El exministro de Transportes José Luis Ábalos gasta su última bala para revocar su condena a 24 años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo. Acaba de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en el que solicita como medida cautelar que se anule su pena. Considera que el Tribunal Supremo violó sus derechos fundamentales.
Para el exministro será clave qué magistrados del Tribunal Constitucional valoran esta petición. Ahora, el pleno está compuesto por 12 magistrados, con mayoría progresista y presidido por Cándido Conde Pumpido. El actual Constitucional no ha tenido reparo en poner en entredicho resoluciones del Alto Tribunal, entrando incluso al choque con los magistrados que sentenciaron el proceso independentista.
Recientemente, el Constitucional ha revocado la interpretación del Supremo acerca de la malversación de los líderes independentistas. De hecho, el ex presidente catalán Carles Puigdemont quedó totalmente amnistiado. El Supremo, a regañadientes, tuvo que levantar la orden de busca y captura de Puigdemont y dejarle regresar a España sin pasar por el proceso penal que atravesaron el resto de líderes.
No obstante, el reparto de poderes del Constitucional puede cambiar tras las elecciones del 29 de noviembre si PP y Vox consiguen controlar los tres quintos del Senado. Tras las elecciones tendrá lugar la constitución de las Cortes con las nuevas mayorías. En la Cámara Alta las comisiones podrían estar formadas a finales de febrero, entre ellas la que se encargue de los nombramientos del TC. “Los nombramientos se podrían hacer con rapidez y tener nuevos magistrados para finales de marzo de 2027”, aseguran fuentes del tribunal consultadas por Artículo14.
Lo único que podría retrasar dicha renovación serían las elecciones autonómicas y municipales de mayo que paralizarían el proceso de renovación dejándolo para el verano.
Hitos que coincidirían con los plazos para entrar a discutir el recurso de amparo presentado por el exministro. El escrito presentado por su abogado la semana pasada comienza ahora un trámite que tardará meses en resolverse. En primer lugar, debe discutir una sección del Constitucional la admisión a trámite del mismo. Es decir, si es pertinente que entrar a discutir sobre la violación de derechos fundamentales en los que podría haber incurrido el Tribunal Supremo en sus sentencias. Las fuentes consultadas estiman que este trámite podría estar listo en febrero de 2027, justo antes del cambio de mayorías. Si bien, una vez esté resuelta la admisión, hay que entrar a debatir el grueso del asunto: si se tumba la sentencia del Supremo.
Para el trámite de la admisión, el ponente asignado es el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Eso sí, la sección que lidera tiene que ponerse de acuerdo. Si no se consiguiera consenso, la cuestión se podría elevar a Sala, con más magistrados debatiendo sobre el asunto y, en última instancia, a pleno donde todos los magistrados del TC opinarían.
Una vez superado el primer escollo, las fuentes consultadas explican que al ser causa con reo, la resolución del amparo sería “relativamente rápida” y para verano podría estar resuelto.
Por tanto, si la derecha gana y da prioridad a la renovación del Constitucional, el recurso de Ábalos sería valorado por nuevos magistrados de mayoría conservadora.
El recurso
En el amparo presentado por su defensa, Ábalos considera violentados una ristra de derechos fundamentales. En primer lugar, considera que su sentencia está basada en las revelaciones del empresario Víctor de Aldama. El comisionista confesó que se llevó comisiones ilícitas gracias a la intermediación del ex ministro y su ex asesor Koldo García. Gracias a esta colaboración con la justicia, Aldama se libró de la cárcel. Si bien, Ábalos cree que se “premió” en exceso a Aldama y que no se “corroboró” su versión: “La sentencia reconoce que «sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena”, apunta el abogado en su escrito.
El exministro también denuncia que no se respetó su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley porque lo acabó juzgando el Tribunal Supremo pese a haber renunciado al acta de diputado y perder el aforamiento en mitad del procedimiento. A su parecer, le correspondía ser juzgado por la Audiencia Nacional y por eso pide que se anule la condena y retrotraer la causa para que la Audiencia Nacional elabore otra condena.
Por último, otra de las grandes reclamaciones de Ábalos es que no se pudo defender al no contar con los dispositivos móviles incautados por la Guardia Civil durante los registros. Denuncia que comparte con Koldo García que cumple 19 años de prisión. Considera que no pudo contextualizar los mensajes a través de los cuales la UCO fue sacando conclusiones en sus informes: “ La condena descansa en buena parte en mensajes presentados mediante informes de la UCO. No se entregó a la defensa el contenido íntegro de ningún dispositivo —ni clon forense con hash, ni copia expurgada, ni datos en bruto—, sino lo que la UCO seleccionó”, zanja en el recurso el exministro.
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