Un Alberto Núñez Feijóo muy contundente dejó claro que no se creía las explicaciones de Pedro Sánchez, quien aseguró no tener informes de lo que podía ocurrir en la frontera y que exculpó a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio.
El líder de la oposición sí señaló a Marruecos por la avalancha. “La operación salió de Marruecos, fue consentida y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno sabía de ello”, avisó.
Con un discurso muy duro acusó a Sánchez de estar de “brazos cruzados” durante lo peor de la crisis y calificó de “demoledoras” las explicaciones de Sánchez, a quien criticó por no enterarse de lo que podía ocurrir. “Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice”, ha avisado.
El líder popular ha denunciado que Sánchez haya anunciado hoy que el pasado 21 de agosto se convocara a la embajadora de Marruecos tras que dos ministros marroquíes reivindicaran los lazos con las ciudades autónomas. “Lo ha hecho de manera clandestina”, ha denunciado. Así, ha vinculado la prudencia del Gobierno con Marruecos a la intervención del teléfono del presidente y de sus ministros con el sistema Pegasus. “¿Qué documento o conversación o indicio había en su teléfono? ¿qué sabe Marruecos de usted?”, se ha preguntado. Ante eso, ha respondido, “ningún miedo personal puede estar por encima del interés nacional; España no puede tener un presidente bajo chantaje”.
Feijóo ha advertido de que Sánchez “pagará” ante la “Justicia y ante las urnas” su acción en la crisis humanitaria. “Si quería vacaciones, convoque elecciones. Pero un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones, y menos en una crisis de Estado”, le ha advertido.
Feijóo ha afirmado que “ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional”. “España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta”, ha enfatizado, para subrayar que Ceuta no sufrió una crisis migratoria sino “una invasión que continúa”.
Feijóo ha afirmado que “un ataque a la integridad territorial no se administra, se repele” y ha señalado que la ley europea ampara para ello. Por eso, ha dicho que lo que el Gobierno tiene que hacer “no es buscar acomodo a quienes entraron irregularmente, sino garantizar su retorno”.
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