El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue la evolución del accionariado de Plus Ultra, con el foco puesto en la entrada de capital venezolano en 2017 y en su posible influencia en el rescate público de 53 millones de euros que la compañía obtuvo del Gobierno en plena pandemia. La petición llega en el marco de la causa en la que el magistrado sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de mediar en aquella concesión, hechos por los que acordó su imputación.
En una providencia, Calama accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y emplaza a los investigadores policiales “para que realice un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra”. El análisis seguirá la trayectoria de la compañía desde 2017, año en el que entró capital venezolano.
El escrito del Ministerio Fiscal reconstruye la trayectoria societaria de la aerolínea, constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola —imputado en la causa— y Fernando González Enfedaque. La fiscal subraya “la existencia de diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano”.
Desde entonces, añade el Ministerio Público, “la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital”. Entre ellos figura el empresario Rodolfo Reyes, que se encuentra en busca y captura.
Para la Fiscalía, la operación societaria no es un asunto menor, sino un elemento central de la instrucción. “El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial de la misma”, argumenta en su escrito.
Por ello, el Ministerio Público reclamó a la UDEF “un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos”.
Con este encargo, la instrucción busca reconstruir al detalle quién controlaba realmente la aerolínea cuando pidió el rescate y si la composición de su capital debió pesar en la decisión de concederle una ayuda que se ha convertido en el epicentro judicial del caso.
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