El Gobierno ha echado el freno en su intención de agilizar las expulsiones de inmigrantes en Ceuta. ¿El motivo? Las dudas jurídicas existentes, confirmadas por los expertos consultados, ante la posibilidad de vulnerar el principio de no devolución, el riesgo a la tutela jurídica efectiva y a contravenir la normativa vigente en materia de derecho de asilo y de derechos humanos.
Este martes, el Gobierno tenía previsto llevar al Consejo de Ministros un real decreto que preveía endurecer las condiciones de acceso al procedimiento de asilo y limitaba el derecho de permanencia en España de determinados solicitantes de protección internacional.
Sin embargo, el Ejecutivo sorprendía al reconocer que todavía no tenía “el ok definitivo” para elevarlo al Consejo de Ministros. “No es sencillo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, de protección, de derechos internacionales”, reconocía el ministro responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En concreto, su departamento aún está analizando los con servicios jurídicos y con la Abogacía del Estado la posibilidad de reducir esos plazos para agilizar los retornos. “Veremos si es posible hacer alguna modificación legislativa”, llegaba a admitir Torres, después asegurar que se han puesto más recursos para tramitar los expedientes de devolución, reduciendo así los plazos.
Precisamente, organizaciones de derechos humanos han emitido un comunicado para expresar su malestar con la intención del Ejecutivo de acelerar las expulsiones en Ceuta. Estas entidades -entre las que destacan CEAR, Movimiento por la Paz, Servicio Jesuita a Migrantes, entre otras- reclaman al Gobierno que “dé marcha atrás” y aplique el Pacto de “forma menos lesiva para el derecho de asilo”.
El borrador del decreto
Según el borrador del decreto, al que ha tenido acceso este diario, se permitiría devolver a personas que no soliciten asilo en los siete días hábiles posteriores a la notificación de una orden de devolución. Además, el texto reduce los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables a la petición de asilo y establece excepciones al derecho de permanencia mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en la ciudad autónoma.
La propuesta del Gobierno prevé la pérdida del derecho de permanencia para los migrantes que sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional, para quienes presenten una segunda solicitud de asilo o para aquellos que formulen nuevas peticiones con el objetivo de retrasar una expulsión. En algunos de estos supuestos, la pérdida del derecho se produciría de forma automática.
La aprobación de este Real Decreto Ley también implicaría limitar el acceso al procedimiento de protección internacional, ya que si la persona formula una solicitud de asilo pasados siete días de la notificación de la orden de devolución, expulsión o denegación de entrada se inadmitirá su solicitud. Las organizaciones señalan que, en el contexto actual, se pueden dar demoras en la formulación debido a múltiples factores, como la falta de información sobre la protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están identificando.
En declaraciones para Artículo14, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, reconoce su “preocupación” ante los planes de Pedro Sánchez. “El Gobierno más que pensar en la respuesta humanitaria que todavía hay que dar está pensando más en expulsar más y más rápido”, denuncia. El texto planteado por Moncloa supone, a su juicio, un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo”, que además afectaría con carácter retroactivo a solicitantes de protección internacional que hubieran formulado su solicitud desde el 30 de julio de 2026. “No nos han consultado nada”, desvela.
Para CEAR, la solución, antes de acelerar las expulsiones, pasaría por trasladar a los solicitantes de asilo a la Península de acuerdo con el sistema de protección internacional. Una decisión que depende, informa Mauricio Valiente, del ministerio de Inclusión.
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