El anuncio de licitación del megacontrato del Ministerio del Interior para el seguimiento del escrutinio electoral quedó ayer anulado, el segundo revés en apenas quince días para un procedimiento valorado en 46 millones de euros. La tramitación de este contrato corresponde a la Dirección General de Política Interior, dependiente de la Subsecretaría del Interior, que tendrá que volver a publicar el anuncio tras detectar un nuevo error.
El anuncio de la licitación se publicó ayer a las 9.45 horas y, diez minutos después, se procedió a su anulación “debido a un error”. En la justificación de la anulación se señala: “Debido a un error se ha anulado el envío al BOE del anuncio de licitación, por lo que es necesario anular el anuncio y volver a publicarlo“. Sin embargo, el Diario Oficial de la Unión Europea sí llegó ayer a publicar el anuncio de la licitación.
Segunda anulación
Resulta, cuanto menos, peculiar que, tras lo ocurrido ayer, sea la segunda vez que este expediente queda anulado, aunque volverá a reactivarse tras la subsanación del error. Tal y como avanzó Artículo14, el pasado 9 de septiembre, Interior anuló el anuncio previo de la licitación aludiendo a un “error aritmético”. Se trataba de una diferencia de cálculo de cien euros en un contrato de 46,064 millones, como queda reflejado en el segundo procedimiento anulado.
A su vez, este defecto “aritmético” es subsanable sin necesidad de anulación, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), según los expertos consultados por este medio. Para la Dirección General de Política Interior, este contrato es su mayor licitación por importe económico. Su finalidad es cerrar un nuevo acuerdo marco por cuatro años para el seguimiento del escrutinio y de los “resultados de los procesos electorales y consultas populares que se convoquen, así como otros servicios complementarios”.
No será posible acortar los plazos
En la práctica, la anulación del anuncio previo implica que Interior pierde la posibilidad de acortar los plazos para recibir ofertas. Además de informar a los potenciales interesados en la licitación, contar con este paso previo permite, si así se considera, reducir en 15 días el plazo. En este caso, esta posibilidad queda descartada y la fecha prevista para recepción de ofertas es el 30 de octubre.
Mientras tanto, los expertos consultados apuntan a que Interior optó por utilizar el “error aritmético” como una fórmula para subsanar otra cuestión relacionada, más aún cuando la diferencia económica es de cien euros. De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, que faculta a las administraciones públicas para la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, este tipo de error que no requiere anulación. La LCSP prevé también la modificación de los pliegos por un error aritmético en el artículo 122.1 (relativo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares).
Competencia internacional frente a Indra
A la espera de la publicación del anuncio definitivo, el anulado incluye unos condicionantes que anticipan la posible participación de empresas internacionales en una tarea que históricamente ha sido adjudicada a Indra. Interior anticipa la participación de tres operadores y un “número máximo de cinco”. En la actualidad, este acuerdo marco está firmado con Indra por un importe máximo 39,93 millones de euros (sin IVA) como máximo, ya que el gasto varía en función de si se realiza un único proceso electoral (11 millones) o la concurrencia de tres o más (15,4 millones).
La compañía que preside Ángel Simón ha sido la responsable de la gestión tecnológica del escrutinio de las elecciones generales y municipales prácticamente en todas las convocatorias recientes, con la excepción de las generales de 2015 y las municipales y europeas de 2019, que fueron adjudicadas a dos uniones temporales de empresas (UTE). Para Indra, la división electoral es la que registra un mayor crecimiento. En el primer semestre, multiplicó por 2,6 sus ingresos, hasta los 68 millones en el primer semestre, con el escrutinio de las elecciones de Andalucía y de Aragón.
Condicionantes de entrada
A diferencia de la última licitación de 2022, cuyo contrato con Indra vence el próximo 23 de marzo de 2027, Interior ha modificado los criterios de solvencia técnica y profesional, así como de solvencia económica y financiera en este nuevo concurso, que en la práctica suponen una barrera de entrada para empresas tecnológicas no especializadas en el escrutinio electoral.
El oferente debe acreditar una relación de los “principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años”, por un importe mínimo anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 8,1 millones. A su vez, la cifra anual de negocio, en el año de mayor volumen de los tres últimos disponibles, deberá ser de al menos 17,25 millones.
Un contrato con partida presupuestaria aprobada
Una vez que vuelva a activarse esta licitación, el Gobierno ya contará con toda la maquinaria electoral en marcha. El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Ministros acordó la autorización de este acuerdo marco “para la prestación de los servicios necesarios para la difusión de la información provisional de los resultados de los procesos electorales, así como de otros servicios complementarios”, por un valor estimado de 46.064.980,50 euros.
Esta licitación se suma a la adjudicación, en mayo de 2026, del acuerdo marco para urnas electorales y kits de material de oficina por 1,42 millones de euros. Un expediente que identifica claramente las próximas convocatorias electorales de las que es responsable el Estado y que viene a completar adjudicaciones previas. En enero de 2025, tal y como adelantó Artículo14, el Gobierno licitó el suministro y la distribución de sobres electorales y manuales para los miembros de mesa y otros impresos electorales para las elecciones municipales y generales de 2027.
Sobre la convocatoria de las elecciones, por ahora, Pedro Sánchez se mantiene en la tesis del próximo año: “Cuando lleguemos al año 2027, veré exactamente cuándo es el momento en interés de España. Tengo margen para decidir cuándo hacerlo”, ha asegurado. Hasta el próximo 23 de marzo, Indra mantiene la titularidad del actual acuerdo marco. Su continuidad dependerá de la resolución de un concurso que, antes incluso de abrir el plazo de presentación de ofertas, acumula ya dos anulaciones.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.