Imaginen que son testigos de un incendio. Ven cómo las llamas arrasan una casa, cómo el fuego avanza sin freno, se extiende por el jardín y empieza a devorar el monte entero. Alertan, gritan, llaman a emergencias, a los bomberos, piden ayuda desesperadamente… y nadie hace nada. Al día siguiente arde otra casa. Y otra más. Pero mientras el fuego sigue avanzando, la conversación pública está en otra parte.
El problema no es solo el incendio. El problema es cuando el fuego lleva tanto tiempo ardiendo que la gente deja de mirar las llamas. En apenas cuatro días, tres hombres han asesinado a Marisol y a su hijo Alberto, a Saida y a Érica. A ello se suma el tiroteo de El Ejido (Almería), donde un hombre asesinó a sus padres y dejó heridas de gravedad a cuatro personas más —entre ellas un bebé de siete meses y una niña de 21 meses— en un caso que también se investiga como violencia de género y posible violencia vicaria.
Anestesia social
Eso es precisamente lo que denuncian asociaciones de víctimas de toda España, que hablan ya abiertamente de normalización, indiferencia social y fracaso institucional ante una violencia que, incluso cuando se denuncia, sigue sin conseguir detenerse.

La sensación de anestesia social atraviesa prácticamente todas las declaraciones de asociaciones feministas y de víctimas recogidas por este medio. “Nos están matando y el país ya ni se escandaliza”, denuncian tras una semana marcada por asesinatos machistas y nuevos casos de violencia extrema. María, desde Madres Protectoras Madrid, lamenta que “un hombre asesina a una mujer delante de todo el mundo y, aun así, no abre informativos ni provoca una alarma social real”, mientras Paula, del colectivo Madre Mía, cree que la normalización ha llegado “a tal extremo” que mucha gente ya piensa “otra vez con esto”. Andrea Cabezas, de Stop Violencia Vicaria, asegura que el país ha “normalizado titulares así”, y Natalia Morlas, de Somos Más, denuncia que las mujeres siguen siendo “las prescindibles, las que se pueden dejar para después”.
“La indiferencia también mata”
Todas apuntan al mismo diagnóstico: la violencia machista ha dejado de paralizar al país incluso cuando sigue dejando mujeres asesinadas y familias destrozadas. Desde Madres Protectoras Madrid hablan directamente de “terrorismo machista” y advierten de que “la indiferencia también mata”, denunciando que estos crímenes continúan tratándose como “noticias secundarias”.
Pero detrás de esa indiferencia aparece otra denuncia todavía más dura: la de un sistema que, según las asociaciones, sigue fallando incluso cuando el riesgo ya había sido advertido. Especialmente en el caso de Figueres, convertido para muchas de ellas en el ejemplo más claro de una tragedia anunciada.
Chelo Álvarez, de Alanna, recuerda que el presunto agresor acumulaba antecedentes, denuncias, quebrantamientos y una orden de alejamiento en vigor antes del crimen. “No hablamos de un hecho aislado ni de una simple tragedia. Hablamos de un fracaso institucional”, sostiene. Además, critica que el sistema siga interpretando conductas como la no comparecencia judicial sin comprender el miedo, el trauma o la coerción que sufren muchas mujeres. “La no comparecencia puede ser un indicador de riesgo extremo, no un motivo para desactivar la protección”, insiste.

“No hablamos de errores aislados”
Andrea Cabezas comparte ese diagnóstico y va todavía más allá al exigir responsabilidades directas cuando una mujer asesinada había pasado previamente por el sistema de protección. “No hablamos de errores aislados. Hablamos de decisiones humanas que tuvieron consecuencias irreversibles”, afirma. Considera “profundamente inmoral” que quienes minimizaron un riesgo extremo puedan seguir ejerciendo sus funciones “como si nada hubiera ocurrido”.
En la misma línea, Olga Caldera, de la asociación AMAR, sostiene que “cada quebrantamiento de una orden de alejamiento no detectado o no sancionado es una ventana abierta al feminicidio”. Considera que las medidas cautelares “son inútiles sin vigilancia real y efectiva” y lamenta que el foco mediático esté más pendiente “de disputas partidistas o sucesos de la élite financiera” que de la violencia machista cotidiana.
La idea de que las órdenes de alejamiento no están consiguiendo salvar vidas se repite en prácticamente todas las asociaciones consultadas. Gregorio Gómez, de la asociación ALMA, considera que estas medidas terminan dependiendo “de la voluntad del agresor de cumplirlas” y reclama que cualquier denuncia por violencia de género sea tratada inicialmente como “riesgo extremo”. Apuesta por prisión provisional y pulseras telemáticas para agresores reincidentes porque, asegura, “demasiado blandos somos”.
Ana Bella, de la Fundación que lleva su nombre, comparte esa visión y reclama endurecer las medidas contra maltratadores que amenazan de muerte a sus parejas o exparejas. Recuerda que muchas mujeres asesinadas habían recibido amenazas previas y denuncia que jueces y sociedad siguen sin tomarlas suficientemente en serio. También critica el tratamiento mediático de estos crímenes, donde —afirma— se detallan las formas del asesinato pero apenas se habla de las condenas a las que se enfrentan los agresores. “Hace falta más repulsa social”, sostiene.

“Nos están quitando a los hijos y nos están matando”
Pero más allá de jueces, protocolos y órdenes de alejamiento, muchas declaraciones reflejan también un agotamiento profundo. Rosalía González, de la asociación MAMI, habla directamente de “hastío” tras años viendo cómo, según denuncia, se archivan casos de abusos sexuales, se mantienen visitas con padres denunciados y se criminaliza a madres que intentan proteger a sus hijos. “Nos están quitando a los hijos y nos están matando”, resume.
Natalia Morlas, comparte ese sentimiento de abandono y denuncia que leyes, protocolos y decisiones judiciales continúan elaborándose “sin contar con las víctimas”. Además, asegura que muchas mujeres sienten ya “más miedo del sistema que de sus propios agresores” y reclama responsabilidades políticas, judiciales e institucionales inmediatas.
Pese a sus diferentes sensibilidades y reivindicaciones, todas las asociaciones terminan regresando al mismo punto: las víctimas siguen llegando demasiado tarde a un sistema que, incluso cuando el peligro ya había sido advertido, continúa fallando. “Las mujeres no necesitan más minutos de silencio”, resume Cabezas. “Necesitan llegar vivas al día siguiente”.
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