“Las hijas de Zapatero podrían ser imputadas como cooperadoras necesarias de la trama”

El próximo 2 de junio, una imagen pasará a los anales de la democracia española: la comparecencia de un ex presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional para dar declaración ante el juez. José Luis Calama le imputa por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el “caso Plus Ultra”.

Una imputación que, según afirman fuentes jurídicas, podría no quedar personificada únicamente en Zapatero. Laura y Alba, las hijas del ex presidente del Gobierno, podrían ser llamadas a declarar en calidad de investigadas como “cooperadoras necesarias de la trama”. Un delito que, explican, puede tener la misma pena que el autor de la misma en caso de ser declarado culpable. Las dos descendientes del ex presidente, son propietarias de la empresa Whathefav, la agencia que fue registrada el pasado martes por agentes de la UDEF. Laura y Alba son administradoras formales, y según el auto de 85 páginas del juez Calama, dicha sociedad recibía cuantiosas cantidades de dinero de Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagador de Zapatero. Whathefav, empresa de marketing y comunicación online, y presunta beneficiaria de la trama criminal, habría facturado más de medio millón de euros de las compañías satélite de la trama.

“Podrían ser imputadas en calidad de cooperadoras necesarias”

“Una cosa es que tu padre incaute dinero y te lo meta en la cuenta o te compre un coche, y tú seas partícipe a título lucrativo”, explican de manera coloquial. “Y otra cosa diferente es que tu padre te utilice de pantalla para sus negocios y seas consciente. Eso es pasar de partícipe a título lucrativo a cooperador necesario”. Una  de las modalidades de autoría, afirman, que podría tener la misma pena que el autor. “En función del nivel de la cooperación puede quedar en el plano de la complicidad, y tener una pena inferior, o en el de la autoría cuando la cooperación es necesaria, entonces la pena es más severa”.

Descartan las medidas cautelares

A dos semanas de que tenga lugar la comparecencia, Vox y Hazte Oír han solicitado medidas cautelares  urgentes para prohibir la salida de España a Zapatero por “riesgo de fuga”.

El juez Ignacio González Vera, en declaraciones a este medio, afirma que ve más factible que el juez proceda a exigir al ex presidente la entrega del pasaporte.

“El mismo día 2, cuando Zapatero se persone en la Audiencia Nacional, vendrán las acusaciones particulares”, explica, “que  en este momento  recae sobre la persona del fiscal”. Alejandro Luzón es el Fiscal Anticorrupción de la que parte toda la investigación, y no de Manos Limpias como afirman los socios del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La Fiscalía se querelló en 2024 contra seis personas, después de que Francia y Suiza alertaran de que el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros, aprobado en Consejo de Ministros por el Gobierno, pudo usarse para lavar dinero de Venezuela.

El riesgo de fuga, “altamente descartable”

Tanto González Vera, como las fuentes consultadas, contemplan que si el juez Calama hubiera advertido un alto riesgo de fuga o posibilidad de que el ex presidente eliminara las pruebas habría procedido ya. Y citan el caso del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ingresó en prisión provisional en noviembre de 2025, comunicada y sin fianza, ya que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, vio alto riesgo de fuga.  “Otra cosa es que se apruebe como medida menos gravosa la retirada del pasaporte. Ingresar en prisión tiene un componente muy simbólico“, argumenta González Vera.

¿Existen pruebas suficientes para demostrar el tráfico de influencias?

Además de que Zapatero sea una persona demasiado conocida y con arraigo en España como para darse a la fuga, afirman dichas fuentes jurídicas, descartan una destrucción de pruebas a día de hoy, después de que la UDF ya haya entrado en las oficinas de Zapatero. ElDebate publicó que Zapatero habría recibido un chivatazo días antes de que el juez hiciera pública su imputación, a través de un enviado del PSOE. “No me extrañaría que se le hubiera filtrado algo, a través del Ministerio del Interior, pero ha habido oportunidad de ocultar pruebas desde hace muchos meses”, explican.

“Para tirar adelante tampoco hace falta mucho más”, afirman las mismas fuentes. “La Agencia Americana que se encarga de investigar los crímenes organizados en EE UU  ha facilitado toda la información recibida sobre pinchazos telefónicos a gente en Venezuela, etc”, explican. “Es un material muy directo, y la investigación de la UDEF también ha sido exhaustiva en el análisis del entramado societario que se ha montado en el exterior. ”

El auto del juez Calama aporta mensajes de texto de directivos de Plus Ultra, que se refieren directamente a la comisión del 1% que habría recibido el ex presidente por sus gestiones a favor del rescate de la compañía aérea, o de la sociedad mercantil de Julio Martínez, al que llaman “lacayo” de Zapatero, a través de la que el ex presidente cobraría los favores.

“Si las declaraciones de los que sean llamados a declarar respecto a las conversaciones mantenidas a través del teléfono  son satisfactorias, entonces  no tendrán peso, pero si no lo son, pueden evidenciar que se estaba llevando a cabo el delito de tráfico de influencias”, afirma González Vera. “Hay que confrontar los mensajes con los testimonios de los que intervienen“.

Un proceso largo y de gran durabilidad

La duración de este proceso judicial será largo, afirman, lo que implica que pueda sobrepasar en el tiempo a las elecciones generales de 2027. A diferencia del juicio de Ábalos, que se desarrolló en el Tribunal Supremo, en este momento inicial del proceso la competencia es de la Audiencia Nacional. Lo que no descartan es que pueda derivarse al TS si la investigación lo requiere. “¿Es posible que haya un influyente, en un caso de tráfico de influencias, sin un influido?”, se preguntan. “Si el ex presidente estaba influyendo para que se tomaran decisiones, es porque otros estaban dejándose influir. Y eso también es delito“, afirman, refiriéndose a los posibles miembros del Ejecutivo implicados en el caso. El auto del juez Calama apunta  a que el ex ministro de Inclusión Social y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y actual gobernador del Banco de España, perdonó una deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social para que la compañía fuera rescatada.  “¿Están con Zapatero o están con ellos mismos?”