El legado envenenado de Montero en Hacienda

Cupo, financiación autonómica, condonación de la deuda, Presupuestos… Arcadi España ha recibido de María Jesús Montero un campo de minas como herencia, que en el cambio de cartera el pasado 27 de marzo parecía que podía quedar desactivado con una gestión continuista y muy política en el poco más de un año de legislatura que restaría si se mantiene el calendario actual. En lo que fue la anécdota del cambio de cartera, -“Le decía a la vicepresidenta, a la amiga María Jesús (Montero), que pesaba bastante (la cartera). Luego veremos lo que hay dentro”-, el recién nombrado ministro probablemente no imaginó lo pesado de la misma.

A la agenda prevista, se suman ahora los casos de corrupción que salpican al Ministerio de Hacienda y a su principal entidad adscrita, la SEPI. Desde el pasado 29 de junio, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda está imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación del caso Leire Díez. Junto a ella, un cargo de confianza nombrado por Montero, su predecesor Vicente Fernández, un hombre clave en la trama liderada por Santos Cerdán.

SEPI, en el punto de mira

Los tentáculos del caso Leire Díez han llegado al corazón de la SEPI, como refleja el dato de que quince altos cargos, entre ellos su presidenta, están investigados. Algunos como la exdirectora de Participadas II, Rosario Martínez Manzanedo, a la que Fernández felicitó por su implicación en el rescate de Tubos Reunidos, han sido recolocados en otros puestos, como la Fundación SEPI.

María Jesús Montero también fue responsable del nombramiento, junto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de María de la Concepción Ordiz Fuerte, como presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En un mensaje interceptado por la UCO, Vicente Fernández escribía: “Conchita ha cumplido” en relación a una adjudicación pública.

En este contexto, el malestar interno en la plantilla del hólding empresarial del Estado, accionista de grandes cotizas como Indra, Telefónica o Redeia, va en aumento. Según transmiten a Artículo14 fuentes del ente público, no ha habido una comunicación interna a los trabajadores por parte de la cúpula. Formalmente, el Gobierno mantiene su respaldo a Gualda. “Me parece una gran profesional, competente, una magnífica servidora pública, que ha hecho desde que está presidiendo la SEPI y continúa haciendo y hará un trabajo magnífico”, aseguró este martes Arcadi España en el Senado.

Crisis en la AEAT

Si “el ruido y la furia”, como admitió España en su comparecencia, en la gestión de los rescates tras la pandemia que movilizaron 2.600 millones ha puesto la reputación de la SEPI en el precipicio, la gestión del caso de las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría sido la gota que colmó el vaso en la cúpula de la Agencia Tributaria (AEAT). Ayer se oficializó que su directora, Soledad Fernández Doctor, ha pedido el traslado tras cuatro años al frente de la misma. Fernández llegó al cargo después de que Jesús Gascón asumió en junio de 2022 la Secretaría de Estado de Hacienda.

España hereda un hondo malestar interno por caso de las joyas, el bochorno por la actuación de la AEAT en la causa del hermano de Pedro Sánchez, y por la negociación del cupo catalán, contra la que se ha movilizado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Tampoco es del agrado de IHE el intento de facilitar el acceso a la Función Pública y de permitir ser inspector con un test. Sí que hay un foco de descontento que se ha originado bajo el mandato del nuevo ministro: la indefensión que sienten los inspectores y su pesar porque nadie en el Ministerio defienda su labor tras el aluvión de críticas que han recibido por la sentencia que ha dado la razón a Shakira. Lo que España ha intentado zanjar alabándolos y recurriendo al comodín de la ultraderecha.

Presupuestos

La misma sensación de desazón tiene parte del equipo ministerial que durante toda la legislatura solo ha podido aprobar un Presupuesto General del Estado, el correspondiente al año 2023. Son las cuentas prorrogadas en 2024, 2025 y 2026 las que a través de enjuagues y modificaciones de partidas están permitiendo al Gobierno elevar el gasto en Defensa hasta más de 40.000 millones sin pasar por el Congreso de los Diputados o desviar fondos para elevar su participación en Telefónica.

Así, entre los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también existe un profundo malestar. La IGAE, que actúa como el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la cual a su vez está integrada dentro del Ministerio de Hacienda.

Financiación autonómica

Una vez asumido que tampoco en 2026 tampoco habrá presupuestos y que el objetivo es tratar de salvar el 2027, a corto plazo -tres meses después y una vez pasadas las elecciones andaluzas- a España se le acumulan las tareas, empezando por la reforma de la financiación autonómica. El próximo lunes, se estrenará ante sus homólogos de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En el orden del día se incluye la regla de gasto, los objetivos de déficit del Estado y de las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Sin embargo, la verdadera patata caliente, la reforma de la financiación autonómica que exigen las comunidades autónomas y que su antecesora presentó el 14 de enero como “el modelo que blinda el Estado de bienestar, eleva la solidaridad interterritorial y reduce las diferencias en financiación por habitante”, sigue pendiente. Hace un mes, Arcadi se comprometió a que el nuevo modelo de financiación autonómica entré en vigor el 1 de enero de 2027.

De momento, es el secretario de Hacienda el encargado de testar las sensibilidades regionales y tratar de resolver la ecuación: cómo doblarse a las exigencias que ha impuesto ERC al PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa con la cesión del 100% de la recaudación y la gestión de todos los impuestos, mientras el resto de regiones verán reducidas las aportaciones a la caja común.

Entretanto, Arcadi cuenta a su favor con una recaudación récord derivada de la buena marcha de la economía española y el impulso de los fondos europeos que finalizan este próximo 1 de agosto. Quizás el único viento de cola, que puede ayudar a aligerar la “pesadez” de la cartera.