Se avecinan semanas de vértigo en los tribunales para Pedro Sánchez. Su calendario judicial antes de agosto afrontará varios hitos. En primer lugar, se espera que la sentencia del Tribunal Supremo del caso mascarillas llegue la próxima semana. En ella están procesados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. La Fiscalía pide para ellos 24, 19 y 7 años respectivamente. Se les juzga por mordidas ilegales. La petición para Aldama es mucho menor por su colaboración con la Justicia para “el esclarecimiento de los hechos”.
Además, fuentes autorizadas confirman a Artículo14 que “en semanas” se podría levantar el secreto de sumario de la pieza que investiga los pagos en efectivo al PSOE. Una causa que investiga Ismael Moreno en la Audiencia Nacional desde finales de 2025. Nace de los descuadres que encontró el Supremo en las investigaciones del caso Koldo. Había desfase de dinero entre las entregas de efectivo que quedaban registradas en las cuentas del partido y lo que aparecía reflejado en las conversaciones. También recoge las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, y un sobre de PDVSA -la empresa pública de petróleo venezolano- que entregó Aldama y que, según su versión, son prueba de financiación ilegal del partido.
Asimismo, esta misma semana se levantará el secreto de la última pieza del caso Leire Díez. La causa tiene dos bloques y los investigadores sospechan que en ambos entramados el líder era Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista. Por un lado, se investigan las maniobras de Leire Díez para desestabilizar causas judiciales sobre el PSOE y el Gobierno. Por otro, los tejemanejes de Leire Díez, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso para amañar contratación pública a través de la SEPI. Es en esta segunda parte de la investigación en la que permanecen actuaciones bajo secreto que conoceremos de forma inminente.
El juez Santiago Pedraz, que instruye esta causa, ha pedido una veintena de declaraciones de cara a finales de junio, principios de julio. Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, acudirá a declarar como testigo el 10 de junio para explicar sus encuentros con Leire Díez. Además, acudirán generales de la UCO el 26 de junio. La empresaria Pano está citada el 29 de junio para aclarar si la abogada Leticia de la Hoz trató de sobornarla para alterar su relato sobre las entregas en efectivo del PSOE. De la Hoz, letrada de Koldo García, irá como imputada el 14 de julio.
La declaración de Zapatero
Otro de los grandes frentes para el PSOE es la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en el caso Plus Ultra el próximo 17 de julio. El juez José Luis Calama le preguntará por el sumario de más de 4.000 páginas, que desvela una presunta intermediación del expresidente del Gobierno para que la compañía aérea Plus Ultra lograra un rescate de 83 millones de euros públicos del Estado Español. A cambio se habría llevado comisiones a través de sociedades interpuestas de su amigo Julio Martínez Martínez. La UDEF sospecha que,, aparte de esta operación, se realizaron otras relativas a la venta de petróleo, oro y níquel venezolano. En todo ello Zapatero sería, presuntamente, el líder de la trama criminal.
En lo que respecta a los casos que afectan al entorno del presidente, este martes queda visto para sentencia el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. En la Audiencia Provincial se juzga al hermano del presidente junto a otros once procesados por un delito de prevaricación y tráfico de influencias, por presuntamente haber enchufado a David Sánchez en la Diputación de Badajoz y a su amigo Luis Carrero. Las acusaciones populares piden para David Sánchez 6 años de prisión mientras que la Fiscalía defiende su inocencia, pide el archivo del caso que dice está “basado en conjeturas”.
Por último, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que acudir a los juzgados de Plaza Castilla el próximo 15 de junio a las seis de la tarde presencialmente o el juez Juan Carlos Peinado “ordenará a la fuerza pública” para que acuda, según dijo en su auto. Es el último paso para enviar la causa a la Audiencia Provincial y que sea juzgada por un jurado popular. Será procesada por tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación y corrupción.
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