La sentencia que despejará la X del espionaje a Bárcenas se conocerá tras el verano

Trece años después de que se pusiera en marcha la operación ‘Kitchen’ y tras cuatro meses de juicio oral, el caso ya solo espera sentencia. La Audiencia Nacional cerró el pasado 28 de julio una vista de 37 sesiones en la que han declarado los principales responsables policiales de la época, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el comisario José Manuel Villarejo; el exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos; y testigos políticos como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

El tribunal tiene ahora que despejar la X de la Kitchen: quién ordenó espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y por qué. En concreto, si aquella operación fue realmente un dispositivo policial legal de inteligencia destinado a localizar el dinero que Bárcenas pudiera ocultar en el extranjero o en cambio, tal y como sostiene la Fiscalía en sus conclusiones, se trató de una operación parapolicial sufragada con fondos públicos con una “finalidad bastarda”. Esto es, para “boicotear u obstaculizar” la investigación de la caja B del Partido Popular y “proteger” a sus dirigentes.

Fuentes consultadas por Artículo14 apuntan a que la resolución se conocerá después del verano, previsiblemente en otoño, entre octubre y noviembre. Eso sí, aún queda una bala en la recámara de los acusados. La sentencia será recurrible ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de las sesiones del juicio, la declaración más esclarecedora e incriminatoria para los acusados fue la del ex inspector de la UDEF, Manuel Morocho. En esos años era uno de los principales investigadores del caso Gürtel que indagaba en la caja B del PP y describió durante su declaración la existencia de una investigación paralela que no estaba bajo el control del juez que dirigía la causa.

Dijo que accedió a unos documentos de la Dirección Adjunta Operativa liderada por Eugenio Pino, uno de los encausados, con información clave del operativo: “Cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno”, recalcó, asegurando que esa fue la constatación de sus sospechas sobre la operación paralela para boicotear la investigación de la Gurtel.

Sin embargo, el exministro Fernández Díaz, que se enfrenta a 15 años de prisión, en su declaración se desmarcó por completo del operativo. Negó haberlo ordenado, haberlo supervisado o siquiera haber conocido su existencia mientras estuvo al frente de Interior: ”No sabía que existía”, declaró ante el tribunal.

Por su parte, Francisco Martínez, que también se enfrenta a 15 años, reconoció conocer la existencia del operativo, pero negó haberlo ordenado. Su testimonio colocó el foco en la cúpula policial. Martínez explicó que Fernández Díaz le preguntó por la existencia de un colaborador dentro del entorno de Bárcenas y que posteriormente recibió información de Eugenio Pino.

Eugenio Pino, antiguo número dos operativo de la Policía, también reconoció la existencia de una actuación policial alrededor de Bárcenas, aunque rechazó que su objetivo fuese hacerse con documentación de la Gürtel. Su versión es que había que localizar el dinero que Bárcenas pudiera esconder fuera de España y conocer quiénes eran sus testaferros: “Había que montar un servicio”, vino a resumir durante el juicio.

Una de las pruebas más sólidas sobre la operación son las agendas y grabaciones de José Manuel Villarejo, quien se enfrenta a 19 años de prisión. En sus anotaciones aparece el contacto con Sergio Ríos, al que bautizó como “chef” o “cocinero”, origen del nombre Kitchen. También aparecen referencias a otros policías y dirigentes políticos. Villarejo ha intentado rebajar el valor incriminatorio de sus propios apuntes. En su última palabra cuestionó algunas de sus anotaciones y llegó a afirmar: “Ahora no sabría explicarlas”. Si bien, para el fiscal, construyen la base probatoria del caso porque una persona “no se engaña a sí misma” en su propia agenda.

Sergio Ríos ocupa un lugar singular en el caso. Era el chófer de Bárcenas y fue captado como colaborador para informar de los movimientos del extesorero y de su familia.

La Fiscalía considera acreditado que recibió 54.000 euros procedentes de los fondos reservados. Por ello solicita para él 12 años y medio de prisión y que se anule su plaza como policía. Su defensa ha intentado presentar al acusado como alguien que se vio envuelto en una operación cuya verdadera dimensión desconocía y que obedeció órdenes de la Policía por considerarlos autoridad sin saber que era ilegal lo que estaban haciendo.

Por su parte, Mariano Rajoy declaró como testigo y negó conocer la Operación Kitchen. Su intervención era una de las más esperadas porque durante su Gobierno se produjo el dispositivo. Su declaración estuvo marcada por su insistencia en que no sabía nada de la operación que se estaba juzgando, pero sostuvo que era legal. “Estoy totalmente seguro de que se adecuó a la legalidad”, concluyó el expresidente del Gobierno que dijo que no había interés del partido en saber qué guardaba Bárcenas porque sus pertenencias estuvieron meses en la sede de Génova: “La vida del señor Bárcenas desde que dejé de tener relación con él, no me interesa”, zanjó.

¿Será investigada Cospedal?

María Dolores de Cospedal también declaró como testigo y reconoció su relación con Villarejo, aunque negó que le hubiera pedido favores. La exsecretaria general del PP explicó que le hacía “preguntas, pero no encargos”. Su declaración adquirió especial relevancia por las grabaciones del propio Villarejo. En una de ellas aparece hablando sobre la “libretita” de Bárcenas y afirmando que “sería mejor poderlo parar”.

El PSOE intentó in extremis imputar a Cospedal por estas grabaciones, pero la presidenta de la Sala Teresa Palacios lo evitó porque dijo que se salía del objeto de la investigación del caso. Si bien, en julio, el juez Antonio Piña ordenó investigar si entre el material intervenido a Villarejo existen “indicios de criminalidad” en las conversaciones mantenidas con Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Por lo que estas grabaciones podrían seguir teniendo recorrido penal más allá de la sentencia Kitchen.