Los hijos de los más de 163.000 ‘nietos’ nacionalizados españoles sí podrán votar en las elecciones del 29N. El Tribunal Supremo deniega la petición de Vox y Iustitia Europa de suspender también del voto a aquellos que hayan obtenido la nacionalidad por ser hijos de los que la obtuvieron gracias a la instrucción dictada por el ministerio de Justicia tras la aprobación de la conocida como ley de nietos.
El Ato Tribunal alega falta de tiempo para cumplir con las garantías legales de estos descendientes de los ya llamados ‘nietos’. Es decir, si las elecciones no se celebraran en menos de tres semanas, el Supremo aplicaría el mismo argumentario para los hijos de los ‘nietos’: “Si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos, pues el único título jurídico por los que estos han visto reconocida su nacionalidad española y la consiguiente inscripción en el CERA es ser descendientes en primer grado de aquellos”, alegan los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Cabe recordar que los ‘nietos’ son aquellos españoles que obtuvieron la nacionalidad por una instrucción aprobada por el ministerio de Justicia en 2022, justo después de aprobar la ley de memoria democrática. En esa disposición se indicaba que se “presumía” que todos los hijos de los emigrantes entre los años 1936 y 1955 eran exiliados del franquismo y, por tanto, no necesitaban alegar nada más para obtener la nacionalidad. Si bien, en el texto de la ley aprobada en el Congreso de los Diputados se indicaba que tenían que alegar que habían abandonado el país por razones ideológicas, políticas de creencia u orientación sexual.
De ahí que Vox y Iustitia Europa recurrieran ante la Junta Electoral primero y ante el Supremo después. Alegaban que la instrucción del ministerio se saltaba la ley aprobada en el Congreso de los Diputados.
El Supremo acordó como medida cautelar suspender cautelarmente el derecho a voto hasta que lograran justificar administrativamente los requisitos expuestos en la norma aprobada por las Cortes. Es decir, que demostraran los motivos de la marcha de sus antecesores. Meses después los dos partidos políticos recurrentes pidieron ampliar la cautelar a los descendientes de los 163.000 que obtuvieron la nacionalidad por el mero hecho de ser hijos de los primeros. Es aquí cuando el Supremo asegura que por el “breve lapso de tiempo” que queda para las elecciones generales no es viable brindar a los hijos de los ‘nietos’ la posibilidad de personarse en la causa y garantizar sus derechos fundamentales antes de los comicios.
De hecho, el Supremo vuelve a afear al Gobierno que haya tardado tanto en identificar en primer lugar a los 163.000 nietos: “No debe olvidarse, por otra parte, el tiempo transcurrido desde la adopción de nuestro auto de 10 de septiembre hasta que la Administración facilitó en condiciones la relación nominal de personas afectadas, más de mes y medio -lo reconocimos en nuestra providencia de 29 de octubre-, y que, para ello, tuvimos que hacer apercibimientos explícitos a los Ministros afectados”.
No obstante, hay un magistrado que no comparte el argumento de la “perentoriedad” de las elecciones al que aluden la mayoría de los magistrados de la Sala. Para Antonio Jesús Fonseca, suspender el voto a los hijos de los nietos es una medida “más ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada”.
En otra resolución, el Supremo desestima los recursos interpuestos por los afectados que pedían revocar la medida cautelar. El Alto Tribunal insiste que aprecia “de modo cada vez más intenso” presuntas “irregularidades de gran relevancia en el censo CERA” por eso reitera que con la medida cautelar se pretende “la conformación de un censo electoral de electores residentes en el extranjero que quede al margen de toda presunta irregularidad y dotado de limpieza y transparencia”.
Pero ante esta argumentación, la Sala se vuelve a romper y la magistrada Alicia Millán discrepa e insiste que si se deja suspendido de forma cautelar el derecho a voto y finalmente la sentencia final acaba reconociéndoles este derecho el mal será ya irreversible: “La eventual exclusión del proceso electoral produciría un perjuicio definitivo que ninguna resolución posterior podría reparar, al quedar frustrada de manera irreversible la participación en una concreta convocatoria elector”, arguye. Y añade: ”Frente a una hipótesis de ilegalidad que continúa pendiente de confirmación jurisdiccional, la medida cautelar sacrifica de manera inmediata el ejercicio del derecho de sufragio de miles de ciudadanos cuyas situaciones jurídicas conservan plena eficacia. En tales circunstancias, el sacrificio impuesto al derecho fundamental resulta de intensidad muy superior a los beneficios cautelares perseguidos”.
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