La Fiscalía de Madrid reclama un protocolo para evitar condenas como la de García Ortiz

El shock en el ministerio público por la primera condena de la historia de la democracia a un fiscal general sigue coleando. Un ejemplo es la alusión directa que hace la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid del año 2025, a la que ha tenido acceso Artículo14. En el documento, de 120 páginas, dedican uno de sus apartados a reclamar un protocolo para que no se vuelva a dar la circunstancia en la que un fiscal general es condenado por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación.

Desde el gabinete de comunicación consideran que una de las conclusiones que hay que extraer es “la urgente necesidad de implantar un protocolo de actuación al que puedan acogerse los distintos responsables de los gabinetes de prensa, de forma que su labor se valore en base al cumplimiento de lo establecido en dicho protocolo”.

En concreto, consideran obsoleta la norma de 2005, por la que se rigen en estos momentos, porque las formas de comunicación han cambiado. Aquella norma vela por el derecho a la información y el deber de respetar el ejercicio de la administración de Justicia y prohíbe revelar datos que puedan perjudicar la investigación, vulnerar la intimidad, la propia imagen o el secreto sumarial. Pero no especifica qué documentos pueden ser comunicados a la prensa.

Qué es filtración y qué no

Por eso, en la memoria de la Fiscalía abogan por “precisar -aún más- qué tipo de documentos se pueden trasladar a la prensa y en qué momento. Ello serviría, además, a los responsables de los distintos gabinetes de comunicación para explicar a la prensa los motivos por los cuales se pueden facilitar unos documentos y otros no”.

Cabe recordar que durante el juicio del fiscal general acudieron como testigos los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid. El objetivo del juicio era dilucidar quién había filtrado a la prensa datos sobre el caso que estaba investigando un fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso,

Amador denunció a la Fiscalía por revelación de secretos. Estuvieron imputados la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal general, Álvaro García Ortiz. La causa acabó eximiendo de responsabilidad en la filtración a Rodríguez. Pero en el caso también acudió como testigo la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Resulta que la información sobre el fraude fiscal de Amador se difundió en un primer momento de manera errónea. Se decía que Amador reconocía el fraude fiscal y había ofrecido un pacto a la fiscalía cuando fue al revés. Fue el ministerio público el que ofreció un pacto a González Amador. García Ortiz se afanó en primera persona en aclarar esa información contactando con su jefa de prensa y movilizando a Rodríguez, Lastra y sus equipos de comunicación. El objetivo era hacer una nota de prensa aclaratoria aunque hubiera medios que ya estuvieran dando la información correcta.

Si bien, Lastra dedujo desde un primer momento que la información correcta había sido ya filtrada por García Ortiz antes de publicar la nota. Se produjo una confrontación de pareceres entre las dos fiscalías, ya que Lastra se resistía a sacar una nota aclaratoria oficial.

Así fue la cadena de mensajes entre García Ortiz y Lastra:

—21:25 h: Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo.
—21:25 h: Es imperativo sacarla.
—21:28 h: Nos están dejando como mentirosos.
—21:37 h: Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla.

Finalmente, tal y como redactó la sentencia del Supremo, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó la nota informativa después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo al considerar que su contenido no respondía a los criterios habituales de una comunicación pública del Ministerio Fiscal. Tras la difusión del correo electrónico y la publicación de la nota, diversos medios de comunicación y miembros del Gobierno calificaron a González Amador como “delincuente confeso”.

Por ello, la sentencia fue clara: “El que otros medios de comunicación, como se arguye, el que medios de comunicación como la Sexta, elDiario.es, la cadena SER o El Plural —en el caso de que resultara acreditado como hecho cierto—, ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ya fuera en su formato original, ya en información sobre su contenido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sobre el Sr. García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación“.