El pulso entre el Partido Popular y el Gobierno por su ausencia en el Senado en el mes de agosto escala un peldaño más. El Grupo Popular llevará al pleno de la Cámara Alta del próximo 8 de septiembre un nuevo conflicto de atribuciones -la vía que abre el camino al Tribunal Constitucional- por la negativa de los ministros socialistas a comparecer por la crisis de Ceuta.
“Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles”, advierte la portavoz popular en el Senado, Alicia García.
El origen del choque está en la negativa de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles a atender las comparecencias urgentes reclamadas por el PP, que tiene mayoría absoluta. Los tres, denuncia García, prefirieron “escaparse” de la Cámara Alta. Una “incomparecencia” que la dirigente popular califica de “auténtica vergüenza” y que, a su juicio, retrata “la soberbia de Pedro Sánchez y cuál es su interés”.
Frente a ese “pisoteo” de la ley, el PP esgrime un doble anclaje jurídico: el artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, y el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece expresamente su obligación de comparecer.
“No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria”, remarca García, que rechaza que el paso posterior por el Congreso subsane el desplante: “Una comparecencia posterior ante el Congreso no sustituye ni repara la comparecencia regularmente reclamada por el Senado”. Y sentencia: “El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace. Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla”.
Cinco reprobaciones sobre la mesa
El mismo pleno debatirá las reprobaciones de los tres ministros ausentes, a los que el PP añade a las titulares de Igualdad y Sanidad, Ana Redondo y Mónica García.
Los populares fundamentan la censura en “la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España” provocados por el asalto masivo a la frontera de Ceuta del 30 y 31 de julio, y la concretan en tres reproches: la “negligencia” en el deber de prevenir y evitar el asalto, la “pasividad” para implementar medidas eficaces pese a que ha transcurrido más de un mes desde el inicio de la crisis y la “falta de explicaciones veraces acerca de las causas y los responsables de la invasión de nuestra frontera”.
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