El caso Leire Díez podría escalar a la Justicia europea de una manera totalmente inesperada. Un joven anónimo, Julio Montesinos, presentó una denuncia diciendo estar “preocupado” porque los fondos del PSOE destinados a la campaña electoral del Parlamento Europeo de 2024 “podrían haber sido desviados de su propósito declarado, afectado los intereses de la Unión Europea”, según reza la denuncia.
El joven reconoce basar sus sospechas en “la información públicamente disponible”. Esto es en lo que ha ido publicando la prensa sobre el caso Leire Díez. Sin embargo, el fiscal Luis Miguel Martínez Crespo, representante de la Fiscalía Europea, ha estimado la denuncia y ha reclamado al juez Santiago Pedraz toda la información del caso que podría tener relación con fondos europeos.
El denunciante dice aportar la información “de buena fe” y apunta a tres personas que podrían estar implicadas. Principalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No creo que haya cometido infracción penal pero Leire actuó bajo las órdenes de sus altos cargos”, explican. De ahí que presupone la implicación del jefe del Ejecutivo. Por otro lado, señala como no podía ser de otra manera a la fontanera socialista. Y por último, la denuncia también va dirigida contra el PSOE porque, según la información a la que ha tenido acceso el denunciante, los fondos asociados a la campaña electoral del 2024 podrían haberse utilizado para otros fines.
Julio Montesinos sustenta sus acusaciones en que “el Partido Popular ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que examine si el dinero asociado a la financiación política europea puede haber sido desviado de su propósito declarado y utilizado en su lugar en relación con actividades relacionadas con el asunto Leire Díez“. Y prosigue: “Si estas alegaciones se justificaran en última instancia, podrían implicar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, en particular si la financiación política vinculada a la Unión u otros recursos financieros de la UE se utilizaran para fines no relacionados con aquellos para los que se proporcionaron”.
Los hechos
Lo cierto es que un medio de comunicación llamado Crónica Libre, vinculado a la exmilitante del PSOE Leire Díez, habría facturado 18.125 euros de la empresa Iki Group, contratada por el partido para el desarrollo de la comunicación de una campaña para las elecciones europeas. Según los investigadores de la Guardia Civil, esto podría ser una forma de canalizar los pagos de las maniobras ilícitas de Leire Díez. Se trataría de inflar precios por insertar publicidad electoral en algunos medios digitales como forma de justificar sus pagos y que esta continuara con sus maniobras contra jueces y fiscales.
De hecho, en uno de los últimos informes de la UCO, un testigo que trabajaba para Iki Group reconoció que el precio que se asignó fue “caro”, teniendo en cuenta que Crónica Libre ni siquiera tenía la capacidad para conocer el impacto y el alcance que iba a tener la campaña publicitaria en sus redes. Por su parte, a otra periodista que colaboraba con el medio le prohibieron publicar un artículo en contra de la ley trans promovida por el PSOE bajo el pretexto de que “el partido estaba inyectando dinero en el medio”.
Por todo ello, ahora la Fiscalía europea indaga si la campaña de comunicación fue financiada con fondos europeos y a qué fueron destinados exactamente los casi 20.000 euros.
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