En su última intervención pública, el pasado 23 de julio, cuidadosamente preparada en la televisión pública, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a negar haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 por valor de 53 millones de euros. Todo ello cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está investigando al expresidente como “presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo” en Plus Ultra.
“Porque le reitero, señoría, afirmo, o reafirmo, que no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario y con ningún empleado público sobre el rescate del Plus Ultra. En ningún momento, en ninguna circunstancia”, recalcó Rodríguez Zapatero ante el juez. Y, a continuación añadió: “No sólo no me interese, no solo no mande un WhatsApp, no solo no influí, es que ni siquiera hablé con nadie del sector público, con ningún político ni con ningún empleado sobre el rescate del Plus Ultra”.
Así respondió cuando el juez Calama le preguntó por sus comidas entre julio y septiembre de 2020, cuando se aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Tal y como ha publicado este medio, tanto el presidente Pedro Sánchez como José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, están en el punto de mira del magistrado. Pero para llegar a esta fase, el expediente tuvo que superar diferentes procedimientos, entre ellos la emisión de varios informes del Ministerio de Transportes que avalaban la actividad de la compañía y su encaje dentro de los requisitos exigidos para acceder al rescate.
Transportes, la clave

Precisamente, dos días antes de comparecer en el Senado, el pasado 2 de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero se interesó por el perfil del alto cargo de Transportes que el 24 de febrero de 2021 firmó el informe de análisis de la actividad de la compañía aérea Plus Ultra. Se trata de Raúl Medina, director general de Aviación Civil desde 2015.
Este informe resultó determinante para que la SEPI respaldara el rescate de la aerolínea. El documento de Aviación Civil describía una compañía con una presencia muy reducida en el mercado español: en 2019 había transportado apenas 155.000 pasajeros, equivalentes al 0,1% del tráfico aéreo nacional, ocupando el puesto 77 entre las aerolíneas que operaban en España. También subrayaba que su aportación al empleo y a la actividad aeroportuaria era “limitada”, que acumulaba pérdidas desde el inicio de su actividad en 2015 y que su presencia en el mercado latinoamericano era “minoritaria”.
Pese a ese diagnóstico, el documento terminaba justificando el apoyo público al considerar que la ruta con Venezuela tenía un valor diferencial y que el transporte aéreo constituye un sector estratégico para España. En concreto, destacaba que únicamente en el caso de Venezuela la presencia de Plus Ultra alcanzaba una cuota del 19,4%, mientras que en el resto de sus mercados, como Perú o Ecuador, su relevancia era muy reducida. Además, concluía que “el apoyo financiero sigue siendo clave para el sostenimiento de la operativa de la compañía, aUn bajo los supuestos de crecimiento optimistas de la compañía”.
Aviso de los funcionarios de Transportes
La relevancia de ambos documentos quedó patente en los recelos de los funcionarios de Transportes. Tal y como publicó Artículo14, inspectores y funcionarios de Transportes dejaron por escrito sus reservas sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a Plus Ultra para blindar su responsabilidad ante una eventual investigación judicial, como la que ahora se está realizando en la Audiencia Nacional.

Fue precisamente en ese contexto cuando Zapatero recibió el viernes 27 de febrero a las 13:23 horas una serie de mensajes que destacaban el perfil de Raúl Medina. Tras recordar que fue nombrado director general de Aviación Civil en mayo de 2015 por Ana Pastor, ministra de Fomento con Mariano Rajoy, su interlocutor le informó de que desde el 1 de enero de 2023 es el director general de Eurocontrol.
“Es un fuera de serie”
El interlocutor del expresidente no ahorró en calificativos sobre su perfil profesional: “Me dicen que es un fuera de serie”. “Director de Eurocontrol, nada menos”.

El nombramiento de Raúl Medina como nuevo director general se acordó en junio de 2022, aunque su mandato comenzó el 1 de enero de 2023 y tiene una duración establecida de cinco años, hasta 2028. Antes de asumir el cargo, fue presidente de su consejo entre 2018 y 2021.
Enviados a SEPI, el 24 de febrero
Rodríguez Zapatero reenvió toda esta información a su secretaria, Gertrudis Alcázar, apenas 72 horas antes de su comparecencia en el Senado. Por su parte, esa misma noche, tras confirmar otro dato clave -que el informe de Aviación Civil y el emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) llevaban la misma fecha, el 24 de febrero de 2021- respondió a su jefe: “Ok. Mañana te mandamos el folio añadiendo esta información”.
La coincidencia no era casual. Raúl Medina no solo firmó el informe de la Dirección General de Aviación Civil, sino que además presidió la AESA entre 2015 y 2022, de modo que ambos organismos, cuyos informes resultaron determinantes en la tramitación del rescate, estaban bajo su máxima responsabilidad técnica.
Así, el informe de la AESA concluía, tras enumerar que Plus Ultra contaba con tres aeronaves en arrendamiento y una plantilla media, a 31 de octubre de 2020, de 210 empleados, que el último informe de auditoría disponible correspondía al ejercicio 2019 (finalizado el 31 de enero de 2020), emitido el 20 de agosto de 2020 por Audicar, S.L., con una “opinión favorable con una observación referente al riesgo de aplicación del principio de empresa en funcionamiento”.
Vía “Abalos”

Cabe recordar que la llamada “vía Ábalos” fue la primera que pusieron en marcha los directivos de Plus Ultra. Sin embargo, tal y como han apuntado fuentes próximas al exministro de Fomento, el propio Rodríguez Zapatero “le puenteó en la gestión” y él se enteró del rescate “ya en el Consejo de Ministros, con todas las gestiones hechas”.
Entretanto, el exministro de Fomento lanza su particular mensaje al juez Calama: “La clave de todo es María Jesús Montero. Debería testificar en el caso Plus Ultra”.

