Las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que son mayoría, se preparan para responder jurídicamente a los decretos de Vivienda del Gobierno, si es que alguno de ellos sale adelante este viernes en el Congreso. Entienden que las normas podrían invadir competencias autonómicas y aumentar la inseguridad jurídica, según avanzan avanzan las fuentes consultadas por Artículo14 en los distintos gobiernos.
Un paso que en público ya ha adelantado la Junta de Castilla y León. Mientras, desde la Comunidad Valenciana piden esperar al resultado de la votación, pero ya están “analizando” la posibilidad de la vía judicial. Misma idea trasladan desde las Islas Baleares, que apuntan a que las medidas planteadas por el Gobierno traerán más “inseguridad, menos oferta y precios más caros”.
En Aragón, por su parte, se encuentran ya “estudiando” las consecuencias jurídicas del decreto. En Galicia son más prudentes y piden esperar, pero tachan estos textos de “intervencionistas”. “Ningún propietario querrá poner su vivienda en el régimen de alquiler”, se quejan desde el equipo de Alfonso Rueda.
Pero no solo comunidades del PP estudian ya el detalle jurídico de los decretos. El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, también advirtió en Onda Cero que hay puntos “que se contradicen y hay cosas que pueden ser, en términos jurídicos preocupantes”.
El PP avanza una “ola de pleitos”
Para el principal partido de la oposición, los decretos del Gobierno no solucionarán el problema de la vivienda, sino que reducirán la oferta del alquiler y protegerán en exceso al arrendatario provocando incluso un aumento de la “inquiokupación”. Los populares aseguran que, debido a la publicación del decreto, en 24 horas hay hasta 4.000 pisos menos en los portales de vivienda.
Así, fuentes de la dirección nacional del partido advierten de una “ola de pleitos” entre los caseros y los inquilinos tanto si se aprueban como no los decretos. “Traerán confrontación, generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre arrendador e inquilino, además de fomentar la inquiokupación”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
Según vaticinan en Génova, en estos días, con decretos que han entrado en vigor y pueden decaer en pocas horas, muchos caseros podrían dar por finiquitados algunos contratos vigentes o los inquilinos podrían intentar blindar sus contratos de alquileres de forma indefinida gracias al segundo decreto que, aunque no se apruebe sí estará vigente durante unas horas. “Es una chapuza del Gobierno”, denuncian fuentes al más alto nivel en Génova.
Así, en el PP abogan por aumentar la oferta con la construcción de vivienda, piden aprobar una Ley del Suelo que permita liberalizar espacio, ya que actualmente el 97% del terreno español no es edificable, y proponen sacar adelante una ley anti ocupación para dar seguridad a los propietarios. Para los inquilinos, los populares proponen ayudas fiscales cuando se les suba el precio del arrendamiento y más parque público.
Como avanzó este periódico, en paralelo Feijóo también ha dado orden de presionar a Junts para que aseste un nuevo golpe al Gobierno en el Congreso de los Diputados y tumbe los dos decretos de vivienda que deben convalidarse hoy. “Junts no puede apoyar los decretos”, se reafirmaban el jueves, antes de conocer la decisión final de Carles Puigdemont.
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