Desde finales de agosto, la ciudad autónoma de Ceuta vive una escalada de violencia contra los militares que patrullan su perímetro fronterizo. Piedras, botellas con líquido corrosivo, cócteles molotov, sprays de pimienta, cuchillos. El arsenal improvisado con el que inmigrantes llegados a la ciudad autónoma han atacado a efectivos españoles dibuja un mapa de agresiones que, según denuncia la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), no ha merecido hasta ahora una respuesta institucional a la altura del riesgo que corren estos hombres y mujeres uniformados.
Según la cronología que ha elaborado la ATME, se desprende que los militares sufren al menos una agresión cada dos días. Una media que, aclaran, responde a una recopilación de hechos recogidos por la propia Asociación, ya que no hay registrada una cifra institucional.
El primer episodio grave se registró el 27 de agosto. Una patrulla de cuatro militares fue emboscada y apedreada en la zona de Benzú, y sus integrantes resultaron heridos. Al día siguiente, un sindicato policial denunció el lanzamiento de un artefacto incendiario tipo cóctel molotov contra otra patrulla militar. La violencia, lejos de amainar, se intensificó.
El 29 de agosto, durante una identificación rutinaria a un grupo de inmigrantes en estado de embriaguez, uno de ellos empujó a un militar, que cayó sobre unas rocas. El resultado: fractura de peroné y lesiones en un hombro que requirieron asistencia médica urgente. Un día después, la Guardia Civil detuvo a tres ciudadanos marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo contra efectivos en San Amaro, una imagen que anticipaba lo que vendría.
Septiembre no trajo tregua. El día 3, un inmigrante intentó apuñalar a un soldado del Grupo de Regulares, mientras otro fue detenido tras apedrear a militares que le habían sorprendido asaltando una vivienda. El 5, nueva pedrada contra una patrulla en la playa del Trampolín, cerca de Benzú. El 6, un militar de Regulares sufrió una luxación de codo al intentar identificar a un inmigrante irregular junto a la Comandancia de la Guardia Civil. El 7, un legionario fue rociado con spray de pimienta durante su patrulla en la zona del Príncipe. El 8, otro ataque con arma blanca contra un militar, de nuevo en el Trampolín.
Seis heridos ingresados
El punto álgido llegó el 9 de septiembre, cuando una patrulla intervino tras el robo de un bolso a la salida de un supermercado. Uno de los agresores arremetió a patadas contra un militar, que sufrió una dislocación de rodilla. Los autores huyeron sin ser identificados. Días después, el 16, otra patrulla fue objeto de amenazas por parte de varios migrantes, lo que obligó a alertar a la Policía Nacional, que detuvo a tres de ellos. El último incidente documentado data del 20 de septiembre: un migrante amenazó de muerte con un cuchillo a varios militares de madrugada y se resistió a su detención, un episodio que terminó con cargos por atentado, amenazas graves, lesiones en grado de tentativa y resistencia a los agentes.
El balance, según la propia ATME, arroja ya seis heridos hospitalizados, fruto de los incidentes del 27 y 29 de agosto y del 9 de septiembre. Una cifra que la asociación considera provisional, porque —advierten— no existe todavía una relación oficial y pública de los ataques sufridos por los militares desplegados en la ciudad autónoma. Toda la información disponible procede de comunicaciones directas de los propios afectados y de noticias publicadas por distintos medios.
Detrás de cada fecha hay un nombre sin difundir, una familia en vilo y un uniforme que, en la frontera sur de Europa, se ha convertido en blanco de una violencia que los propios militares denuncian como cada vez más frecuente y más grave.
Por este motivo, el pasado día 16 de este mes, militares y ceutíes se manifestaron en las calles de la ciudad para ser reconocidos agentes de la autoridad y como profesión de riesgo.
Miedo a las consecuencias jurídicas
Pero, según esta fuente, el problema que más inquieta a los militares no es el material, sino el jurídico, un aspecto que rara vez se aborda públicamente. “Hay un aspecto que nos preocupa muchísimo, y no te hablaban ellos: el aspecto legal”, advierten. El temor tiene precedentes concretos: “Ya ha habido denuncias en anteriores saltos masivos, donde luego los militares les han denunciado por críticas como estas: usted no hizo, usted no dio auxilio a una persona que se estaba ahogando, usted no le ayudó, usted le pegó, usted le agarró…”. Esa experiencia previa ha dejado una huella de desconfianza entre la tropa. “Nuestros militares tienen miedo por unas consecuencias legales que luego uno dice ‘oiga yo cumplía órdenes”, señala la fuente, en referencia a la posición de vulnerabilidad en la que quedan los efectivos cuando sus actuaciones sobre el terreno son cuestionadas después, pese a haber actuado siguiendo instrucciones superiores.
Fotos sin pruebas
Los efectivos allí destinados denuncian, además, la publicación de unas imágenes, difundidas en algunos medios, en las que los inmigrantes aparecen con heridas a causa de golpes. “Si existieran conductas constitutivas de infracción disciplinaria o delito, estas deberían ser investigadas con el máximo rigor y, en caso de acreditarse, sancionadas conforme a la legalidad vigente”, afirman desde ATME. Sin embargo, resulta igualmente llamativo que, en una época en la que prácticamente cualquier incidente puede ser grabado y difundido de forma inmediata mediante teléfonos móviles, no hayan trascendido públicamente imágenes o vídeos que acrediten de manera directa la participación de militares en las presuntas agresiones denunciadas. Hasta el momento, las informaciones conocidas se sustentan fundamentalmente en testimonios, declaraciones y fotografías de lesiones posteriores a los hechos.
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