El Ministerio del Interior publicó ayer la licitación del nuevo megacontrato para el seguimiento de los resultados electorales, valorado en 46,06 millones de euros, sin IVA. Tras dos intentos fallidos por errores en la tramitación del expediente, que obligaron a anular los anuncios anteriores, la Dirección General de Política Interior lanzó el procedimiento para cerrar un nuevo acuerdo marco destinado a la recogida, tratamiento y difusión de los resultados provisionales de los procesos electorales. La nueva licitación refuerza la capacidad de supervisión de Interior sobre los sistemas informáticos y los datos del escrutinio electoral.
Así se desprende del pliego técnico, al que ha tenido acceso Artículo14, que atribuye una mayor intervención del departamento de Fernando Grande-Marlaska en el control del dispositivo tecnológico contratado por el Gobierno para el seguimiento de los resultados. Un dato ilustra esta mayor presencia en el documento: el pliego de 2026 contiene 287 menciones al Ministerio del Interior, un 19,1% más que el texto equivalente de 2022.
El documento incorpora nuevas exigencias para detectar incongruencias entre los resultados transmitidos durante la noche electoral y las actas de las mesas, así como para documentar las diferencias posteriores con los resultados definitivos. Además, prevé un centro específico desde el que Interior podrá monitorizar la infraestructura tecnológica desplegada por la empresa adjudicataria. Aunque el pliego de 2022 ya preveía mecanismos de control y auditoría, la nueva documentación concreta nuevas facultades de intervención del Ministerio en su diseño y ejecución.
Mayores funciones para Interior
Una de las diferencias aparece en la auditoría de seguridad de la aplicación utilizada por los representantes de la Administración para transmitir los datos de las mesas electorales. El pliego de 2022 establecía que debía ser auditada por el Centro Criptológico Nacional (CCN – CNI), organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa. El nuevo documento modifica expresamente esa atribución. Donde antes se exigía una “auditoría de seguridad por parte del CCN-CNI“, ahora se establece que deberá realizarse “por parte del Ministerio del Interior con la colaboración del CCN-CNI“.
El cambio no supone la salida del organismo especializado en ciberseguridad del dispositivo electoral, pero refuerza el papel de Interior en las auditorías de seguridad y le atribuye la coordinación de las auditorías de revisión previstas durante la ejecución del mismo.
Calidad del dato
El refuerzo de la intervención de Interior también se aprecia en el Centro de Control, Centralización y Totalización para la Difusión de la Información (CCTpD), encargado del tratamiento de los datos recibidos para elaborar los resultados provisionales. La novedad en el nuevo contrato es mayor concreción e intervención expresa del Ministerio en el diseño del sistema de verificación. Ahora, se refuerza la detección de datos incongruentes en la información remitida por los representantes de la Administración, “entre ellos las incongruencias con respecto a las actas de escrutinio, con indicación expresa del motivo de la incongruencia al objeto de que puedan ser atendidas y, en su caso, corregidas, a la mayor brevedad“.
Este sistema y el detalle de su funcionamiento deberán incluirse en la oferta y el Ministerio del Interior podrá introducir las modificaciones posteriores que considere oportunas. “El adjudicatario deberá presentar además un plan específico de calidad de los datos para su aprobación por el Ministerio del Interior. Este plan deberá incorporar un informe final que permita verificar las diferencias concretas que se hubieran producido entre los datos capturados la noche electoral y los definitivos publicados por las Juntas Electorales“, señala el nuevo pliego técnico.
Resultados en Infoelectoral
A su vez, para integrar los resultados definitivos en Infoelectoral, la base de datos histórica del Ministerio del Interior, el nuevo pliego exige que la adjudicataria disponga de un sistema que permita identificar, cuando sea posible, las mesas cuyos datos hayan sido corregidos por las Juntas Electorales.
Junto con la incorporación de los resultados definitivos, deberá presentar un informe detallado sobre la calidad de los datos provisionales respecto de los definitivos. También tendrá que aplicar los controles de calidad necesarios para garantizar la corrección de la información incorporada y proporcionar al Ministerio los criterios y controles utilizados.
Un nuevo centro de control
El nuevo contrato prevé dos espacios diferenciados a disposición del Ministerio en el Centro de Proceso de Datos. El primero albergará el Centro de Seguimiento de la Transmisión y Totalización (CST), desde el que se realizará el seguimiento de la jornada electoral y que deberá mantener visibilidad directa sobre el área operativa de la adjudicataria. El segundo acogerá el Centro de Supervisión y Control (CSC), destinado a monitorizar toda la infraestructura tecnológica desplegada por la empresa. Para ello, el adjudicatario deberá facilitar la conectividad necesaria para utilizar las herramientas que despliegue el propio Ministerio del Interior.
Según refleja el pliego, este centro de control tendrá una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, distribuida en tres salas: operación, reuniones y office. La primera contará con 25 puestos de trabajo, al menos 50 monitores de 27 pulgadas y diez pantallas de un mínimo de 75 pulgadas para seguir el proceso electoral y monitorizar eventos e incidentes. El contrato de 2022 ya contemplaba un espacio para el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), mientras que el nuevo pliego define expresamente las funciones y el equipamiento del CSC, desde el que Interior podrá supervisar toda la infraestructura tecnológica de la adjudicataria.
Un contrato de 46 millones
En esta licitación, el Gobierno ha aumentado cerca de un 27% el valor estimado del acuerdo marco, que se fija en 46,06 millones de euros, sin IVA, frente a los 36,3 millones del expediente de 2022. Por su parte, el nuevo pliego administrativo estima en 13,96 millones de euros, sin IVA, el precio de un proceso electoral celebrado por separado, frente a los 11 millones previstos en el documento de 2022. Para la celebración simultánea de dos procesos, el nuevo importe asciende a 16,16 millones, y para tres o más, a 18,36 millones.
El contrato incorpora, además, una nueva funcionalidad para la gestión de candidaturas. La aplicación permitirá a las formaciones políticas incorporar directamente información electoral a la plataforma por vía telemática, incluida la presentación de candidaturas, si se decide poner en funcionamiento esta opción. Este módulo estará conectado con el Registro de Partidos Políticos para facilitar la identificación de las formaciones y la comprobación de los datos incorporados.
Será Interior, con el visto bueno de la Junta Electoral Central, quien decida su puesta en funcionamiento, bien mediante un proyecto piloto en determinadas circunscripciones o de manera completa. No obstante, las Juntas Electorales mantendrán sus competencias para validar la documentación y proclamar las candidaturas.
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