España lleva días recibiendo ofertas de ayuda desde Bruselas para gestionar la crisis migratoria de Ceuta. Y España, de momento, no las ha pedido de forma oficial. Fuentes de la Comisión Europea confirman a este periódico que, a esta hora, siguen esperando que el Gobierno formalice la petición de asistencia que el propio Ejecutivo comunitario le ha puesto encima de la mesa desde los primeros días de la crisis. Sin esa solicitud, aseguran las mismas fuentes, no pueden desembolsar la ayuda financiera ni activar buena parte de los mecanismos disponibles.
El ofrecimiento europeo lleva sobre la mesa desde finales de julio. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, trasladó ya el 30 de julio al ministro Fernando Grande-Marlaska la disposición de la Comisión a reforzar el apoyo a España, también a través de Frontex, con asistencia financiera, técnica y operativa. Esta misma semana Brunner ha vuelto a insistir públicamente en esa oferta tras hablar con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE sobre el respaldo “actual y futuro” a España.
Pero en la Comisión Europea todavía no ha sonado el teléfono. Fuentes del Ejecutivo Comunitario confirman a este periódico que Bruselas está a la espera de que el Gobierno presente una solicitud formal para acceder a la financiación adicional, cuya cuantía todavía no se ha determinado, después de recibir la semana pasada una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas. “No tenemos noticias nuevas desde el ofrecimiento”, confirman.
Sin activarse la ayuda europea
El problema es que esa evaluación inicial no equivale a una petición formal, y ese trámite es el que sigue sin producirse. El dinero que baraja la Comisión podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica. También se ha planteado la posibilidad de canalizar parte del apoyo a través de otros mecanismos comunitarios. Pero mientras el Gobierno no dé ese paso, la ayuda permanece bloqueada en la fase de ofrecimiento.
Tampoco se ha activado el refuerzo de Frontex, pese a que la agencia ya está desplegada en la frontera de Ceuta. Según ha podido confirmarse, no consta ninguna solicitud española para ampliar su presencia en el Tarajal ni para extender su mandato en la ciudad autónoma, algo que compete en exclusiva al Gobierno central conforme a la potestad que le otorga la normativa europea sobre control de fronteras.
Ceuta reclama ayuda
Esa pasividad contrasta con las peticiones que llegan desde el propio enclave. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado ante el Parlamento Europeo una intervención más directa de las instituciones comunitarias, con más personal, equipos e infraestructuras para la frontera y recursos adicionales para descongestionar unos centros de acogida que llevan semanas desbordados. Vivas ha pedido expresamente una mayor presencia de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE, y ha denunciado que ni siquiera resulta posible determinar con exactitud cuántas personas permanecen todavía en la ciudad.
Existe, además, una vía legal todavía sin explorar. El reglamento europeo de “fuerza mayor”, aprobado el pasado junio, permitiría a España solicitar a la Comisión que declare la situación de Ceuta como una crisis migratoria excepcional y “europeizar” así su gestión. Sería la primera vez que se aplicaría desde su entrada en vigor. Pedro Sánchez sí trasladó por carta a la presidenta Ursula von der Leyen su preocupación por lo ocurrido y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior de la UE, cita que ya se celebró. Pero esa gestión política no equivale, según las fuentes comunitarias consultadas, a la solicitud formal de ayuda que Bruselas sigue esperando sobre su mesa.
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