El plazo que José Luis Rodríguez Zapatero se concedió para responder ante el juez sobre el origen de las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas durante el registro de su despacho ya ha expirado. El expresidente aseguró cuando declaró como investigado que necesitaría una semana o, como máximo, diez días para recopilar la documentación. Las declaraciones de su entorno apuntan a que pretende acreditar que las piezas son regalos institucionales recibidos de autoridades de Arabia Saudí durante un viaje oficial a España en 2007 y no un regalo de Delcy Rodríguez en el Delcygate el 20 de enero de 2020, como ha informado Artículo14. Ese compromiso temporal que se marcó el propio Zapatero para dar explicaciones ya ha quedado atrás sin que, por el momento, conste que esas explicaciones hayan llegado al juzgado.
La decisión de guardar silencio sobre este asunto formó parte de la estrategia procesal que la defensa venía sosteniendo desde que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, abrió una pieza separada para investigar el origen de las joyas. Aunque el expresidente respondió a las cuestiones relacionadas con la investigación principal, optó por no contestar sobre las piezas encontradas en la caja fuerte al considerar que necesitaba más tiempo para preparar su defensa y reunir la documentación que respaldaría su versión de los hechos.
La defensa del expresidente
La fecha de esos supuestos regalos resulta especialmente relevante para la estrategia de su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena. Si logra acreditar que las joyas fueron entregadas en 2007, la defensa pretende sostener que cualquier posible responsabilidad penal por los presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública estaría prescrita. Desde el entorno del expresidente se ha defendido que ni él ni su familia conocían el elevado valor económico de las piezas y que estas fueron depositadas junto a otras joyas familiares en la misma caja fuerte, sin que llegaran a ser tasadas.
Mientras esas explicaciones siguen pendientes, el magistrado ha dado un nuevo paso en la investigación. En un auto, Calama ha ofrecido a la Abogacía del Estado, en representación de la AEAT, la posibilidad de personarse en la causa como perjudicada por los presuntos delitos fiscales y de contrabando que se investigan. El juez considera que, de confirmarse los hechos, existiría un perjuicio patrimonial para las arcas públicas derivado de unos ingresos cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria, motivo por el que entiende que debe garantizarse desde este momento su derecho a intervenir en el procedimiento.
Desde que el pasado 25 de mayo se conociera el hallazgo de las joyas durante el registro del despacho de Zapatero, no consta que la Agencia Tributaria iniciara una inspección para comprobar las posibles obligaciones fiscales derivadas de esos bienes. Tampoco se conoce que promoviera actuaciones después de que el pasado 11 de junio Calama acordara imputar al expresidente por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando relacionados con esas piezas.
Así, el vencimiento del plazo que el propio Zapatero fijó para justificar el origen de las joyas coincide con un momento en el que la investigación judicial sigue avanzando y en el que el juez ha puesto el foco sobre el eventual perjuicio causado a la Hacienda pública.
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