En plena polémica por el efecto de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la Ley de Nietos, y mientras Pedro Sánchez deshoja la margarita de la fecha de las elecciones generales, el Gobierno acaba de anular un megacontrato de 46 millones para el seguimiento del escrutinio electoral. En el contexto de un hipotético adelanto electoral, la publicación de este contrato el pasado 20 de julio no pasó inadvertido. El objeto de este contrato dependiente del Ministerio del Interior era el establecimiento de un acuerdo marco para el seguimiento del escrutinio y de los “resultados de los procesos electorales y consultas populares que se convoquen, así como otros servicios complementarios”.
Tal y como ha podido confirmar Artículo14, el anuncio de esta licitación de la Dirección General de Política Interior se anuló el pasado 2 de septiembre, apenas diez días antes de la fecha prevista para el inicio de la adjudicación, tal y como recoge la publicación inicial. Como motivo de la anulación del anuncio de la licitación se señala un “error aritmético”. Según explica Berta Redondo, consultora de Contratación Pública, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), no suele ser un motivo de anulación, dado que es un defecto subsanable y la mesa de contratación debe permitir su rectificación. “Es una anulación muy peculiar porque ni siquiera habían concurrido ofertas“, añade.
Fuentes del Ministerio del Interior trasladan que lo que se ha anulado es el anuncio previo y que no había llegado a publicarse la licitación.
Desde el punto de vista de un operador económico potencialmente interesado en este concurso a fecha de 15 de septiembre esa licitación, aún en fase preliminar con el anuncio previo, ahora no existe y así se refleja en el portal de Contratación Pública, donde figura como anulada.
Un error rectificable sin necesidad de anulación
En este sentido, aclara que “un error aritmético previo a la publicación de los pliegos ocurre cuando se detecta una equivocación matemática por parte del órgano de contratación en la fase de preparación del expediente”. Por ejemplo, una determinación errónea en el valor estimado del contrato, que, a su vez, implica un valor del presupuesto base de licitación erróneo, que queda así reflejado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Pero se trata de un error rectificable que no obliga a la anulación. “De hecho, así lo recoge el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, que faculta a las Administraciones Públicas para la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. E igualmente la LCSP contempla la modificación de los pliegos por un error aritmético en el artículo 122.1 (para los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares)”, señala.
Una agenda electoral aún por definir
Más allá de los entresijos de la licitación, en un servicio tradicionalmente adjudicado a Indra -con el Estado, a través de SEPI, como accionista mayoritario- la anulación de este megacontrato lanza también un mensaje entrelíneas en cuanto a la agenda electoral. Pedro Sánchez ha descartado un superdomingo electoral, en el que coincidan las municipales, autonómicas y generales, esgrimiendo su respeto a las elecciones de las comunidades autónomas “sin contaminación de otros procesos electorales”. Estas últimas, junto con las municipales, se celebrarán en mayo de 2027.
Descartada su coincidencia con las generales, Sánchez no ha dado aún detalles: “Cuando lleguemos al año 2027, veré exactamente cuándo es el momento en interés de España. Tengo margen para decidir cuándo hacerlo”, aseguró la semana pasada en una entrevista en Mañaneros 360.
Pendientes de los Presupuestos
Bajo el mensaje oficial de agotar la legislatura, el Gobierno insiste en que presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2027, aunque no se prevé llegar a tiempo al mandato constitucional de presentarlos antes del 30 de septiembre. El único compromiso del presidente es que las cuentas se voten antes de fin de año.
Unas cuentas, después de una legislatura que ha funcionado con los Presupuestos prorrogados desde 2023, que tendrán un marcado carácter electoral. “Serán los más sociales de la historia”, aseguró Sánchez, para pedir a sus socios parlamentarios “un ejercicio de compromiso con la gente” con su respaldo a estas. Frente al discurso oficial de agotar la legislatura -“cada día que permanece este Gobierno es un día ganado para los derechos de la gente“, afirmó ayer en El Intermedio– una alternativa que gana opciones es utilizar el fracaso de sacar las cuentas adelante como excusa para convocar las elecciones generales, tal y como ha informado Artículo14.
Indra en el punto de mira
La anulación de la licitación tiene entre los potenciales licitadores más afectados a Indra. Precisamente, las conversaciones previas que habitualmente se mantienen con los potenciales candidatos ante contratos millonarios como podrían explicar lo ocurrido. Esta convocatoria, en la que a diferencia de 2022, “se incluyeron nuevos servicios complementarios, como el desarrollo de una web del proceso y servicios relativos a los resultados definitivos”, Interior preveía contar con tres operadores en el acuerdo marco. Cuatro años antes, ya anticipó un único operador: Indra, que fue la adjudicataria de un contrato de 39,93 millones (impuestos incluidos).
Para Indra, la división electoral es la que registra un mayor crecimiento y, así, multiplicó por 2,6 sus ingresos, hasta los 68 millones en el primer semestre. Indra fue la encargada de gestionar el escrutinio de las elecciones de Andalucía y de Aragón. De hecho, la empresa presidida por Ángel Simón, desde el pasado 2 de abril, ha sido la responsable de la gestión tecnológica del escrutinio de las elecciones generales y municipales prácticamente en todas las convocatorias recientes, con la excepción de las generales de 2015 y las municipales y europeas de 2019, que fueron adjudicadas a dos UTEs.
Maquinaria electoral en marcha
Si bien la licitación anulada es la de mayor importe desde 2022, cuando inició la licitación del anterior acuerdo marco relacionado con el escrutinio de los procesos electorales, la maquinaria electoral ya está en marcha. En mayo de 2026, la Dirección General de Política Interior finalizó la adjudicación del acuerdo marco para urnas electorales y kits de material de oficina por 1,42 millones de euros. Un expediente que claramente identifica las próximas convocatorias electorales responsabilidad del Estado y que viene a completar adjudicaciones previas.
En enero de 2025, tal y como adelantó Artículo14, el Gobierno licitó el suministro y distribución de sobres electorales y manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales para las elecciones municipales y generales de 2027.
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