El juez José Luis Calama ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”. Así lo sostiene sobre el proceso por el que la aerolínea consiguió acreditar que no tenía deuda con la Seguridad Social para poder ser rescatada, en el marco del cual José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando la trama del expresidente estaba a sueldo de la empresa.
Es habitual que las empresas soliciten certificado de estar al corriente de deuda con la Seguridad Social y si la tienen, lo que hacen es pedir un aplazamiento de cuotas. Los certificados suelen llevar la fecha de la petición, pero también puede gestionarse que lleve una concreta y en el caso de las que aspiraban a los rescates de la SEPI, debía ser el 31 de diciembre de 2019.
La normalidad de este proceso es precisamente la que han defendido este jueves fuentes oficiales del Ministerio de la Seguridad Social para sostener que no ve irregularidad en el aplazamiento de la deuda de Plus Ultra. Sin embargo, el juez ha requerido en concreto a la Seguridad Social sobre la situación de la aerolínea entonces y este organismo le ha respondido que la deuda existía. Técnicamente cabe decir que con un aplazamiento las empresas pueden operar pero la deuda existe. Pero es que además Calama advierte de estos visos de tergiversación en el proceso, ya que cree que Plus Ultra presentó información falsa.
La posible falsedad hacía necesario a Zapatero
Y es aquí donde fuentes pulsadas en la Seguridad Social y en la SEPI por Artículo14 señalan que en el marco de esta situación irregular y de posible falsedad documental cobra gran relevancia la actuación de la trama y muy en concreto la del propio Zapatero, que sale aquí interviniendo directamente y reuniéndose él mismo con el ministro, a diferencia de la mayoría de veces en que trataban de esconder sus movimientos. Una documentación sobre la que la Seguridad Social podía plantear dudas y que luego debía escrutar la SEPI.
El 30.07.2020 Plus Ultra suscribió el primer contrato de asesoramiento con Análisis Relevante, sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, iniciándose así la relación comercial entre la aerolínea y su entorno societario, constata el auto.
“En el proceso de solicitud de la ayuda Plus Ultra debía acreditar estar al corriente de pago con la Seguridad Social a 31.12.2019. Aunque aportó dos certificados de 20.08.2020 que así lo indicaban, la Tesorería General a requerimiento judicial informó que existía deuda vigente. Se han detectado además indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”, reseña Calama.
En su cronología de los hechos, el juez reseña que el 01.09.2020, día de presentación formal de la solicitud, Julio Martínez Martínez remitió a Roberto Roselli Miele, director de operaciones de Plus Ultra, el contacto de Cristóbal Cano Quiles, a quien este confundió con un funcionario de la SEPI, aclarando Julio que era su responsable de facturación. El primer pago de Plus Ultra a Análisis Relevante se produjo el 05.11.2021.
El Ministerio no ve irregularidad
“Es compatible estar al corriente con tener reconocido un aplazamiento de deuda”. Así lo sostienen desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para justificar el perdón de la deuda de Plus Ultra que la Audiencia Nacional cuestiona y que se realizó además en paralelo a una reunión del entonces ministro José Luis Escrivá y José Luis Rodríguez Zapatero, según ha avanzado Artículo14.
“En primer lugar, dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social está la tramitación de los aplazamientos, que se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta. La TGSS actúa de acuerdo con criterios estrictamente técnicos”, sostiene el Ministerio, que explica que “la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la COVID se utilizó de forma más intensiva, debido a que el Gobierno puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial en este periodo tan complicado. Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior)”.
Para, conceder un aplazamiento de deuda, “se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad”.
El Ministerio exculpa a los funcionarios que firmaron la exoneración, que en el auto aparecen citados: “Los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto”.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, exhibió gran cercanía con Zapatero en la rueda de prensa tras el término del Consejo de Ministros del martes y pidió presunción de inocencia.
Escrivá admite ahora la reunión y apunta a los funcionarios
“Escrivá nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie. Es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, señalan fuentes próximas al ahora gobernador del Banco de España, en línea con lo que sostuvo hace meses cuando se conoció un mensaje volcado de la UCO que daba cuenta de este encuentro. Una reunión que entonces negó y ahora ya reconoce pero dice que fue para hablar de medidas de la pandemia.
“Tampoco tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad. Todas estas son actuaciones de carácter técnico adoptadas en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que existiera ninguna participación o conocimiento de las empresas beneficiarias por parte del ministro”, añaden las fuentes citadas, en un relato en el que el exministro se desentiende y apunta a los funcionarios que firmaron los aplazamientos.
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