“Zapatero-Nervis. Ramírez dispuesto a declarar que la operación fue limpia. Quieren que saquen a su hermano”. Es una anotación en una de las agendas de Leire Díez que se encuentra en la página del 28 de enero de 2025. El exviceministro de Chávez Nervis Villalobos, que aparece en el sumario de las cloacas del PSOE como un presunto cliente o integrante de la trama, vuelve a salir en las notas de la exmilitante socialista y lo hace de nuevo vinculado al expresidente, con el que quería reunirse.
En la primera agenda que se conoció cuando se abrió el sumario se recoge que el 27 de noviembre de 2024 se habría producido una reunión de Zapatero con Villalobos y el 2 de diciembre de 2024 Díez anota “peticiones ZP/Nervis” y “comida Ismael”, todo indica que en alusión a Ismael Oliver, abogado de Villalobos, ahora imputado.
Dos nuevos nombres
Díez cita en esta última entrada dos nuevos nombres: Ramírez y su hermano, en lo que parece aludir a Rafael Ramírez, el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y a uno de sus hermanos, Reinaldo Luis o Fidel, ambos médicos y vinculados a casos de blanqueo y uso de sociedades pantalla y offshore. En 2018, la justicia de Andorra involucró a este último en la trama que desvió fondos por 2.000 millones de dólares de PDVSA y que cobró comisiones a empresas, sobre todo chinas, por contratos con la estatal entre los años 2007 y 2012.
Rafael Ramírez, que reside en Roma, es uno de los cinco testigos directos que dieron fe de que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro y participaciones petrolíferas en Venezuela, y uno de los que sigue vivo y no ha estado preso. Ramírez, que ha cifrado el expolio en Venezuela durante los 10 años que estuvo al frente de PDVSA en unos 700 mil millones de dólares, advirtió de estas posesiones mineras y petrolíferas de Zapatero en entrevistas y tuits en 2017 y 2018. El pasado octubre, se desdijo en una entrevista con Libertad Digital.
Proceso contra Duro Felguera
Todo indica que la entrada de Díez se refiere al proceso contra la excúpula de Duro Felguera, Villalobos y el también exviceministro venezolano Javier Alvarado y las respectivas mujeres de los dos últimos por presunto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela, cuyo juicio se va celebrar los próximos 19, 20, 21 y 22 de octubre en la Audiencia Nacional.
En el contexto de una misión económica del Gobierno de Zapatero, el grupo asturiano logró el 4 de mayo de 2009 el mayor contrato de su historia, de más de 1.500 millones. El proyecto luego sufrió impagos y ahora mismo el abastecimiento que proporciona a Caracas es muy limitado.
Ramírez no está imputado en la causa pero es persona de interés. Según Anticorrupción, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
A tenor del Ministerio Público, UTE Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos”, para que se favorecieran sus intereses.
Pagos a Villalobos
A través de esos contratos, Juan Carlos Torres Inclán y el entonces consejero delegado Ángel Antonio del Valle habrían decidido entregar cantidades de dinero “hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares”, a Villalobos mediante sociedades interpuestas, según la Fiscalía
Para Villalobos, salpicado por el caso Banco de Madrid y Banca Privada de Andorra, la Fiscalía pide ocho años y nueve meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros. Detenido por la UCO en 2017 e investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales de PDVSA, junto a su pareja, Milagros Coromoto Torres, en marzo de 2021, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza negó el permiso de residencia a Villalobos y su familia, por considerarlo una “amenaza para la seguridad pública y un riesgo para la reputación de la Nación”. Una orden del Gobierno suizo del pasado 5 de enero bloqueó sus cuentas y las de su hijos María Isabel Villalobos Oroño y Nervis Alejandro Villalobos en la lista de 37 jerarcas del régimen en Venezuela con cuentas corrientes que reúnen hasta 10.000 millones de dólares.
El rastro del oro de Zapatero
Al menos cinco testigos directos han dado fe de que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, y tres, contratos fraudulentos con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Desde 2017 lo venían haciendo. Cuando sonó con fuerza en 2021, preguntado a bocajarro por los medios en el 16 de octubre de ese año en el 40º Congreso Federal del PSOE, Zapatero respondió que era “surrealista”. Pues bien, documentos de la UDEF en el sumario de Plus Ultra muestran no sólo que participaba de negocios de oro en Venezuela, sino que lo hizo con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro que Estados Unidos acaba de deportar por segunda vez. Lo que se añade a la operativa de compraventa de petróleo con Delcy Rodríguez que incluye el juez en el auto.
El rastro del oro que lleva a Zapatero lo siguieron en primer lugar las Fiscalías suiza y francesa. Esta segunda, en su Orden Europea de Investigación (OEI) remitida por Francia en julio de 2024, ya apunta una operativa de transferencias de oro de Venezuela a Dubái, en la que participan algunos de los imputados originales en la causa por blanqueo del rescate de Plus Ultra, empresarios venezolanos y peruanos, y que conduce a Julio Martínez Martínez, testaferro y número dos del expresidente español.
Rafael Ramírez acusó el 15 de octubre de 2018 en El Noticiero Digital y en X a Zapatero de recibir contratos de la petrolera venezolana en la Faja petrolífera del Orinoco: “Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja, de allí viene su apego a la democracia y el diálogo”. Pocos meses más tarde, Juan Carlos Márquez, ex director ejecutivo de la empresa estatal que se encontraba en España, trasladó a la Fiscalía y a la UDEF de la Policía, que estaba dispuesto a hablar
Pero apareció muerto en su oficina de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el domingo 21 de julio de 2019, tan solo dos días después de haber declarado ante el juez. Al día siguiente tenía una nueva citación en la Audiencia Nacional.
El informe preliminar de la autopsia apuntó a un suicidio. Sin embargo, fuentes militares venezolanas y al menos un agente europeo de inteligencia, según El Confidencial, sostienen que fue asesinado: “No se suicidó. Lo mataron. Márquez era quien estructuraba legalmente las operaciones turbias dentro de PDVSA bajo el mando de Rafael Ramírez”.
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