Hacienda tiene abierta una inspección a Zapatero desde 2024 que ha pedido suspender durante el proceso penal

José Luis Rodríguez Zapatero tiene una inspección abierta desde 2024 que la Agencia Tributaria (AEAT) ha pedido al Juzgado Central de Instrucción 4 que suspenda durante el proceso penal. Así ha aflorado durante los trámites de personación del Fisco en la pieza separada contra Zapatero por delitos fiscal y de contrabando que ha desvelado Artículo14.

Precisamente en septiembre de 2024 se produjo el viaje de Zapatero a Bolivia para influir en el presidente de este país, sus ministros y su fiscal general con el fin de que revirtieran una decisión judicial que afectaba a un grupo que pagó a Zapatero 200.000 euros más 10.000 de dietas a través de una empresa pantalla, según la investigación de la UDEF.

Los negocios del expresidente se venían incrementando desde 2020, año en el que se monta la estructura fundamental de la trama Plus Ultra que analiza el juez José Luis Calama, y desde 2024 se han publicado varias informaciones en medios sobre sus actividades.

Este periódico ha revelado este lunes que la AEAT se ha personado en la causa tras unos trámites que han contado con cierto retraso por una confusión en el procedimiento, y que son efectivos en principio desde este martes, esto es, 35 días después de que se conozca la existencia de las joyas encontradas por la Policía el 19 de mayo en el registro del despacho del expresidente en una caja fuerte escondida, y a petición del juez.

Y  lo ha hecho sin que el ministro, Arcadi España, haya respondido sobre el particular, precisamente en el día en el que la AEAT ha publicado su lista de grandes morosos con la Hacienda Pública.

El calendario del proceso por las joyas

La existencia del lote fue de dominio público el 25 de mayo. No se produjo movimiento de la AEAT, que no abrió inspección al expresidente el Gobierno, y el juez abrió pieza separada e imputó a Zapatero delito fiscal y de contrabando el 11 de junio y encargó una tasación preliminar que concluyó que su valor es al menos de más de 1,3 millones de euros.

El pasado viernes 26 de junio, se conoció que Calama preguntó al Fisco si no estimaba personarse. El auto tiene fecha del 23 de junio. Ese mismo día se hizo el ofrecimiento pero la AEAT no lo ha recibido hasta este lunes. El Juzgado lo mandó a un buzón genérico de Administraciones públicas en lugar de a la Abogacía del Estado lo que ha retrasado el proceso.

La AEAT ha pedido esta martes a la Abogacía del Estado que se persone en su nombre. Aunque el auto de Calama ponía a Hacienda en un compromiso, es lo habitual cuando el ofrecimiento es por delito fiscal o contrabando en un caso de corrupción del que se suponen ganancias no declaradas y un posible delito fiscal.

No son muchos casos porque lo normal es que la AEAT denuncie al Ministerio Fiscal y luego se persone si se abre la causa.

Incumple su plazo y busca la prescripción eludiendo Venezuela

La personación este martes 30 de junio se produce después de que Zapatero haya incumplido con el plazo que él mismo se dio ante el juez para responder por las joyas: entre una semana, lo que venció el pasado miércoles, y diez días, límite que sobrepasó el pasado sábado, como ha informado este periódico.

Las declaraciones de su entorno, el caso de su exministro Miguel Sebastián, y las del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntan a que pretende acreditar que las piezas son regalos institucionales recibidos de autoridades de Arabia Saudí durante un viaje oficial a España en 2007 y no un regalo de Delcy Rodríguez en el ‘Delcygate’ el 20 de enero de 2020, como ha informado Artículo14. Esto le permitiría alegar prescripción -no por blanqueo- y evitar el contrabando.

En un escrito hecho público el pasado viernes, Calama le ofreció a la Abogacía del Estado, como representante de la Agencia Tributaria, personarse como perjudicada por el presunto delito fiscal y de contrabando y por los daños a las arcas del Estado que suponen las joyas de más de 1,3 millones de euros. En un auto, ponía en un compromiso a Hacienda, que no había emprendido acción alguna contra el expresidente.

“La naturaleza de los hechos investigados en la presente pieza separada, en tanto pudieran ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando, revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT. Ello la sitúa como potencial perjudicada a los efectos de los arts. 109 y 110 LECrim, legitimándola para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes y exigiendo garantizar desde este momento inicial su derecho a intervenir en el proceso. Por ello, procede efectuar el ofrecimiento de acciones a la AEAT, a fin de que pueda ejercitar las acciones que le correspondan en defensa de los intereses cuya tutela tiene legalmente encomendada”, explicaba el juez.