La “gran preocupación” que sienten altos funcionarios de la Seguridad Social con lo que apunta el juez en el auto que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero se ha tornado este jueves en “indignación” al conocer que el exministro José Luis Escrivá se desentiende y apunta a culpar a los dos empleados públicos que firmaron que Plus Ultra no tenía pendientes deudas con la Seguridad Social, por lo que se sienten “utilizados” por el ahora gobernador del Banco de España.
Plus Ultra logró que la Seguridad Social, adscrita al Ministerio que entonces dirigía Escrivá, le expidiera un certificado de estar al corriente de deuda, uno de los requisitos para que pudiera ser rescatada, a pesar de que la deuda existía. Así lo apunta el juez José Luis Calama, que recoge además una reunión de Zapatero y Escrivá sobre el rescate, según avanzó este martes Artículo14. El juez requirió a la Seguridad Social, que contestó que la deuda existía.
Lo habitual y lo que preocupa
Funcionarios señalan que puede ser habitual que una empresa consiga un certificado de estar al corriente de la deuda tras solicitar un aplazamiento, con lo que creen que los dos empleados públicos que firman los dos documentos que detalla el juez actuaron según la legalidad vigente, en línea con lo que sostienen fuentes oficiales del Ministerio. Pero les preocupan las sospechas de Calama, que también revela, según informa este periódico este viernes, que ha “detectado indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.
En este sentido insisten en que un aplazamiento ortodoxo sería legal, pero creen que pudo haber irregularidades en cómo fue o se reclamó ese aplazamiento.
“Escrivá nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie. Es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, señalan fuentes próximas al ahora gobernador del Banco de España, en línea con lo que sostuvo hace meses cuando se conoció un mensaje volcado de la UCO que daba cuenta de este encuentro. Una reunión que entonces negó y ahora ya reconoce pero dice que fue para hablar de medidas de la pandemia.
Escrivá se desentiende y apunta a los funcionarios
“Tampoco tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad. Todas estas son actuaciones de carácter técnico adoptadas en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que existiera ninguna participación o conocimiento de las empresas beneficiarias por parte del ministro”, añaden las fuentes citadas, en un relato en el que el exministro se desentiende y apunta a los funcionarios que firmaron los aplazamientos.
“El 20.08.2020 Plus Ultra obtiene un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, esta informa de la existencia de una deuda”, constata el auto.
“Plus Ultra, a tenor de la documentación obtenida a través de los requerimientos de información a la SEPI, presentó la solicitud de acceso a la ayuda pública en fecha 1.09.2020, adjuntando dos certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social. El primero de ellos, firmado por el subdirector general adjunto, José Luis Encinas Prado, con fecha de expedición 20.0820, en el que se refleja que Plus Ultra “No tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. El segundo, firmado por Belén Fruiters Casado, jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid, emitido en fecha 20.08.2020, en el que se refleja que Plus Ultra, “NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”, así como que, a fecha 31.12.2019, la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”, detalla la Audiencia Nacional.
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