La ley de Nietos ha sumido al PP en una gran inquietud a causa del efecto electoral sobre el incremento del censo electoral y sus consecuencias ante la nacionalización de 2,5 millones de personas por ser descendientes de la Guerra Civil y el franquismo.
En la misma semana
Alberto Núñez Feijóo ha pasado de asegurar que el Gobierno busca “fabricar votantes” a través de la Ley de nietos que da la nacionalidad a descendientes de españoles a modular su discurso y afirmar que los nietos que acrediten el parentesco tengan derecho a la nacionalidad española. En la misma semana.
Todo a la vez que en su propio partido hay sectores que han marcado perfil propio, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Pedro Sánchez de “fabricar votantes socialistas”. Incluso ha generado sospechas sobre los cónsules y ha pedido “observadores” durante el proceso de nacionalización. En un paso más allá, Vox, el socio de gobierno del PP en varias comunidades, acusa al Gobierno de “pucherazo” y de buscar “amañar” las próximas elecciones generales.
En Génova no se sigue esa línea dura, pero sí se siembra la duda sobre el proceso que se lleva a cabo para nacionalizar a los nietos. Después de que Feijóo acusara al Gobierno de “ingeniería electoral”, ahora el PP ha tratado de modular su discurso pidiendo garantías sobre el proceso. De hecho, se cuestionan las “prisas” para ejecutar la nacionalización. Esto es, las formas, pero no las formas. Porque el PP defiende la nacionalización de los nietos. Lo que quiere es que se regule en una norma distinta a la Ley de Memoria Democrática, con un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y con garantías.
Así lo ha dejado claro Alberto Núñez Feijóo este jueves en una mesa redonda desde Santander: “Estamos de acuerdo en que un nieto donde hay una trazabilidad de parentesco clarísima, documentada e indubitada pueda tener derecho a la nacionalidad española”, ha asegurado.
Feijóo ha avisado que otorgar la nacionalización supone dar a esa persona la “tarjeta sanitaria”, “el cheque educativo” y tener “derecho a una pensión no contributiva”. “Es darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas”, ha manifestado.
A renglón seguido, ha expresado sus dudas: “Ahora bien, cuando esto no se hace de acuerdo con la ley ni se hace de forma transparente y limpia ni con memoria económica, hemos de decir ‘así no’”. “No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad española. Lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala en el que con nocturnidad y alevosía”, ha avisado.
De ahí que el PP haya registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para aclarar todas las dudas que tienen. Reclaman al Gobierno información para conocer cómo funcionan los registros consulares civiles, el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, o un informe sobre la externalización que el Gobierno ha llevado a cabo para las labores de apoyo en los consulados. Además reclaman la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
Lo cierto es que el PP, que siembra dudas ahora en las formas del Gobierno para llevar a cabo la nacionalización, en su momento no lo hicieron. Durante la tramitación de la ley de Memoria Democrática en el Congreso en el año 2022, los populares no pusieron el foco en la disposición adicional octava que permite estas nacionalizaciones. De hecho, no impidieron su tramitación. Esta disposición, es la ley de nietos, que es la que permitió entre 2022 y 2025 solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español.
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