La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, se trasladó a Ceuta el pasado jueves para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la crisis migratoria. Al encuentro también acudieron la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert. Y no hubo acuerdo sobre los menores migrantes en la ciudad autónoma tras la avalancha de finales de julio.
Según fuentes conocedoras del encuentro consultadas por Artículo 14, Peramato insistió en la necesidad de que esos niños salgan de la ciudad autónoma rumbo a la península, como reclama también Sira Rego, la titular de Juventud e Infancia. Pero Vivas se opuso tajantemente y abogó por devolverlos a Marruecos -como así plantearon en su día otros ministros y también Bruselas- para evitar un “efecto llamada” que incitará a más menores a cruzar la frontera.
El problema es que para poder devolver a los menores legalmente hay que ir caso por caso estudiando su situación y evaluando su contexto familiar. Para ello, son necesarios informes policiales de las autoridades marroquíes que no están colaborando. Además, fuentes fiscales aseguran que ninguna familia ha reclamado a ninguno de los 5.000 menores que se encuentran hoy en Ceuta. De hecho, en muchos casos están llegando a los centros de menores marroquíes próximos a las familias que cruzan la frontera solo para llevar las maletas de algunos de los niños y advirtiendo que sus padres no quieren que vuelvan.
Así las cosas, quien tiene la competencia para poder reubicar a los menores en estos momentos es el presidente popular. De hecho, desde la Fiscalía ya se han quejado públicamente de la postura que mantiene Vivas y el PP con respecto a los menores. Teresa Gisbert tildó de “sinsentido” la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para devolver a los menores inmediatamente. “Cabe la devolución de menores, pero no instantánea, ni directa, ni exclusiva”, dijo, acogiéndose al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) que obliga a hacer esos estudios individualizados para asegurar que no se condena al menor a la desprotección.
El planteamiento de Rego
En la misma línea que la Fiscalía está la ministra de infancia, Sira Rego, que en el Congreso advirtió que “es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en la Península”, y que hay que hacerlo ya y no esperar a que se terminen de tramitar estos expedientes para distribuir por las comunidades tan solo a los menores que no vayan a ser expulsados de España.
Arguyó la ministra aseguró que este movimiento permitiría “destensar la situación de Ceuta”, y también sostuvo que “es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas”. Además, dijo que aún así se puede continuar con los trámites de devolución al país de origen desde la península: “Con los expedientes se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en Ceuta y en el resto del territorio”, zanjó.
Mientras las administraciones discuten, la situación de esos menores en Ceuta es insostenible. Se han producido 23 agresiones sexuales desde el pasado 30 de julio, cinco de ellas fueron violaciones y nueve de las víctimas menores. Hasta el momento, según confirma este periódico, hay ocho presuntos autores identificados cuatro marroquíes tres españoles y un belga. Eso sí, es importante señalar que fuentes fiscales aseguran que todos los investigados son personas afincadas en Ceuta desde hace tiempo y no tienen nada que ver con el cruce masivo del pasado 30 de julio.
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