En la investigación judicial del caso Leire Díez los investigadores de la UCO han solicitado la recopilación de información bancaria y tributaria del PSOE y del PSC correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, periodo en el que, según las sospechas que maneja la causa, se habrían producido diversas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.
La solicitud figura en un oficio fechado el 1 de junio y remitido al magistrado encargado del procedimiento. En el documento, la UCO plantea una batería de diligencias centradas en el análisis de movimientos económicos y financieros que podrían resultar relevantes para esclarecer el funcionamiento de la presunta trama.
Entre las medidas solicitadas destaca la petición a la Agencia Tributaria para que elabore un informe detallado sobre ambas formaciones políticas. Los agentes reclaman información relativa a cuentas bancarias, titulares y personas autorizadas, así como datos sobre operaciones en efectivo, bienes muebles e inmuebles y posibles vínculos societarios.
Además, la Guardia Civil solicita que varias entidades financieras faciliten directamente a la Policía Judicial toda la documentación disponible sobre movimientos, saldos y operativa de las cuentas bancarias identificadas en la investigación. Esta petición afecta a registros existentes en entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell.
El seguimiento del dinero
La UCO justifica estas diligencias por la dimensión económica de los hechos investigados. En el oficio remitido al juzgado, los agentes argumentan que consideran necesario profundizar en determinadas operaciones comerciales y financieras para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si guardan relación con las actividades objeto de la investigación.
La Guardia Civil también ha solicitado información económica de varias personas y sociedades que aparecen mencionadas en el sumario. Entre ellas figuran el consultor Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, así como empresas vinculadas a la investigación, entre ellas Zaño Sociedad Consultores, el despacho profesional de Oliver y el grupo empresarial relacionado con el medio digital Crónica Libre.
Uno de los aspectos que centran el interés de los investigadores son varios pagos que, según la documentación incorporada a la causa, habrían sido realizados a favor de Leire Díez. La UCO pretende reconstruir con precisión el origen de esos fondos, el modo en que fueron canalizados y el recorrido seguido hasta llegar a su destinataria.
La pista de los contratos publicitarios
Otra de las líneas de trabajo abiertas por los agentes se dirige hacia Grupo IKI, una agencia de medios y publicidad cuya actividad aparece reflejada en documentación localizada durante un requerimiento efectuado en la sede socialista de la calle Ferraz. El hallazgo de una orden de encargo vinculada a esta empresa llevó a los investigadores a examinar con mayor detalle las relaciones económicas mantenidas con dicha agencia.
Según recoge el oficio, Grupo IKI efectuó pagos superiores a 18.000 euros al diario digital Crónica Libre, medio con el que estaba asociada Leire Díez. La Guardia Civil considera relevante que esos desembolsos se produjeran en fechas cercanas a otras operaciones publicitarias que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con el PSOE y el mismo medio de comunicación.
Los investigadores señalan que la coincidencia temporal y la similitud de las cantidades justifican un examen más profundo de estas operaciones. Entre las hipótesis que manejan figura la posibilidad de que la agencia hubiera desempeñado algún papel en el circuito económico que tratan de reconstruir, aunque la propia investigación busca ahora determinar si esa relación existió realmente.
Por ese motivo, la UCO solicita que las empresas integradas en Grupo IKI aporten toda la documentación relativa a sus relaciones comerciales con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025. La petición incluye contratos, facturas, justificantes de pago, informes sobre los trabajos realizados y cualquier otra información que permita conocer el alcance de los servicios prestados.
La misma exigencia documental se extiende a las relaciones mantenidas entre Grupo IKI y Crónica Libre. Con estas nuevas diligencias, la Guardia Civil pretende completar el análisis financiero del caso y esclarecer las conexiones económicas entre las personas, empresas y organizaciones que aparecen mencionadas en la investigación judicial.
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