“Confío en salir antes de fin de año”, traslada el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su entorno. En noviembre hará un año en la cárcel de Soto del Real, en la que cumple una pena de 24 años de prisión por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo lo juzgó por amañar contratos de material sanitario durante la pandemia, llevarse comisiones ilícitas y hacer que instituciones públicas contratarán a sus parejas o amigas.
Desde su ingreso, según confirman fuentes de su entorno a Artículo14, está obsesionado con defender su inocencia. Primero se centró en intentar sostener el archivo de su causa. Estudió si debía dejar el acta de diputado para intentar llevar su caso a la Audiencia Nacional y preparó minuciosamente su declaración cuando el Alto Tribunal abrió juicio oral. Es el que mejor conoce todo el procedimiento, según cuentan sus más próximos.
Tras la sentencia, el exministro no descansa. “Ahora está centrado en preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar anular la sentencia del Supremo”, afirman las mismas fuentes. Para poder presentar ese recurso, primero el Supremo tiene que descartar el incidente de nulidad que presentó el mes pasado su abogado pidiendo la suspensión de la sentencia. Calcula que en septiembre el Alto Tribunal contestará a ese incidente de nulidad, y le dejará vía libre para presentar el recurso al Constitucional ya en octubre.
En ese recurso, su defensa dirigida por Marino Turiel pedirá la suspensión de ejecución de condena. Es decir, su excarcelación mientras el Tribunal de Garantías dirime si la sentencia viola sus derechos fundamentales y, por tanto, puede suspenderse. Así las cosas, si sus anhelos se cumplen, podría salir de prisión en noviembre, justo el mes en el que cumpliría un año en Soto del Real. Y en el caso de que el Constitucional no le dé la razón, está dispuesto a llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los argumentos de Ábalos
Los argumentos de Ábalos no han cambiado a lo largo de toda la instrucción. Considera que el Supremo ha violado varios derechos fundamentales durante el periodo de instrucción y también con el fallo. Por un lado, cree que se ha violado su derecho “al juez predeterminado” porque, según sostiene, lo debería haber juzgado la Audiencia Nacional y no el Supremo al renunciar al acta de diputado. El problema es que dejó de estar aforado cuando el Supremo ya había dictado auto de juicio oral. Por eso, para el Alto Tribunal, el juicio debía celebrarse ahí y no retrotraer toda la causa a la Audiencia.
Por otro, Ábalos también denuncia que no ha podido ejercer su pleno derecho a la defensa al no haber tenido acceso a la totalidad de los dispositivos incautados. Sostiene que nunca se devolvieron los móviles del que fue su asesor, Koldo García, a través de los cuales se han fijado las pruebas en las que el Supremo ha basado su condena. “El derecho de acceso efectivo a la prueba ha de venir referido a la fuente original -los dispositivos incautados o, en su defecto, su clon o imagen forense con el código de verificación (hash) que garantice su mismidad- y en modo alguno se agota en el acceso a los informes elaborados por la acusación sobre esa fuente”, decía en su incidente de nulidad Turiel.
Además, el que fue hombre fuerte de Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en el Ejecutivo denuncia una investigación prospectiva. Esto es, que se ha indagado en su vida y obra hasta encontrar algo sospechoso. Y considera que se le comenzó a investigar antes de que el Congreso aprobara el suplicatorio, trámite necesario para poder empezar a investigar penalmente a un diputado.
Asimismo, se queja de las continuas filtraciones a la prensa y de la violación de su derecho a la intimidad al haberse filtrado conversaciones del ámbito personal. En el incidente de nulidad, habla de un “juicio político paralelo” y lamenta que la sentencia del Supremo se haya basado en las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama que, a su juicio, no han sido corroboradas.
Argumentos que, con toda probabilidad, tumbará el Supremo en septiembre y Ábalos denunciará ante el Constitucional.
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