La investigación sobre la posible financiación ilegal del PSOE entra en una fase decisiva. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ampliado el rastreo de las cuentas socialistas y trata ahora de comprobar si algunas de las donaciones recibidas por el partido entre 2017 y 2024 pudieron servir para introducir en la contabilidad oficial dinero procedente de comisiones ilícitas.
La principal novedad afecta precisamente a la identidad de los donantes. Según ha publicado El Mundo, el Tribunal de Cuentas ya habría remitido a la Audiencia Nacional, mediante un dispositivo entregado en sobre lacrado, la relación de personas que realizaron aportaciones al PSOE durante los años que investiga el magistrado.
La diligencia supone un nuevo salto en unas pesquisas que continúan bajo secreto. El PSOE no está imputado actualmente como persona jurídica ni existe una resolución que dé por acreditada una financiación irregular, pero el análisis de esas aportaciones permitirá comprobar una de las principales tesis que maneja la investigación.
El juez quiere saber quién puso el dinero
Ismael Moreno ha solicitado información tanto al propio PSOE como al Tribunal de Cuentas. El objetivo es cotejar ambas fuentes y reconstruir las donaciones recibidas desde 2017 hasta 2024, coincidiendo con la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido.
La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE no busca únicamente comprobar cuánto dinero entró en las cuentas de Ferraz. La clave está también en conocer quién realizó cada aportación, su capacidad económica y si existió alguna relación entre los donantes y personas investigadas en las distintas ramificaciones del caso Koldo.
Los investigadores podrán analizar, por ejemplo, posibles conexiones con José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán y comprobar si quienes aparecen como donantes disponían realmente de fondos propios suficientes para efectuar aquellas aportaciones.
El Tribunal de Cuentas fiscaliza anualmente las cuentas de los partidos y hasta ahora no ha concluido en sus informes públicos que el PSOE dispusiera de una financiación ilegal. La institución, sin embargo, únicamente puede examinar la contabilidad que recibe y no dispone por sí sola de instrumentos policiales para determinar si detrás de una aportación formalmente correcta existe dinero procedente de otra persona.
La tesis de Aldama sobre las donaciones
Una de las líneas que explica el interés del juez por los donantes procede de las declaraciones de Víctor de Aldama. El empresario ha comparecido ya en dos ocasiones dentro de esta pieza separada y sostiene que entregó dinero en efectivo a Koldo García destinado supuestamente al partido.
Según su versión, parte de esos fondos habría terminado entrando en Ferraz a través de aportaciones realizadas por distintas personas, una práctica conocida como “pitufeo”: dividir una cantidad de dinero entre numerosos ingresos para proporcionar una apariencia legal a su origen.
Aldama ha llegado a situar en 300.000 euros una cantidad que, según su relato, procedería de una operación vinculada al petróleo venezolano y que habría entregado a Koldo García.
Estas acusaciones no han sido acreditadas judicialmente. Koldo García ha negado haber recibido dinero para financiar al PSOE y José Luis Ábalos también rechaza haber solicitado fondos para el partido. Pedro Sánchez ha asegurado igualmente que las donaciones recibidas por la formación están “dentro de la ley”.
El rastro venezolano que investiga la Audiencia Nacional
Las pesquisas sobre la posible financiación ilegal del PSOE han incorporado también documentación relacionada con Venezuela. Aldama entregó en marzo al juez un sobre con membrete de la petrolera estatal PDVSA que, según su versión, contiene información relacionada con fondos destinados al PSOE y a la Internacional Socialista.
En sus declaraciones ha situado además a la sociedad Apamate Corporate & Trust dentro de la supuesta operativa. El empresario sostiene que esta compañía habría participado en movimientos relacionados con un negocio petrolero venezolano y que parte del dinero terminó siendo retirado en efectivo.
La Audiencia Nacional debe ahora comprobar si esas afirmaciones tienen respaldo documental y, sobre todo, si existe algún rastro que permita acreditar que el dinero terminó realmente incorporándose a las cuentas socialistas.
Qué tendría que ocurrir para que el PSOE fuera imputado
La llegada de la información sobre los donantes no supone automáticamente la imputación del partido. La UCO deberá analizar y cruzar un volumen considerable de documentación antes de trasladar sus conclusiones al juez.
Solo si las pesquisas encuentran indicios suficientes de que el PSOE pudo beneficiarse o participar como persona jurídica en una operativa delictiva podría producirse un nuevo movimiento procesal. Ese paso todavía no se ha dado.
La investigación se encuentra, sin embargo, mucho más avanzada que cuando comenzó con los interrogantes sobre los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo. El juez dispone ahora de testimonios, documentación aportada por Aldama, movimientos económicos y la identidad de los donantes que deberá contrastar.
La posible financiación ilegal del PSOE entra así en una etapa especialmente sensible. Lo que determine ahora la investigación sobre el origen del dinero será decisivo para saber si el procedimiento continúa centrado en personas concretas o termina alcanzando también al propio partido como persona jurídica.
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