La trama que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero trató de influir en la causa judicial en la que se investigaba desde abril de 2021 el rescate público de 53 millones de Plus Ultra y que finalmente fue archivada en enero de 2023. Una causa que se dirigía contra el Consejo Gestor de la SEPI que otorgó y supervisó la ayuda, pero que también apuntaba a la aerolínea, y en la que la Fiscalía mantuvo una posición favorable al rescate y a la empresa.
El auto del juez José Luis Calama recoge indicios en este sentido que involucran a José Ángel Partearroyo, el directivo de la SEPI que facilitó la ayuda. Y así se desprende del informe de la UDEF en la causa, al que ha tenido acceso Artículo14. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha volcado conversaciones en las que se recoge cómo el entonces dueño de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes, dio instrucciones para intentar cerrar la causa que instruía la jueza Esperanza Collazos, del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.
“Cortar” la investigación judicial
En este sentido, el 29 de abril de 2021 Reyes ordenó a sus principales colaboradores que había “que cortar” las pesquisas judiciales y que debían tener al corriente a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y recurrir a la influencia del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal, pagador y número dos de Zapatero en la trama.
Algunos de los investigados destacaron que “la instrucción es muy importante” y que había que “hablar” inmediatamente con Martínez Sola y montar lo que denominaron un “Kitchen Gabinet” porque “la fiscal jefe es amiga”.
La UDEF concluye que ésta y otras conversaciones “refuerzan y complementan, evidenciándose nuevos indicios del ejercicio de las influencias y de las irregularidades detectadas para obtener la ayuda de 53 millones otorgada a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A.”.
La fiscal, premiada
La fiscal encargada del caso era Mª Luisa Llop Esteban. Fiscal desde 1997 y juez en excedencia desde 1998, estaba entonces destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde desempeñó la especialidad de delitos económicos durante 11 años.
En enero de 2024 fue destacada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el 8 de octubre de 2024 fue nombrada fiscal del citado organismo por el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Su hombre en la SEPI, “muy contento”
El 15.11.2021 en el chat grupal, Julio Martínez Sola dice que le ha llamado José Ángel Partearroyo “muy contento, que las alegaciones ya están en el Juzgado, que la Fiscalía pide el sobreseimiento y que saquen una nota de prensa al respecto”, según recoge el auto. Una llamada que se produjo más de ocho meses después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la ayuda el 9 de marzo de 2021.
El juez también señala cómo la aerolínea tuvo acceso a información privilegiada y supo que se le concedía el rescate antes de que se aprobara. El 02.03.2021 Julio Martínez Sola envía a Rodolfo Reyes la imagen de la conversación con Partearroyo, y Rodolfo se felicita.
Ese mismo día, en una conversación mantenida en el chat grupal denominado “PU”, envían una fotografía tomada en una terraza de un restaurante, en la que participan Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Julio Martínez Martínez, manifestando este último, en relación con los gastos de la comida, que “SEPI no aprueba esos gastos”, a lo que Roberto Roselli contesta: Tranquilo eso sale del 1%”. Julio Martínez Martínez concluye diciendo: “Entonces, aprobado”. Esta manifestación guarda perfecta correlación con el contrato suscrito entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica, esta última sociedad de Julio Martínez Martínez, por el que, si se lograse el otorgamiento la ayuda pública, se percibiría el 1% más IVA del importe ¿e esta, a través de su sociedad, apunta el auto. El informe de la UDEF recoge una foto de esta comida con ostras y champán.
Archivo y nuevas pesquisas internacionales
El 5 de enero de 2023 la jueza archivó la causa por habérsele pasado un plazo. En el auto, advirtió de que los miembros el Consejo Gestor de la SEPI “carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”, y apuntó por lo tanto al Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar en el otoño de 2024 presunto lavado de dinero en el rescate de Plus Ultra en una causa que se centró en empresarios venezolanos, peruanos y un suizo a instancias de unas denuncias de las Fiscalías de Suiza y Francia.
El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 se descartó en noviembre de 2024 por motivos personales, y su sustituto, Calama, del Juzgado nº4, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
En aquella fechas se registraron inmuebles en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales y tras la denuncia del Ministerio Público español contra los empresarios nacidos en Perú Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter; los venezolanos Danilo Diazgranados y Gabriela Puente Garaboa, y un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, que formarían una trama que según Anticorrupción tendría entre sus clientes al exviceministro chavista Nervis Villalobos. Algunos de ellos fueron detenidos y declararon en Suiza y Francia. Pero estas actuaciones secretas realizadas en el otoño de 2024 en España no trascendieron.
En un momento indeterminado del otoño de 2025, la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid asumió este proceso, que declaró secreto el pasado 11 de noviembre, y abrió una pieza separada, lo que saltó a la luz el 11 de diciembre cuando registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez.
La causa de la SEPI
La apertura de la pieza separada plantea la reactivación de la causa sobre la concesión del rescate por la SEPI que instruyó Collazos y en la que estaban imputados dos secretarias de Estado, una subsecretaria, un secretario general, dos cargos de la SEPI, y Plus Ultra y que se ha dado por definitivamente archivada. El auto de la jueza de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios, aunque algunas fuentes creen sin embargo que el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento del plazo para investigar impediría que se pueda reabrir.
Llegada a la Audiencia Nacional
El juez Calama de la Audiencia Nacional aceptó en un auto del pasado 3 de marzo llevar una causa que había rechazado en noviembre de 2024 y que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea e investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos de programas CLAP para alimentar a la población y de oro de Venezuela en varios países y a través de cuentas y sociedades en Panamá y Emiratos Árabes.
El auto de prórroga reveló que las Diligencias Previas 77/2024 investigan ya los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, “delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja. La estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida”, blande. Este martes, el juez ha levantado el secreto e imputado a Zapatero, además de ordenar varios registros.
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