La magistrada Mercedes Carmen Alaya Rodríguez no era un obstáculo judicial cualquiera. Era, según los mensajes intervenidos a Leire Díez, un “tumor” que había que extirpar. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa que investiga las cloacas del PSOE, dedica un capítulo específico a las actuaciones del grupo investigado contra la jueza instructora del caso ERE y de otras causas judiciales de enorme sensibilidad política, entre ellas el caso Aznalcóllar.
El punto de partida fue una noticia. El 7 de enero de 2020, Leire Díez envió a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un titular periodístico que informaba de que la jueza Alaya había reabierto la adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar para investigar precisamente al presidente de la SEPI.
En esa misma conversación, Díez dejó clara cuál era su estrategia: no bastaba con el daño procesal. “Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, escribió. La destrucción de la imagen pública de la magistrada era parte del plan.
Reuniones grabadas y la búsqueda de información comprometedora
Para ejecutar esa estrategia, Leire Díez buscó un contacto. Lo encontró en Rafael Salvador Moreno, el mando de la Policía Nacional que había estado al frente de las investigaciones del caso ERE en Sevilla, al que los investigados se referían con el apodo de “Torrente”.
El 13 de febrero de 2020, Díez se reunió por primera vez con Salvador en un despacho de Sevilla. Antes de entrar, avisó a Vicente Fernández: “En un rato vamos a un despacho y empiezo a grabar con el otro teléfono”. La conversación quedó registrada en archivos de audio que la propia investigada conservó en su ordenador portátil, junto con transcripciones en formato Word. En esa reunión, Díez fue explícita sobre sus objetivos: “¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos”.
Esa misma tarde, escribió a Vicente Fernández dos mensajes consecutivos que el informe de la UCO reproduce literalmente: “Lo tuyo lo tengo ya, con lo que tengo te puedo servir” y “Voy a por los ERE”.
“Que el tumor se extirpe”
Al día siguiente, el 14 de febrero, Díez mantuvo una nueva conversación con Fernández en la que combinó la confianza sobre el resultado con una imagen particularmente agresiva sobre la magistrada. Le escribió: “Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe“. La referencia a que Fernández “volverá” apunta, según el informe, a su regreso a la presidencia de la SEPI.
Tres semanas después, el 6 de marzo de 2020, el tono se elevó aún más. “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió Díez en otro mensaje intervenido por los investigadores.
Las actuaciones no se limitaron a 2020. Cuatro años después, en julio de 2024, Leire Díez retomó los contactos con Salvador, esta vez acompañada de otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset. La reunión tuvo lugar en Zaragoza el 10 de julio de 2024. Los billetes de tren para ambos fueron gestionados y pagados a través de una tercera persona vinculada a la estructura del PSOE, lo que el informe sitúa como un indicio de instrumentalización de medios del partido para sufragar actividades incluidas en la investigación.
Días después, el 14 de julio, Díez informó a Gaspar Zarrías Arévalo -otro de los investigados- del resultado del encuentro: “Nos va a dar documentación y ya ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar”.
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