimas.
En el Congreso, plantearon preguntas directamente vinculadas al informe anual del Defensor del Pueblo, que recogía denuncias sobre fallos en el sistema COMETA y en el servicio ATEMPRO -el teléfono de atención a víctimas de violencia de género- que habrían comprometido la protección de las usuarias. Los parlamentarios preguntaron si el Ministerio tenía conocimiento de esas denuncias, qué actuaciones emprendió y en qué fechas, y si se habían detectado problemas de geolocalización que pudieran afectar a la localización de las víctimas en situaciones de riesgo.
La respuesta del Ejecutivo, fechada el 8 de mayo, es evasiva. El Gobierno se limita a señalar que las incidencias se gestionan mediante protocolos activados en tiempo real y que su seguimiento se realiza a través de una comisión entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la UTE prestataria. Sobre el servicio ATEMPRO, el Ejecutivo afirma no tener constancia de quejas al respecto y recuerda que ambos sistemas se coordinan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según los protocolos aprobados.
Por otra parte, el Ejecutivo confirma al Senado que el contrato con la UTE Vodafone-Securitas Direct, en vigor desde el 8 de febrero de 2024, finaliza el 6 de mayo de 2026. Aunque el acuerdo no contemplaba posibilidad de prórroga, el Gobierno ha decretado una extensión forzosa de cuatro meses al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, con el argumento de garantizar la continuidad del servicio mientras concluye el proceso de licitación del nuevo contrato. El Ejecutivo asegura que existe un plan de transición detallado que permitirá mantener el servicio con garantías durante ese periodo.
En cuanto a las sanciones, el Gobierno admite que la UTE fue penalizada en una única ocasión, en 2025, por cumplimiento defectuoso de la prestación en materias relacionadas con el Esquema Nacional de Seguridad y los acuerdos de nivel de servicio fijados en el pliego técnico. No se ofrecen más detalles sobre la cuantía ni el alcance de esa penalización.
La respuesta aclara que los dispositivos son propiedad del Ministerio de Igualdad desde el inicio del contrato y que, por tanto, seguirán operativos en el siguiente. A 28 de febrero de 2026 había 4.342 parejas de dispositivos activas. El Ejecutivo detalla que se realiza un seguimiento semanal y mensual del inventario, incluyendo los aparatos rotos, perdidos o en reparación.
Sobre la colocación en muñeca en lugar de tobillo -una de las cuestiones que más controversia ha generado-, el Gobierno sostiene que esta opción solo se ha aplicado en casos justificados por razones médicas o laborales, como el uso de calzado de seguridad incompatible con el dispositivo. Añade que cualquier intento de manipulación genera una alarma en la Sala COMETA, que cuenta actualmente con más de 160 personas, superando el umbral de entre 100 y 120 que exigían los pliegos originales.
El Gobierno sí detalla, en cambio, las mejoras previstas en los nuevos pliegos en lo relativo a dispositivos y logística. El nuevo contrato contempla la adquisición de hasta 17.660 dispositivos a lo largo de su vigencia y fija un stock mínimo de 2.000 unidades disponibles para instalación en cualquier punto del territorio en menos de 24 horas.
Se exige también que el mantenimiento o sustitución de aparatos defectuosos se resuelva en ese mismo plazo, y que cualquier dispositivo manipulado, roto o averiado sea reparado en un máximo de tres meses. Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de adquirir por separado cada uno de los elementos que componen el kit -teléfono móvil, tobillera, cargadores-, lo que permitirá ajustar las compras a las necesidades reales de reposición según las pérdidas, roturas o manipulaciones que se vayan registrando.
Los silencios más llamativos
El Ejecutivo no aclara en qué momento tuvo conocimiento de los “problemas de geolocalización” de los dispositivos ni qué valoración interna ha realizado el Ministerio sobre la vulnerabilidad de los aparatos frente a “posibles manipulaciones” por parte de los agresores.
Tampoco responde si se ha llevado a cabo alguna auditoría técnica específica sobre los fallos detectados, más allá de mencionar de forma genérica una auditoría externa tecnológica cuyos resultados dice haber incorporado a los nuevos pliegos. Asimismo, no ofrecen ningún calendario concreto para implementar las mejoras prometidas.
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