Alarma ante la escalada de asesinatos machistas en los últimos días de julio, con tres feminicidios y seis huérfanos en sólo 24 horas. Con todas las miradas puestas en el comité de crisis que el Ministerio de Igualdad ha convocado para el próximo martes, hay un órgano de trabajo enfocado en la lucha contra la violencia machista que mantiene su hoja de ruta sin cambios, sin nuevas reuniones a la vista. Y sin que, ni en su construcción ni en su desarrollo, se haya impulsado dotarlo de un papel más activo cuando se registra un pico de asesinatos.
Es el caso del pacto de Estado contra la violencia machista, alumbrado a finales de 2017 y renovado en 2025 con el aval de todos los grupos políticos, menos Vox. La Comisión del pacto de Estado en el Congreso de los Diputados, pensada para controlar su aplicación y evaluar sus avances, nunca ha tenido tiene funciones específicas ante la concentración de episodios de violencia contra las mujeres.
De hecho, sólo ha celebrado tres sesiones de trabajo durante los siete primeros meses de 2026 -cinco de ellos, dentro del periodo ordinario de sesiones-. Y una de esas reuniones, en marzo, sólo consistió en la comparecencia de la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Carmen Martínez Perza.
La última sesión, a mitad de junio, sirvió para citar a varias expertas en materia de violencia vicaria, prioridad legislativa para Igualdad. La subcomisión que cuelga de la comisión parlamentaria, que es el órgano que desarrolló los trabajos para la reedición del pacto hasta el inicio de 2025, sí celebró entonces decenas de sesiones y reuniones, siempre puerta cerrada.
No es una forma de operar atípica. En total, la Cámara Baja custodia las actas de 14 convocatorias de este órgano de trabajo desde la constitución del actual Parlamento (2023). En la anterior legislatura, entre 2019-2023, sólo constan 16 convocatorias, y apenas fueron cuatro las sesiones celebradas durante la anterior legislatura (2016-2019). Fue entonces cuando se creó esta comisión “de seguimiento y evaluación”.
Fuentes de este órgano de trabajo recuerdan que la comisión es de carácter permanente pero no tiene capacidad legislativa, y por tanto que se centra en el seguimiento y evaluación del cumplimiento del pacto. Desde 2025, además, está centrada en evaluar la incorporación de las nuevas violencias en el pacto -digital, vicaria y económica-. También explican que hoy está volcada en acoger comparecencias sobre violencia vicaria.
Por su parte, desde el Ministerio que lidera Ana Redondo recuerdan que el órgano encargado de estudiar estos estallidos de violencia es el comité de crisis, si bien precisan que en la comisión del pacto de Estado “se hace un trabajo de seguimiento permanente” sobre el cumplimiento del acuerdo contra la violencia machista.
En paralelo, Igualdad realiza su propia evaluación: “Hacemos seguimiento a través del grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial para las medidas que competen a las comunidades autónomas, del grupo de trabajo con los puntos focales de los otros Ministerios”, además de mantener “reuniones bilaterales con el CGPJ y la Fiscalía”.
Una única actualización de cumplimiento al año
Es el Ministerio quien coordina la aplicación de la mayoría de medidas incluidas en el pacto, si bien la cifra de iniciativas cumplidas o en ejecución sólo se actualiza una vez al año. A finales de 2025, Igualdad presumió de haber iniciado la ejecución de un total de 235 medidas, de las 461 que contempla el acuerdo en su conjunto, para su despliegue en un plazo de cinco años.
Según este desglose, el Ministerio tiene competencia en el cumplimiento de un total de 347 iniciativas. Es corresponsable de 211, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80 medidas. De las 211 iniciativas de las que responsable, se han puesto en marcha 113 a lo largo de este año -no detallan cuáles-, lo que supone un 54% de ejecución, según sus cifras. Dentro del organigrama de Igualdad, son la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto de las Mujeres los principales responsables de la ejecución de estas medidas.
Desde Igualdad aseguran que ya han desarrollado un plan de trabajo con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). Persigue “la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución de las medidas”, si bien no concretan cuándo estará operativo.
El PP critica que no le den acceso a las actas del comité de crisis
Por su parte, fuentes del Partido Popular aseguran haber reclamado en varias ocasiones las actas de los comités de crisis, sin éxito. “Dicen que tienen información confidencial”. Y enfatizan que en Igualdad “podrían anonimizar los datos, pero no lo hacen”. Recuerdan que una de las funciones que sí ostenta la comisión es precisamente requerir documentación o de hacer preguntas, y critican que desde el Ministerio evitan responder a sus demandas.
También cuestionan la situación general en la comisión. Explican que, con la crisis derivada de los fallos en las pulseras telemáticas, hace casi un año, desde el Ministerio han optado por centrar los esfuerzos “en ahondar en el tema de la violencia vicaria”. “Al Ministerio le viene bien porque las comparecencias son muy académicas y pocas veces hacen daño”, zanjan.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
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