Santos Cerdán fue el líder para todo. Para planear maniobras en aras de desestabilizar procesos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE y, también, para conseguir amañar contratos públicos a cambio de mordidas usando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y, según la investigación de la Guardia Civil, en todo esto Leire Díez fue su “fontanera”, la persona que le hacía el trabajo en la sombra.
De ahí que a finales de 2020 Leire Díez anotara en su libreta, a la que ha tenido acceso Artículo14: “¿Dónde puede estar Vicente para que siga tutelando la acción de Sepi si tenemos claro que es la persona que reúne mejores condiciones?”. Se refería a Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, momento en el que él mismo dimitió como consecuencia de su imputación en el caso conocido como Aznalcóllar.
La obsesión de Díez era que Fernández volviera a controlar la SEPI, y por eso en sus anotaciones se centraba en ver cómo podía archivarse el caso de Aznalcollar, que juzgó un presunto amaño en la Junta de Andalucía por la contratación pública de una empresa que se encargara de la reapertura de la mina de Aznalcollar. En el Consejo en el que estaba Fernández y, finalmente, el caso se archivó en 2025, pero este no volvió presidir la SEPI.
Ahora, los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que ambos intermediaron en la concesión de al menos cinco contratos, llevándose mordidas de hasta 760.000 euros con la ayuda de Antxon Alonso, socio y amigo de Santos Cerdán. En concreto, sospechan que Santos Cerdán puso en contacto a los tres que a través de un chat llamado Hirurok -Nosotros tres en euskera– y acordaron la intermediación en adjudicación de contratos en organismos públicos dependientes de la SEPI a cambio de contraprestaciones. En total, hay cinco contratos bajo la lupa valorados en 133 millones de euros.
Así las cosas, tanto sus anotaciones en agendas privadas como los mensajes intercambiados entre Fernández, Leire y Cerdán muestran el anhelo de introducir sus tentáculos en el seno de la SEPI. Cuando nombraron a Belén Gualda en 2021 como nueva presidenta, intentaron que fuera Leire Díez quien tomara el control desde dentro como jefa de gabinete: “Necesitaremos a la Gualda bien pronto, entre otras cosas para tu Dirección de Gabinete. El puesto vacante en la SEPI último es el de Director de Auditoría. Se le cambian las funciones a las de Director de Gabinete y tan sencillo”, decía Fernández.
Así las cosas, Fernández -en su libreta, a la que ha tenido acceso este periódico- aseguraba que el control que ejercería Leire Díez sería “no visible pero oficial”, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas. Es más, en sus conversaciones revelaban el interés económico que había detrás de ese intento de control: “Vamos a recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe”, decía Leire ya en mayo de 2021. A lo que contestaba Fernández: “Además de que ahora mismo tenemos que mirar por nuestro culo y nuestras economías”.
La UCO señala que desde 2020, desde que estalló el caso Aznalcollar, Cerdán tenía puesto el ojo en que Fernández volviera a la SEPI. “Buenos días Vicente, ¿estás ya incorporado?”, le preguntaba en 2020, a lo que contestaba: “Hola Santos. Aún no. A ver si la Jueza Fernández resuelve pronto. Me hablan de días”.
A partir de ahí, se reunieron varias veces. Incluso acudieron a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cabe recordar que la SEPI depende de este ministerio. Santos intentaba convencerles para poner a Leire Díez como jefa de gabinete porque “es del partido” y necesitaban “tener alguien que defienda a los nuestros cerca de la presidenta”, según afirmaba, en referencia a otro caso judicial de la Junta Andalucía llamado Isofotón.
Asimismo, Antxon Alonso usó presuntamente su sociedad, Servinabar, para canalizar parte de las mordidas. La UCO sospecha que el control de esta compañía lo tenía Cerdán, que “ostentaba el 45% de las participaciones de forma velada” porque el contrato que firmó, y que encontraron los agentes en su domicilio con la compra de la empresa, no estaba registrado oficialmente.
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