El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este martes en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para analizar la crisis que vive la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes desde el pasado 30 de julio.
Una situación que ha ido más allá de nuestras fronteras y que ha abierto una crisis paralela con un país vecino, Italia. La presidenta Giorgia Meloni ha impuesto controles fronterizos a viajeros procedentes de España, en respuesta a la crisis migratoria, para restringir la libre circulación en el espacio Schengen. Madrid exigió el levantamiento de las restricciones con un ultimátum hasta el 9 de agosto, advirtiendo medidas “proporcionales” si Roma no rectificaba. Ante la negativa italiana, Sánchez respondió aplicando controles aleatorios a viajeros italianos. En este contexto, el ministro Albares cargó contra Italia y acusó al país vecino de haber tratado con “frivolidad” el asunto. Afirmó que la posición de la mayoría de los países europeos ha sido mostrar su solidaridad con España, mientras que acusó al país europeo de actuar con “interés partidista” y “necesidades electorales”. E incidió en que los movimientos secundarios hacia allí por parte de inmigrantes que entran en España son de apenas el 1%.

“La integridad del espacio Schengen está totalmente asegurada”, aseveró. Volvió a señalar a la derecha europea “reaccionaria” en Europa y puntualizó que cualquier inmigrante que llegue a Ceuta será devuelto de forma inmediata mediante la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“La política migratoria de Sánchez preocupa mucho en Europa”, afirman fuentes diplomáticas en conversación con este medio. “No sólo a Italia”. Según analizan, el gesto de Meloni ha ido en consonancia con su política migratoria. “Es una decisión puramente política”, afirman. “En Francia se hace muchas veces, pero no trasciende porque depende de lo mediático del momento”, afirman. “Lo que ha hecho Italia en este momento es asumir el liderazgo de estas voces”.
Las voces europeas
La reacción en Europa a la política migratoria de Sánchez ha sido desigual. La Comisión Europa ha mantenido una postura tibia, y recordó que Ceuta y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen, en respuesta a los planteamientos de suspensión del Espacio Schengen por parte de Italia, Finlandia y Dinamarca, que han sido los países más críticos y temerosos de la seguridad de sus fronteras en cuanto a que la llegada a España pueda ser un coladero para acceder a sus países. El pasado día 4 de agosto, el bloque crítico junto a otros 19 países firmaron una carta conjunta para pedir una reunión de urgencia entre los ministros del Interior.
El El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se ha sumado a las críticas y este martes puso en la diana el proceso de regularización de inmigrantes realizado por el Gobierno de España, al considerar que fue una “muy mala idea”. Kristersson, en una entrevista en el Financial Times, ha considerado públicamente que la regularización de inmigrantes realizada por España podría llevar a Europa a una crisis migratoria similar a la de 2015 y poner en apuros la zona de libre circulación del continente.
Desde la crisis de refugiados de 2015-2016, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa principalmente desde Siria, la Unión Europea ha protagonizado un giro sostenido hacia políticas migratorias cada vez más restrictivas. La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo marca uno de los cambios políticos más significativos de la UE en los últimos años: Bruselas ha optado por endurecer los mecanismos de control, acelerar los procedimientos de retorno y reforzar la dimensión exterior de la política migratoria.
En definitiva, la política de puertas abiertas que Merkel impuso en 2015 con su eslogan: “Lo vamos a lograr”, ya ha quedado obsoleto dentro del modelo migratorio europeo.

Los últimos pasos en este sentido han tenido lugar precisamente este año. En febrero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente dos textos para endurecer la política migratoria, impulsados por una alianza entre partidos de derecha y extrema derecha, que permitirán a los Estados miembros devolver a solicitantes de asilo a países de los que no son originarios siempre que la UE los considere “seguros”. Cuatro meses después, en junio, la UE dio otro paso polémico: aprobó nuevas normas que permiten a los 27 países abrir “centros de retorno” fuera de las fronteras del bloque, a los que pueden enviar a solicitantes de asilo y inmigrantes rechazados.

La nueva amenaza
Este próximo 15 de agosto las redes sociales marroquíes organizan una nueva entrada masiva. Una fecha escogida con una intención, ya que es fiesta en la ciudad y prevén que la guardia esté baja. Albares quiso lanzar este martes un aviso claro: “que no arriesguen sus vidas, su dinero ni su futuro”, se dirigió a quienes tienen intención de llegar a la costa de Ceuta: “los gobiernos de España y Marruecos trabajan conjuntamente y van a ser devueltos”.

